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El Comité Ejecutivo de UNI América expresa su preocupación por la situación existente en Argentina, donde el nuevo gobierno está llevando adelante una agresiva política de desigualdad social, favoreciendo a los grupos más ricos del país y a los fondos buitre, y empobreciendo al resto de la población. En pocos meses fueron emitidos decenas de decretos de necesidad y urgencia, a través de los cuales se derogaron leyes dictadas por los representantes del pueblo, entre ellas las que establecían principios equitativos y solidarios para el tratamiento de la deuda externa y la ley de medios sancionada como resultado de un amplio debate público para establecer un sistema de medios de comunicación democrático y no monopólico.

En los primeros cien días de gobierno se despidió a decenas de miles de trabajadores y trabajadoras estatales, violando sus más elementales derechos a una mínima estabilidad laboral y utilizando argumentos discriminadores y ofensivos. Se produjeron tarifazos en los servicios públicos, que redujeron brutalmente el poder adquisitivo de los salarios para las familias trabajadoras, con una caída del 10% solamente para los dos primeros meses. La Universidad Católica Argentina informó que, según sus cálculos, en el primer trimestre de 2016 un millón seiscientas mil personas cayeron debajo de la línea de pobreza y 350 mil personas más cayeron en la indigencia. Se eliminó también el régimen jubilatorio establecido para personas mayores de edad que habían sido mantenidas “en negro” por sus empleadores. Se redujeron fuertemente los impuestos que pagaban las empresas exportadoras de granos y las grandes empresas mineras, mientras que simultáneamente se aumentó la cantidad de trabajadores que deben pagar impuesto a las ganancias. El gobierno nacional favoreció discrecionalmente a la Ciudad de Buenos Aires, la más rica del país, en perjuicio de las demás provincias, usando los fondos públicos para forzar a las provincias a apoyar sus decretos y proyectos de ley.

La caída del consumo producida por el aumento de la pobreza y la reducción del salario real produjo a su vez la destrucción de decenas de miles de puestos de trabajo, aumentando bruscamente la desocupación. La Unión Industrial Argentina (UIA) anunció que podrían destruirse entre cien mil y doscientos mil puestos de trabajo, a los que deben sumarse los al menos doscientos cincuenta mil jóvenes que ingresarán este año al mercado y no encontrarán empleo. Entre las personas despedidas del sector público, los despidos ya realizados y los anunciados por las empresas, y los jóvenes ingresantes al mercado de trabajo, la cantidad de nuevos desocupados podría superar con comodidad las 500 mil personas, equivalente a una suba de dos puntos y medio del índice de desocupación.

El nuevo gobierno desmanteló las áreas del Estado que tenían como función investigar y evitar las fugas de capital y el lavado de dinero, designando al frente de las mismas a los abogados defensores de las empresas acusadas nacional e internacionalmente de lavado. El escándalo mundial de los Papeles de Panamá sacó a la luz que el presidente Macri es uno de los cinco jefes de Estado que aparecen con empresas fantasmas en los paraísos fiscales. Además del Presidente en la lista han aparecido algunos de sus principales socios, funcionarios y familiares, a la vez que tanto el ministro de Economía como el presidente del Banco Central se encuentran comprometidos en causas de fuga de capitales, y en el caso del último de ellos procesado por la Corte Suprema.

Los grandes medios de comunicación monopólicos están blindando al gobierno, ocultando informaciones relevantes para los ciudadanos. Conflictos como el de la Asociación Bancaria, con acampes frente al banco y manifestaciones de protesta, que se prolongan ya casi por dos meses, han recibido una atención mínima de parte de los grandes medios hegemónicos. El escándalo por los Papeles de Panamá ha desaparecido de los portales de los principales medios, pese a que el Presidente está siendo investigado. 

El Comité Ejecutivo de UNI Américas expresa su apoyo a la Asociación Bancaria y a su lucha contra el despido arbitrario de trabajadores y trabajadoras del Banco Central, se solidariza con el movimiento sindical y señala su satisfacción por los pasos que las distintas centrales están dando en la búsqueda de unidad de acción frente a la grave situación por la que está atravesando el pueblo argentino.

UNI Américas seguirá con atención la situación social e institucional de Argentina, exigiendo a los organismos nacionales e internacionales competentes que se anulen las medidas tomadas en perjuicio de los derechos laborales y las garantías democráticas, a la vez de que se investigue hasta las últimas consecuencias la eventual comisión de delitos por parte de los funcionarios involucrados en los hechos mencionados.