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9 de abril, “Día nacional de la memoria y la solidaridad con las víctimas”
Informe sobre más de 3 décadas de violencia antisindical en Antioquia, el departamento más victimizado
(Informe especial)

 

En virtud del Artículo 142 de la Ley 1448, el 9 de abril fue declarado como el “Día nacional de la memoria y la solidaridad con las víctimas”, y por tanto será un día de marchas, plantones, conversatorios, actos culturales, con el fin de rendir un homenaje a las víctimas por causa del conflicto armado en Colombia, y hacer un llamado al cumplimiento de sus derechos.  

 

Con motivo de esta fecha, la Agencia de Información preparó un reportaje sobre lo ocurrido en materia de violencia antisindical y las víctimas arrojadas por ésta en Antioquia, el departamento en el que más dirigentes y activistas sindicales han perdido la vida y han sido perseguidos por causa de su actividad sindical, política y social.  

 

Según el Sistema de Información de Derechos Humanos (Sinderh) de la Escuela Nacional Sindical, entre 1977 y 2014 hubo en el país 13.773 violaciones a la vida, la libertad y la integridad contra sindicalistas. De ellos, el 33,7% ocurrieron en Antioquia, seguido de Valle y Santander. Y más grave aún: de 3.065 sindicalistas asesinados en ese período, 1.404 ocurrieron en éste departamento, es decir el 45,8% del total.

 

En cuanto a la concentración de la violencia contra sindicalistas por municipios, Medellín concentra el 29,2% del total de las violaciones. Le siguen, en su orden, los municipios de Apartadó, Turbo, Chigorodó, Carepa, todos en la zona de Urabá. Así que en el Valle de Aburrá y Urabá se registró más de la mitad de las agresiones contra sindicalistas en Antioquia.

 

Respecto a los tipos de violencia, tenemos que el asesinato, la amenaza y el desplazamiento forzado con 1.404, 1.815 y 1.068 casos, respectivamente, concentran alrededor del 92,3% del total de las agresiones cometidas contra sindicalistas en este departamento.

 

En lo que concierne a la violencia contra las mujeres sindicalistas, en el periodo abordado el número de trabajadoras y dirigentes sindicalizadas que fueron víctimas de distintos hechos violatorios a su vida, libertad e integridad superó el promedio nacional. Mientras en el país el 22,8% de la violencia antisindical estuvo dirigida contra mujeres, la tasa para Antioquia fue del 28,0%. Esto es, de los 3.142 hechos de violencia ocurridos contra trabajadoras y dirigentes sindicalizadas en el país, 1.302 se concentraron en este departamento. Más grave aún resulta que de 283 mujeres sindicalistas asesinadas en el territorio nacional, 111 pertenecían a organizaciones sindicales antioqueñas, es decir el 39,2%.

 

Y en relación a los presuntos responsables y propiciadores de la violencia contra los sindicatos y sindicalistas, en primer lugar se ubican los paramilitares, que han recurrido a la violencia para eliminar obstáculos y ejercer el control sobre territorios y poblaciones. Le siguen, aunque en menor medida, los grupos de guerrillas, que desde su ideología señalan a los sindicalistas como traidores en casos en los que han concertado con el gobierno y los empresarios. Asimismo, el panorama de la violencia también lo oscureció la ofensiva de algunos empresarios, que vieron en el sindicalismo una amenaza para sus intereses.

 

Para hacer una radiografía más puntual y cronológica de la violencia antisindical en Antioquia, la investigación realizada por la ENS diferencia claramente cuatro períodos, a saber:

 

1979-1985: aumentan las agresiones

 

Es durante este período que se empiezan a presentar con regularidad las agresiones contra el sindicalismo en Antioquia.  El paro cívico nacional de 1977 le dio mayor visibilidad al movimiento sindical, lo cual repercutió en este departamento con un mayor número de amenazas y la implementación de mecanismos de persecución y violencia contra sindicatos y sindicalistas.

El país atravesaba una profunda crisis social y económica, con alzas sustanciales en el costo de vida (alimentación, transporte, educación). Las exigencias generales de la protesta obrera procuraban el aumento de salarios, estabilidad laboral, cumplimiento en las obligaciones laborales, reconocimiento de las organizaciones sindicales y el rechazo frente a las políticas represivas del gobierno. 

 

Incluso algunas problemáticas sociales que afectaban sectores amplios de la población en el Valle de Aburrá, entre ellas la prestación de los servicios públicos como consecuencia a constantes abusos por parte de las Empresas Públicas y la problemática del transporte urbano, motivaron la movilización del Consejo Sindical de Antioquia, conformado por Utran, Fedeta y la filial de la CGT. Tuvieron especial beligerancia los sectores sindicales afines al partido comunista, agrupados principalmente en Fedeta y el sindicalismo independiente.

 

El movimiento huelguístico y la protesta social rápidamente fueron contrarrestados por el gobierno de Turbay Ayala, que recurrió al Estado de Sitio que otorgaba a los militares autonomía en el manejo del orden público, y la implementación del Estatuto de Seguridad (1978-1982), que agudizó el tratamiento militar a la protesta social. En el país se institucionalizaron medidas que contemplaban arresto inconmutable de 30 a 180 días para quienes fomentaran, promovieran o estimularan ceses totales o parciales de actividades laborales.

 

Estas formas de tratamiento restrictivo de los derechos y las libertades sindicales fueron poco a poco articulándose con hechos de violencia concentrados en liderazgos sindicales destacados. Según Mauricio Archila, en este periodo el uso generalizado de violaciones a los derechos humanos socavó la institucionalidad y deslegitimó el gobierno[1].  

 

En el caso de Antioquia, se da inicio a una campaña de persecución focalizada en dirigentes sindicales que venían ejerciendo activismo, ubicados principalmente en Medellín y en las subregiones de Urabá y Magdalena Medio. En las dinámicas de las agresiones y su procedencia sobresalió la participación directa de organismos estatales vinculados al B2 de la Cuarta Brigada y el F2 de la policía. Lo acontecido con el Sindicato Unitario de Trabajadores de la Industria de la Construcción (Sutimac) en Puerto Nare es muestra de ello.

 

En el marco de esta dinámica proliferaron los hostigamientos, los allanamientos ilegales, las detenciones arbitrarias y los procesos disciplinarios contra dirigentes sindicales. Pero no fueron las únicas formas de violencia que a éstos aquejaron. También fueron víctimas de amenazas, agresiones contra su vida y su integridad física, secuestros, desapariciones forzadas, asesinatos y torturas. Aunque es notoria la participación de la fuerza pública como victimario, también lo fueron los paramilitares y la guerrilla.

 

A principios de los años 80 un nuevo actor: el paramilitarismo, que desató una ofensiva  que en periodos posteriores alcanzaría dimensiones escandalosas de victimización sindical. En 1983 “La Mano Negra” lanzó una amenaza colectiva contra 5 organizaciones gremiales y políticas, entre ellas la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida) y el Sindicato  de Trabajadores de Coltabaco, que se habían unido a un comité pro tarifas bajas de servicios públicos, y además venían denunciando la estrategia sistemática de los grupos paramilitares contra estudiantes y sindicalistas.

 

1986-1995: sembrar el terror para exterminar lo sindical

 

Durante éstos años la violencia política se agudiza en todo el departamento y empieza a cobrar la vida de centenares de habitantes, entre los que estaban dirigentes sindicales, líderes sociales y militantes de partidos políticos de izquierda, principalmente de la Unión Patriótica, que fueron aniquilados por la ofensiva del estado y por los grupos paramilitares que ya intensificaban su accionar en Antioquia.  

 

Durante éste período el Estado hizo anuncios de responder con mano dura ante paros y huelgas, de la misma manera prohibió las manifestaciones públicas y proliferaron los allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias y toda clase de violaciones a los derechos humanos de los sindicalistas. Lo anterior llevó a que en 1989 se produjera el menor número de huelgas y paros durante toda la década de los 80.

 

En total en este período se presentaron al menos 882 violaciones contra la vida, la libertad e integridad de sindicalistas en Antioquia, de las cuales 755 fueron asesinatos: el 85,6%, lo que evidencia la intención de acabar con las organizaciones obreras. De los sindicalistas a quienes les arrebataron la vida, 138 eran docentes afiliados a Adida y 504 trabajadores bananeros afiliados a Sintagro, Sintrababano y posteriormente a Sintrainagro, que surge en 1988 tras la fusión de Sintrabanano y Sintagro. En particular para Sutimac

subdirectiva Puerto Nare  fue un período oscuro. Entre 1986 y 1994 presenció el exterminio de más de 20 directivos y activistas del sindicato, borrando del mapa dos juntas directivas.

 

El incremento de la violencia y la guerra en toda la región afectó directamente a los sindicatos por ser juzgados como sectores de apoyo a la izquierda, y que los grupos de extrema derecha consideran como personas con conexión directa con la subversión. Excepto tal vez en Urabá en donde la mayoría del sindicato es visto por la guerrilla como aliado de los paramilitares[1].

 

1996–2005: la violencia antisindical expansiva

 

Durante este periodo la arremetida violenta contra el sindicalismo alcanza su máxima expresión, de la mano de la consolidación y expansión de la estructura paramilitar, que se propuso como objetivo central la aniquilación de todo lo que “oliera” a izquierda, organizaciones políticas y grupos armados ilegales[2].

 

El período comprendido entre 1994 y 1997 fue de un intenso trabajo organizativo interno para darle un perfil político y militar más definido a lo que hasta el momento eran diferentes grupos paramilitares dispersos en distintas regiones del país. Proceso de consolidación encabezado por Carlos Castaño que culminó con la creación, primero, de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) y luego con la conformación de una confederación nacional denominada Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)[3].

 

También se dieron algunos factores en el campo laboral y sindical que se articularon con la violencia antisindical, como lo fueron la implementación a sangre y fuego de reformas laborales, la ley 550 de 1999, la ley 789 de 2002, la Ley 617 de 2001, las cuales mediante reestructuraciones administrativas promovió más ganancias para los empresarios en detrimento de los derechos de los trabajadores.

 

Asimismo se implementaron figuras contractuales de tercerización laboral y el tratamiento hostil por parte del gobierno hacia lo sindical, que de una manera frontal señalaba al sindicalismo y otros actores como enemigos o colaboradores de la subversión[4]. Muestra de ello es el caso de Sintrasema Amagá, un sindicato acabado por medio de amenazas para así abrirle camino a la implementación de la Ley 617.

 

El impacto negativo de estas políticas sobre las relaciones laborales, sumado a las reestructuraciones administrativas, la oposición a la venta de empresas estatales y la presentación de contrapliegos, agitaron grandes movilizaciones obreras.

 

En ese momento la violencia antisindical revelaba unas dinámicas de  diversificación y expansión, donde múltiples agresiones inscritas en las lógicas de la contención, la intimidación y el exterminio permearon las trayectorias vitales de los sindicatos, generando graves daños, cuyos impactos individuales y colectivos perviven en los tiempos actuales. Hasta 1996 el asesinato se había constituido en la principal forma de violencia antisindical en Antioquia. Sin embargo, en este periodo se incrementaron las amenazas y el desplazamiento forzado.

 

Este período coincide con la elección como gobernador de Antioquia de Álvaro Uribe Vélez, cuya administración fue bastante adversa para el sindicalismo. Precisamente durante 1996 se presentó el más alto número de sindicalistas asesinados: 213, principalmente docentes y trabajadores bananeros.

 

2006- 2014: Las expresiones reguladas de la violencia

 

En este periodo la violencia contra el sindicalismo disminuyó en homicidios, pero aumentó en amenazas. La violencia antisindical no es intensiva como en tiempos anteriores, pero se sigue recurriendo a ella para entorpecer liderazgos sindicales y procesos organizativos. En estos años las y los sindicalistas en Antioquia no dejaron de ser victimizados por medio de la amenaza y el desplazamiento forzado.

Los más afectados fueron los y las educadoras afiliados a Adida: 88,8% de los casos registrados. También fueron especialmente afectadas organizaciones como Anthoc, Sindesena, Sintraiss, Sintramienergetica, Sintrabochica.

Siguiendo la tendencia histórica de impunidad de los crímenes contra sindicalistas, en un 90,8% de los casos no hay indicios sobre un presunto responsable. De los casos que se tiene información en este periodo, el 66,4% de las agresiones contra sindicalistas se le atribuyen a los paramilitares, pese a que algunos discursos en el debate público insistían en mostrar la inexistencia de este actor armado ilegal, o de asimilarlo como bandas criminales[1]. En un informe publicado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), se estimaba que para el año 2011 estos grupos contaban con cerca de 13.400 combatientes en el territorio nacional

Fuente: ENS