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Según la Procuradora brasileña: "Las empresas estatales que contratan a Proseguir también son víctimas"

La Fiscalía General de Brasil está solicitando una multa de USD 5 millones contra Prosegur por 1.768 violaciones laborales en el estado de Río Grande do Norte. Las irregularidades se centran en las horas de trabajo excesivas en el estado, que no cumplen con la ley brasileña. Las autoridades han ordenado a Prosegur que ajuste sus turnos a las exigencias legales, y emitió una multa condicional de US $ 6.600 por día si no se cumple la orden judicial.

Según la Fiscalía General, uno de los empleados de Prosegur trabajó 18 días seguidos incluido un turno de 18 horas. Había una cantidad excesiva de horas extra requeridas por Prosegur, períodos de descanso insuficientes entre dos turnos, un día de descanso no remunerado tras seis días consecutivos de trabajo y recesos para comer y períodos de descanso de menos de una hora.

La Procuradora del Trabajo que ejerció la acción contra Prosegur, Ilena Neiva, dijo, "el alarmante número de incidentes revela una falta de respeto a la legislación laboral, la salud, la seguridad y la vida de los trabajadores, sobre todo cuando se trata de la actividad que los guardias de seguridad, que es naturalmente peligrosa".

Prosegur también fue condenada por no tener un comité de salud y seguridad, en conformidad con la ley brasileña, y no llevar a cabo exámenes médicos para sus trabajadores, a pesar de que algunos empleados habían estado de baja por enfermedad debido a los trastornos mentales causados por el estrés laboral.

La cláusula laboral que regula las horas de trabajo en la seguridad privada en el estado de Río Grande do Norte estipula que los empleados que trabajan 12 horas en un día, seguidamente deberán tener 36 horas de descanso después de cada turno, algo que no se está aplicando a los trabajadores de Prosegur.

La Procuradora de la Fiscalía General considera que los clientes también son "víctimas" de Prosegur. "En lugar de descansar, el empleado trabajó más, sin ningún control de los organismos públicos y de las empresas que contratan el servicio, y que también son víctimas, ya que reciben un guardia de seguridad cansado, incapaz de proteger su capital”.