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Juez Colombiano ordena una Investigación de la Abogada de Prosegur y pone a una Gerenta en manos de las Autoridades

En un esfuerzo por socavar la libertad de expresión en Colombia, Prosegur está demandando a nueve miembros del sindicato por un total de US$1.000.000 por manifestar y hablar en contra de los abusos a los derechos humanos en dos casos distintos ocurridos en la empresa. En la audiencia previa al juicio en Medellín Colombia, el juez ordenó una investigación de la abogada de la empresa, y puso a una Gerenta en manos de las autoridades por una potencial obstrucción a la justicia.

Medellín, COLOMBIA.  Un juez en Colombia ordenó la investigación de una abogada representante de Prosegur y puso a una Gerenta de la empresa en manos de las autoridades por una potencial obstrucción a la justicia.

El juez actuó en base a posibles irregularidades en un caso en el que ocho miembros del sindicato están siendo demandados por un total de US$ 500.000 por supuesta difamación en una manifestación frente a las instalaciones de Prosegur en 2012. Los trabajadores ganan en promedio US$ 500 por mes.

Seis de los ocho trabajadores demandados por la empresa no estaban presentes en la manifestación donde la supuesta difamación tuvo lugar.

Sólo cinco de los ocho trabajadores  demandados por Prosegur asistieron a la audiencia previa al juicio en Medellín. La razón por la cual los tres trabajadores restantes no se presentaron a la audiencia fue porque Prosegur no les permitió salir del trabajo para asistir. El juez derivó al  gerente de Prosegur en Medellín a las autoridades por una potencial obstrucción a la justicia.

El presidente del sindicato SINTRAVALORES, que es un empleado de Prosegur, también está siendo demandado por US$ 500.000 en la capital colombiana de Bogotá.  La acción se basa en la responsabilidad por el envío de una carta privada de la Alianza UNI Sindicato Global a la oficina central de Prosegur en Madrid en 2011, denunciando abusos a los derechos humanos por parte de la compañía en Colombia.

Sorprendentemente y después de meses de retrasos, las audiencias previas al juicio tanto para el caso de Medellín como el de Bogotá fueron programadas para el mismo día, lo que significa que los abogados no podían estar en ambas ciudades al mismo tiempo. El abogado del sindicato solicitó, y se le concedió, un aplazamiento de la audiencia previa al juicio de Bogotá.

En la comparecencia ante el tribunal en Medellín, el abogado de Prosegur pidió que la audiencia previa al juicio se pospusiera debido a que el caso de Bogotá estaba programado para el mismo día, a pesar de que esa audiencia ya había sido pospuesta. El juez ordenó una investigación de la abogada de Prosegur para establecer si ésta proporcionó a propósito información incorrecta a la corte para solicitar el aplazamiento de la audiencia.