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En una sociedad tan reactiva al sindicalismo como la colombiana, no extraña una tendencia que viene haciendo carrera en no pocas empresas: resolver las diferencias y conflictos laborales en los estrados judiciales, antes que en una mesa de negociaciones.

La judicialización es una de las estrategias que ha adoptado el empresariado para contener la actividad sindical la cual, luego de 27 años de continuo decrecimiento, a partir de 2010 invirtió la tendencia y empezó una dinámica de crecimiento, pequeño pero importante. Hoy tenemos 150 mil nuevos sindicalizados, y en sectores económicos donde antes no había sindicatos. Igual dinámica ha tenido la protesta y la movilización de los trabajadores por sus derechos, que hoy es cuatro veces mayor que hace diez años.

La “guerra jurídica” consiste en poner contra las cuerdas a los sindicatos y los trabajadores plagándolos de procesos disciplinarios y denuncias ante la Fiscalía y los juzgados, abusando no pocas veces de las normas del derecho y el Código Sustantivo del Trabajo. Tanto es así que la mayoría de esas demandas las pierden las empresas, pero no les importa porque con su andanada de denuncias y procesos logran lo que buscan: bloquear y desgastar a los sindicatos.

Y es grave porque la judicialización despolitiza el conflicto y, por tanto, bloquea la posibilidad de transformación y mejora en las relaciones laborales. Acudir a un juzgado debería ser la última instancia en el trámite de un conflicto cuando éste no tiene otra salida, y más en el plano laboral, donde por fuerza los trabajadores y las empresas deben resolver sus problemas porque ambos se necesitan.

Pero las empresas recurren a la judicialización como primera instancia, no quieren entender que las relaciones laborales se deben basar en la negociación colectiva y no en la coerción jurídica. Sin embargo, en el mediano y largo plazo tal actitud se les devuelve, pues la “guerra jurídica” también les afecta, les genera incertidumbre, desgaste y gastos en contratación de abogados. Se les vuelve insostenible, empezando porque rompe la moral y el sentido de pertenencia de los trabajadores, ya que la judicialización también “deshumaniza”, empobrece la relación entre las partes y deteriora la dignidad de las personas.

Casos hay muchos. En Ecopetrol, para no ir más lejos, hay casi 500 trabajadores con procesos disciplinarios y 24 con procesos de levantamiento de fuero. Y se dan casos absurdos, como la demanda que una empresa le hizo a un sindicato por usar el logo de la misma en un volante. Pero tal vez el caso más extremo, y del que nos ocuparemos en esta crónica, es el de Prosegur, la multinacional española de seguridad privada y transporte de valores, donde las relaciones laborales están completamente judicializadas.

En Prosegur los conflictos no pasan por la mesa de negociación sino que se tramiten en Fiscalía, en los juzgados y en las citaciones a descargos. Y lo que es peor: en varios momentos la empresa, abiertamente, ofreció dinero a los trabajadores para que renunciaran a Sintravalores, el sindicato de base.

Pero así como Prosegur tiene su “rosario” de demandas y acciones contra Sintravalores, éste también tiene las suyas, y en mayor número incluso, porque le ha tocado defenderse en el mismo terreno. 

Según Fidel Hugo Alfonso, presidente de Sintravalores, son incontables las tutelas, demandas y procesos por reintegro o sanciones arbitrarias que el sindicato ha formulado. Más de cien, asegura. En cada una de las 18 sucursales donde el sindicato tiene afiliados, cada trabajador, por lo menos, tiene una querella contra la empresa ante el Ministerio de Trabajo.

La arremetida jurídica de Prosegur contra Sintravalores alcanzó su punto culminante, delirante si se quiere, con la demanda a tres directivos del sindicato por injuria y calumnia. A cada uno le exige una indemnización de ¡medio millón de dólares! 

Hasta ahora la “guerra jurídica” ha sido más favorable al sindicato. La empresa no le ha ganado la primera demanda, dice Fidel Hugo. Es más, en tres ocasiones la justicia ha librado orden de captura contra ejecutivos de la empresa por negarse a cumplir tutelas que ganó el sindicato.

Itinerario de la “guerra”

Sintravalores es un sindicato antiguo, en 2016 cumplirá 50 años de lucha. Se inició el mismo año que la compañía inglesa Thomas de la Rue se instaló en Colombia. En 1990 los ingleses vendieron y la empresa pasó a ser propiedad de la familia Bautista con el nombre de Thomas Gregory Sun. Hasta el 2007, cuando la adquirió la multinacional española Prosegur.

Y es ahí cuando el sindicato empieza a padecer, pues si bien en España y Europa esta multinacional se comporta como “buen ciudadano empresarial”, en Colombia y los 7 países de Sudamérica donde tiene presencia su comportamiento deja mucho que desear. Siempre está al borde de la ley, rosando incluso la ilegalidad, asegura Fidel Hugo Alfonso.

En un principio Prosegur Colombia intentó una buena relación con el sindicato, tanto que en 2007 negoció el pliego de peticiones y firmó la convención colectiva. Pero a regañadientes, pues no logró que de la convención saliera el artículo 5º, que consagra el contrato a término indefinido para todos los trabajadores. Quería la supresión de este artículo porque no le permitía “competir con el mercado”, es decir, le impedía tercerizar y precarizar a los trabajadores. Tan interesada estaba que llegó a ofrecerle al sindicato 2 millones de dólares por la renuncia al artículo, equivalente a $10 millones para cada beneficiario de la convención. Al sindicato tal propuesta le pareció “indecente” y no la aceptó. El artículo sigue invicto en la convención.

Entonces la empresa empezó a lanzar su artillería jurídica, el ir y venir de tutelas y demandas como sustituto del diálogo y la negociación, y como una forma de doblegar al sindicato. Y éste a defenderse con las mismas armas. El punto de quiebre se da cuando el sindicato gana la primera tutela pero el representante legal de la empresa se niega a cumplirla, por lo que el juez de tutela lo condenó a 3 días de arresto por desacato.

En 2009 Sintravalores volvió a presentar pliego, pero ya para entonces las relaciones estaban completamente deterioradas, tanto que la empresa no reconocía al sindicato. A éste le tocó entonces querellar ante el Ministerio de Trabajo por violación a la libertad sindical y al derecho de asociación.

Como resultado de esta querella la empresa tuvo que sentarse a negociar la convención. Pero su exigencia de eliminar el artículo 5º seguía siendo condición para avanzar en la negociación, por lo que ésta quedó en un punto muerto. Después de seis meses no hubo acuerdo, ni siquiera para firmar el acta de desacuerdo. Cada parte elaboró su propia acta. 

La empresa recurrió entonces a las actas individuales de conciliación, un procedimiento ilegal que fue avalado por el Ministerio de Trabajo, que fue lo peor. Pero como estas actas tuvieron poca acogida entre los trabajadores, impuso un pacto colectivo. Para Fidel Hugo fue una “desvergonzada imposición”, porque para lograrla le pagó $4 millones a cada trabajador que dejara el sindicato y adhiriera al pacto colectivo. De esa manera 400 trabajadores adhirieran al pacto y renunciaron a la convención; y sin posibilidades de arrepentimiento, porque si el trabajador volvía al sindicato esos $4 millones se los descontaban del salario en 6 contados.

Ante tal arremetida el sindicato convocó a asamblea para votar la huelga. Pero la empresa se adelantó y ese mismo día citó al personal a las 6 de la mañana e hizo su propia votación, en la que promovió el voto por tribunal de arbitramento. Lo grave fue que los inspectores del Ministerio de Trabajo no verificaron la asamblea que convocó el sindicato sino la que citó la empresa. Y ese fue otro motivo de querella ante el Ministerio, otra más. Según Fidel Hugo, por esa irregularidad, y por el asunto de las actas de conciliación, hay unos 50 inspectores en proceso de investigación.

Otras dos órdenes de arresto

La primera fue en 2013, por una acción de tutela que Prosegur dilató y terminó en desacato. Entonces el juez ordenó el arresto de su representante legal, que la policía no pudo cumplir porque éste se escondió. Se metió en el cofre de seguridad de uno de los carros blindados de la empresa para eludir a los agentes que lo fueron a buscar.

En 2014 el jefe de seguridad de Prosegur en Medellín hizo una denuncia contra el presidente de la seccional sindical, Ovidio Quiroz, a quien acusó de guerrillero y terrorista. El sindicato demandó tal acusación, pero la empresa contrademandó por injuria y calumnia y daño en bien ajeno a dos directivos sindicales de Medellín, y también involucró a Fidel Hugo como presidente del sindicato. Además a cada uno le pidió una indemnización por medio millón de pesos.

También en 2014 se da el caso de Teresita Rivera, una supervisora de la empresa en Pereira, a quien la administración le “buscó la caída” y la despidió por afilarse al sindicato. Como fue un despido ilegal, Teresita puso una tutela, que el juez falló a su favor y ordenó su reintegro. Pero la empresa no la reintegró, por lo que el juez ordenó 5 días de arresto para el gerente, por desacato. Pero ese arresto tampoco ocurrió porque el gerente se escondió, no se dejó capturar, pero sí se apresuró a reintegrar a Teresita.

Por todo eso la persecución antisindical de Prosegur Colombia tomó dimensión internacional. UNI Sindicato Global, del cual Sintravalores es filial, movió sus influencias y denunció el caso en España, en el Parlamento Europeo y la OIT.

“Eso le duele mucho a la empresa, así no lo reconozca, porque esas denuncias tienen efectos negativos y afectan las relaciones con sus clientes, y ante los organismos internacionales queda como mal ciudadano empresarial, que viola los derechos de los sindicalizados”, afirma Fidel Hugo.

Con todo, la lucha del sindicato por defender la contratación directa y evitar la tercerización en Prosegur ha sido infructuosa. En los últimos años esta multinacional compró empresas de vigilancia y transporte de valores nacionales, como Vimarco, Integra y Cosmos, la primera con 8 mil trabajadores, la segunda con 2 mil y la tercera con un poco menos. Pero todos ellos están tercerizados y precarizados, no devengan más de un salario mínimo.

En resumen: Prosegur en su empresa matriz en Colombia y en sus tres filiales tiene casi 12 mil trabajadores, la mayoría en el servicio de vigilancia, pero de ellos solo gozan de la convención colectiva los 150 que resisten en el sindicato, cuando hace siete años éstos eran 550. Una convención colectiva que además desde 2009 no se negocia ni actualiza porque la empresa se niega. “Y no solo eso, permanentemente la viola”, dice Fidel Hugo.

El último triunfo jurídico del sindicato fue la tutela que ganó por el derecho a la igualdad. El sindicato pidió que los 6 millones que la empresa pagó a cada trabajador para que se acogiera al Pacto Colectivo (4 millones en 2010 y 2 millones en 2013), también se les dieran a los sindicalizados. Un juez encontró justo este reclamo y falló a su favor.

Fuente: ENS