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Se desarrolló en Cali la semana pasada un interesante foro en el que el tema central fue el enfoque de género en el fenómeno de la violencia antisindical en Colombia y el proceso de reparación colectiva del sindicalismo. Participaron representantes de las tres centrales sindicales (CUT, CGT, CTC), Fecode, la Unidad de Víctimas y ONG acompañantes del proceso, entre ellas el Cajar y la ENS.

El propósito del evento fue analizar y evaluar las afectaciones, riesgos específicos de las mujeres frente al fenómeno de la violencia antisindical, los impactos colectivos de ésta, y hacer precisiones en cuanto a la perspectiva de género en el proceso de construcción de la memoria histórica, y en general en el proceso de reparación del sindicalismo.

Se parte de la base de que hay una lógica diferenciada de la violencia ejercida contra mujeres y hombres. En la medida en que las relaciones de género se expresan en el mundo sindical y hay un impacto diferenciado para unas y otros, y en consecuencia una forma de respuesta específica de las víctimas frente al hecho violento.

Más allá de las cifras, es necesario analizar la violencia antisindical ejercida contra las mujeres desde orillas que permitan comprender el fenómeno en su complejidad y contenido específico, en su carácter de sistematicidad y en sus dimensiones simbólica, semántica, política y cultural.

Desde 1985 a marzo de 2014 la Escuela Nacional Sindical registra 13.304 casos de violencia antisindical, 3.101 de ellos contra mujeres, discriminados así: 1.738 amenazas, 866 desplazamiento forzado, 279 homicidios, 77 hostigamientos, 51 detenciones arbitrarias, 37 atentados, 20 secuestros, 14 desapariciones, 11 allanamientos ilegales y 7 casos de tortura. Estas manifestaciones violentas se concentran principalmente en Antioquia (1.299), Valle (372), Cesar (302), Caldas (151), Arauca (144), Santander (114), Bogotá (103) y Risaralda (101).

El que sean menos los casos de violencia contra las mujeres, se debe a que existen barreras de género para participar en el mercado laboral y en espacios de carácter político, como las organizaciones sindicales. En segundo lugar existe un subregistro del fenómeno, o no existe ninguno, como sucede con la violencia sexual como instrumento de la violencia antisindical.

Y el que sean menos los casos de violencia contra mujeres suele emplearse como argumento para restarles importancia y darles lugar marginal frente al daño colectivo. Se desestiman o trivializan, e incluso se les atribuye otro tipo de móviles, de tal modo que la afectación del rol sindical ejercido por las mujeres aparezca como secundario, cuando la violencia contra ellas aparece como una de las estrategias para suprimir organizaciones sindicales y afectar sus reivindicaciones.

En el caso de las mujeres convergen dos formas históricas de discriminación: en primer lugar, las afecta una cultura machista que en el mundo del trabajo se expresa en la exclusión del mercado laboral y la asignación de roles del cuidado y segregación vertical. Y también exclusión de espacios de diálogo social como los sindicatos, bajo la idea de que las organizaciones sindicales son espacios masculinos, vetados para mujeres.

El rol de mujer sindicalista genera, pues, un escenario complejo de exclusión, en tanto se yergue como una identidad “retadora” de los imaginarios tradicionales del “ser mujer”. Esto explica por qué ante el feminicidio de una mujer sindicalista se atribuye mayor importancia a otro tipo de circunstancias de tipo pasional o social, que a su rol sindical, escondiendo la connotación del hecho como instrumento para diezmar los sindicatos.

Casos emblemáticos

La siguiente es la reseña de 14 casos documentados de violaciones de derechos humanos contra mujeres víctimas de violencia antisindical, algunos en el marco del conflicto armado. Reseña que nos permite evidenciar cómo se presenta el fenómeno, sus móviles, afectaciones e impactos diferenciados para las mujeres y sus colectivos.

El caso de Isabel Toro Soler

Muestra cómo se da una trivialización del hecho criminal, dejando de lado el rol sindical de la víctima, encasillándolo como de delincuencia común. Es también una forma de amedrentamiento al colectivo, subrayando que las organizaciones sindicales no son espacios para las mujeres.

Isabel era docente afiliada a la Asociación de Educadores del Putumayo. El 18 de mayo de 2004 su cadáver fue encontrado flotando en el tanque del agua del lavadero de su residencia, con huellas de tortura. Durante la investigación se estableció que fueron dos los atacantes, quienes entraron a su habitación, la sometieron e interrogaron acerca de dinero y joyas. Tras su negativa, la amordazaron y amarraron de pies, manos y cuello. Asustados por los ruidos del exterior la arrojaron al tanque y huyeron sin sustraer bien alguno.

El análisis judicial se concentró en que el objetivo era el hurto, pasando por alto los detalles de una posible tortura que excede el objetivo supuesto del hurto. Se desestima el valor probatorio de varios testimonios, como de los familiares, compañeros del trabajo y alumnos de la víctima.

Caso documentado en: Imperceptiblemente nos encerraron: exclusión del sindicalismo y lógicas de la violencia antisindical en Colombia. 1979-2010. Bogotá. ENS y Comisión Colombiana de Juristas (2012). Pág. 153.

El caso de Martha Díaz

Evidencia la violencia antisindical como forma de represión de la protesta e instrumento corrector de los roles de género. El líder sindical se expone a la violencia, pero es aún más vulnerable si se trata de una mujer. De otro lado, la estigmatización de las organizaciones sindicales como ligadas a la insurgencia, pone también a las mujeres en el punto de mira de los actores armados.

Martha Díaz, presidenta de la Asociación Santandereana de Servidores Públicos, fue víctima de amenazas en múltiples ocasiones desde el 2004. "Vamos a matar a su presidente", fue el mensaje recibido por el sindicato luego de que los trabajadores participaron en una jornada de protesta. Después la llamaron personalmente a su residencia para decirle: "vieja sindicalista […] guerrillera, o se va o la matamos".

Tres años después, en agosto de 2006, Martha fue retenida por sujetos que se presentaron como de un grupos paramilitar apoyado por los alcaldes de la región. Se la llevaron en un vehículo hacia las afueras de Bucaramanga, donde, aparte de insultarla y tacharla de subversiva, le preguntaron qué dirigentes de la CUT Santander eran guerrilleros, la golpearon, la trataron de guerrillera, le dijeron que retirarse de todo, y le mostraron fotos suyas participando en marchas y protestas legítimas organizadas por la CUT, una de ellas reprimida por la fuerza pública. Además, mientras la golpeaban le pedían que luchara, que se defendiera, “así como es machita para las protestas”.

Lo que también evidencia lo que siempre se ha denunciado: la costumbre de los organismos del Estado de sacar fotos y videos a escondidas, que esta vez terminaron en manos de los agresores de Martha, quien sufrió hematomas en ambos ojos, el maxilar desviado y dos balazos que le rozaron el abdomen.

No fue esa la primera agresión que Martha sufría. Meses antes ya había sido golpeada y amenazada cuando se desplazaba al municipio de La Mesa, a una reunión de negociación del pliego de peticiones con el alcalde de ese municipio. Como también fue víctima de amenazas a su celular y el seguimiento de un individuo que se desplazaba en moto”.

Caso documentado en: Estudios sobre contenido y efecto de las amenazas contra sindicalistas y negación del acceso a la justicia. Escuela Nacional Sindical (2011). Medellín. Pag. 12.

El caso de Luz Amparo Castrillón

Ilustra cómo para una dirigente sindical los riesgos se agudizan cuando un familiar suyo es tildado de “guerrillero”, como fue tildado el hermano de Luz Amparo Castrillón, delegada de la Asociación de Institutores de Antioquia, lo que a ella le costó la vida, hecho que dejó sin su liderazgo al sindicato.

“Era excelente docente, muy responsable, los alumnos la querían mucho. Daba inglés y aprovechaba sus clases para sembrarles pildoritas, inquietarlos sobre la situación del país. Además era sensible y humanitaria. Por ejemplo, cuando los muchachos eran muy pobres, buscaba la manera de ayudarlos”, así define a Luz Amparo Castrillón una colega de trabajo.

Los días previos a su asesinato ella como que presentía algo. Decía que por el colegio rondaban personas extrañas, y temió que mataran a su hermano, sin sospechar que la primera víctima iba a ser ella.

Testigos afirmaron que los paramilitares fueron a su casa por su hermano, al que tildaban de guerrillero. Ella salió en su defensa y los enfrentó porque su carácter era fuerte, no le importaba nada, se enfrentaba a cualquiera. Eso hizo que a ella también le dispararan.

“Fue impresionante, ver en la misma casa los dos hermanos asesinados. Luz Amparo estaba en una pieza, él hermano en otra. Éste se resistió, lo arrastraron y lo mataron delante de la mamá. A Luz Amparo la mataron al lado del papá, en la otra pieza.

Caso documentado en: Tirándole libros a las balas: Memoria de la violencia antisindical contra los educadores de Adida, 1978-2008. ENS, Adida (2011). Medellín. Pag. 304.

Casos de Omayra, Gladys y Matilda Morales

Las acciones en contra de las familias de mujeres sindicalistas es uno de los más sobresalientes instrumentos de intimidación. Se evidencia en el caso de estas tres hermanas, todas docentes, puestas en riesgo por estar afiliadas a una organización sindical y tener relaciones de parentesco con un líder sindical.

Omayra y Gladys, afiliadas a la Asociación de Educadores de Arauca, fueron declaradas objetivo militar por un grupo paramilitar. Un día entró una llamada al colegio de Arauquita donde ambas trabajaban. Quien contestó el teléfono escuchó que dijeron: “Díganle a las profesoras Gladys y Omayra que tienen 72 horas para abandonar el departamento, que los que sean familia del señor Samuel Morales son objeto nuestro y que deben desaparecer de Arauca”.

Y ese mismo día, la profesora Matilde Morales, hermana de las dos anteriores, también fue amenazada en su lugar de trabajo: el colegio Gabriel García Márquez de Arauquita. Los paramilitares reiteraron la intención de asesinar a toda la familia del dirigente Samuel Morales, presidente de la CUT Subdirectiva Arauca, detenido desde agosto de 2004 en la cárcel Modelo de Bogotá, acusado de pertenecer a grupos subversivos. Samuel fue detenido el día en que el Ejército asesinó a tres dirigentes sindicales de Arauca.

Caso documentado en: Cuaderno de derechos humanos No 16. Escuela Nacional Sindical (2006). Medellín. Pag. 23.

Bertha Inés Agudelo

Con el asesinato de Bertha Inés no solo se suprimió un liderazgo femenino, lo que por sí ya es bastante gravoso, sino que por el rol que tenía en la Asociación de Institutores de Antioquia: secretaria de asuntos de la mujer, la agenda de las mujeres de la organización se debilitó. En este caso la violencia tuvo una carga simbólica específica, y representa una acción ejemplarizante para otras mujeres.

“Bertha nos acompañó mucho en actividades en beneficio de la mujer, llamaba la atención por su liderazgo, por hablar fuerte, por ser dinámica”, así la recuerda una de sus compañeras. Y en efecto así era Bertha, una mujer reconocida en el pueblo, de las poquitas que hacía valer sus derechos y no dejaba que la pisotearan. Trabajaba al máximo con tal de sacar adelante a sus alumnos, y no solo en el tiempo laboral.

El 19 de agosto Bertha estaba sola en su casa. Al medio día tocó a su puerta el muchacho que la proveía de queso, pero ella no abrió. Era raro porque a esa hora siempre estaba en casa, y además el balcón estaba abierto. Le marcamos al celular, y nada. Ahí sí cundió la preocupación, porque además vieron un rastro de sangre que caía al patio. En ese momento llegaron dos profesoras más, muy preocupadas. Incluso llegaron a pensar que se había suicidado, que había hecho una locura en un momento de soledad y tristeza.

“No sabíamos qué hacer. A las tres de la tarde pasaron unos policías y les dijimos que miraran dentro de la casa. Subieron por unas escaleras hasta el balcón y entraron. Encontraron su cuerpo en la cocina totalmente desangrado. Le dieron muchas puñaladas, en los senos, en la espalda”, recuerda su compañera.

Caso documentado en: Tirándole libros a las balas: Memoria de la violencia antisindical contra los educadores de Adida, 1978-2008. ENS-Adida (2011). Medellín. Pag. 299.

El caso de Sor María Ropero

El rol sindical complejo se refleja en el caso de Sor María Ropero, presidenta del Sindicato de Madres Comunitarias, toda vez que las reivindicaciones de esta organización trascienden lo meramente laboral, en el sentido de que buscan que su labor con los niños y niñas sea reconocido como un trabajo, de valor social igual a otros oficios y profesiones, y por lo tanto con derechos laborales. Además, por ser un sector feminizado, su caso es una clara forma de violencia de género más allá de lo individual.

El 16 de enero de 2002, en momentos en que Sor María Ropero estaba en el antejardín de su casa en Cúcuta observando el ensayo del baile de celebración de los quince años de su sobrina, fue interceptada por dos individuos que le dispararon y la mataron de manera inmediata. Su cuñado Francisco José Montoya Herrera, quien la acompañaba, resultó también herido. Los agresores emprendieron la huida”.

Caso documentado en: Imperceptiblemente nos encerraron: Exclusión del sindicalismo y lógicas de la violencia antisindical en Colombia 1979-2010. ENS y Comisión Colombiana de Juristas. (2012). Bogotá. Pág. 303.

El caso de Adriana Francisca Padilla

En este caso juega un papel simbólico el hecho de que al momento de ser asesinada Adriana Francisca, afiliada a Educadores Unidos del Magdalena (Edumag), estaba en embarazo, una forma de advertencia en el sentido de los alcances desmedidos de la acción por fuera de toda ética, como si con ello quisieran decir: miren hasta dónde somos capaces de llegar.

Ocurrió en octubre de 2005 en Santa Marta. Tenía 8 meses de embarazo en el momento de recibir los disparos que acabaron con su vida y la de su bebé en gestación.

Caso documentado en: Imperceptiblemente nos encerraron: Exclusión del sindicalismo y lógicas de la violencia antisindical en Colombia 1979-2010. ENS y Comisión Colombiana de Juristas (2012). Bogotá. Pág. 148.

El caso de mujeres dirigentes de Anthoc Atlántico

De 2004 a 2008 fueron años duros para Anthoc Subdirectiva Atlántico, que debió soportar sucesivos hechos de violencia, y hacer movilizaciones en respuesta a estos eventos de violencia.

A raíz de ello, varias mujeres que en esta época hicían parte de la Junta Directiva de Anthoc Atlántico: Maribel Pérez, Sol Rodríguez, Enith Pérez, Lina Gamarra, Mercedes Echeverría, y Jenny Acosta, fueron víctimas de amenazas.

En el caso de Lina Gamarra, el 3 de junio de 2004 se hizo circular un pasquín firmado por el Bloque Caribe de las AUC, en donde aparecían varios activistas, ella entre ellos, a quienes les daban 15 días para abandonar la ciudad. A Lina y otros compañeros del sindicato la acusaron de ser auxiliadores de la guerrilla, y de ser, además, “los causantes de la debacle en el sector de la salud”.

Dos semanas después Lina, junto con otro activista de Anthoc, Genaro Sánchez, se vieron obligadas a abandonar la ciudad.

Caso documentado en: Fisonomías del miedo: un paulatino enmudecimiento, Recuento de Luchas y lógicas de la violencia antisindical en el departamento del Atlántico: CUT, Sintraelecol, Anthoc. 1975-2012. ENS. Medellín. Pag. 235.

El caso de Luz Marina Forero

Es un caso en el que el ejercicio sindical genera riesgos para los familiares de la víctima, en este caso una mujer cabeza de familia. Su asesinato desató diversas situaciones de riesgo para sus hijos, al tener que cuidarse recíprocamente e incluso al verse obligados a separarse para sobrevivir.

Luz Marina Forero, oriunda de San Carlos, llevaba 4 años como docente por OPS en una vereda de este municipio antioqueño, donde la desaparecieron en febrero del 2002. Era una mujer de espíritu alegre, luchadora, un ejemplo a seguir. Empezó trabajando en el hospital local, pero cuando se presentó la oportunidad de ser educadora la aprovechó. Ese había sido su sueño, que no había podido realizar por los hijos.

“Desde el momento en que mi mamá desapareció la vida fue muy dura para nosotros. Se escuchaban muchas cosas. Cada vez que encontraban un cuerpo ahí mismo llamaban porque podía ser el de ella. Pero no había respuesta, simplemente comentarios: que la vieron, que no la vieron, pero nada. A nosotros nos tocó enfrentarnos a todo, separarnos. Mi hermana se fue a estudiar a Medellín, nosotros nos quedamos acá trabajando, buscando la forma de salir adelante, trabajar en lo que resultara”, recuerda una de sus hijas.

“Es muy duro porque no tenemos un cuerpo, mi mamá nunca apareció. En esa época se buscó hasta ayuda internacional. Iban y preguntaban, pero nunca hubo respuesta, no había testigos, no había nada. Lo que hice básicamente fue declarar su presunta muerte por desaparecimiento, para reclamar la pensión de mi papá”, agrega.

“Con la desaparición de mi mamá se perdió una gran mujer y una gran persona. Ella siempre pensó en lo mejor para nosotros, era lo mejor para mí, aún lo es, es mi ejemplo más grande”.

Caso documentado en: Tirándole libros a las balas: Memoria de la violencia antisindical contra los educadores de Adida, 1978-2008. ENS y Adida (2011). Medellín. Pag. 333.

El caso de María Clara Baquero

María Clara es socióloga, fundadora y presidenta de Asodefensa, sindicato de las Fuerzas Armadas de Colombia. Ha sido víctima de dos atentados y de un sinnúmero de amenazas. Sobre las cuales dice:

“He enfrentado todo tipo de amenazas, casi siempre telefónicas, por eso hay dos generales denunciados ante la Procuraduría… Una de esas amenazas la recibí en febrero de 1998, después de unas denuncias que publicó El Tiempo. Me dieron un plazo para que me retirara de la actividad sindical, me amenazó un grupo llamado MEL. Pero no era ningún grupo subversivo o paramilitar, pues la forma en la que estaba escrita era claramente militar. Yo denuncie estos hechos y por eso me seguían llamando para decirme que me iban a asesinar, que era una porquería, una comunista, una subversiva. Por eso presentamos queja ante la OIT en Ginebra, a donde llevé pruebas, sin que las amenazas hayan cesado”.

El Presidente Samper, a petición del Procurador General y de Wilson Borja, Presidente de Fenaltrse, le ordenó al DAS que me suministraran protección. En principio me asignaron dos escoltas pero a los tres días me quitaron uno. Eso me obligó a buscar la protección de la Comisión de Derechos Humanos del Ministerio de Trabajo y del Interior, que me incluyeron en el programa de protección a dirigentes sindicales. Me asignaron 4 escoltas y un vehículo.

“Yo venía de Ibagué para Bogotá con dos escoltas, de madrugada. Dos kilómetros después del peaje de Mondoñedo sentí un estruendo fuerte y de pronto se metió un campero. Mi escolta trató de coger su arma pero ya nos habían sacado de la carretera e íbamos rodando montaña abajo, escuchamos varias ráfagas de disparos. De milagro quedamos vivos los tres. Me inernaron en el hospital de la Policía, tenía vidrios y espinas clavadas en el cuerpo. Vino un suboficial de la DIJIN a interrogarme, pero yo no acepté, me enfurecí. Le dije que estaba en condición de paciente y no de detenida, que no iba a decirle a nadie de la Policía lo que había pasado… La policía ya había inventado que había sido un accidente de tránsito. Hice declaraciones muy fuertes, los acusé de crear pruebas falsas y responsabilice de lo que me ocurriera al Director de la Policía y al Ministerio de Defensa. Sé que los escoltas han sido presionados por la Dijin, les preguntaron acerca de las actividades que yo estaba realizando”.

“Sé que estoy sacrificando a mi familia, son víctimas inocentes de mis decisiones. Pero no me voy a echar atrás, sé que estoy perdiendo mucho, mi vida en familia, el crecimiento de mis hijos, pero hay que hacer algo por este país, no podemos sentarnos todos a ver cómo nos destruyen”.

Caso documentado en: Cuaderno de derechos humanos N. 8. ENS. Medellín, Pags. 35-42.

El caso de María Victoria Jiménez Salazar

Una noche de 2009 María Victoria recibió una llamada del hospital. La solicitaban para que hiciera una disponibilidad, lo que le extrañó porque no era usual. Al llegar advirtió que su compañero de laboratorio hacía pocos minutos se había ido, detalle también extraño, pues no era normal que éste estuviese allí.

A las 9:15 regresó a su casa, ubicada en una finca de Santafé de Antioquia, y observó que el portón estaba a oscuras. Cuando introdujo la llave sintió una mano sobre su boca, y el cuerpo de un hombre que la retenía y otro que la golpeaba. Cuando pudo liberarse gritó varias veces y de inmediato las luces de la casa se encendieron. Asustados por los gritos de su mamá y los ladridos de los perros los dos hombres huyeron, dejándola tirada en el suelo.

Recibió 7 puñaladas y sufrió fracturas en la nariz y los labios destrozados, razón por la cual esa misma noche fue trasladada a una Clínica Medellín. Su recuperación exigió 12 operaciones quirúrgicas.

Leer caso completo, publicado por la Agencia de Información Laboral en: http://www.viva.org.co/cajavirtual/svc0326/articulo08.html

El caso de Nubia Estela Olave

Nubia era líder y activista del Sindicato Nacional de Trabajadores y Promotores del Chance, y trabajaba con sus hijos. En agosto de 2001 uno de ellos, Gabriel, fue víctima de dos atentados, de los que salió ileso. Días después el otro, Edgar, fue asesinado en Cali. Tenía 27 años y dejó 3 niños huérfanos. A partir de ese momento la familia Rondón Olave recibió amenazas, se les prohibió ejercer actividad sindical y permanecer en Cali, por lo que se desplazaron a Bogotá.

Años más tarde Nubia Estela se reubicó en el Tolima, donde vive actualmente en compañía de su esposo, quien enfrenta una delicada situación de salud debido a la terrible situación que les tocó enfrentar como familia. Nubia Estela se retiró de la vida sindical, lo que causó la desaparición del sindicato.

Caso documentado en la base de datos de la Secretaría de Derechos Humanos de la CGT.

Caso de Pura Carolina Cantillo Henríquez

En 2009 Pura Carolina, secretaria del Sindicato de Pescadores de Manatí (Bolívar) afiliado a la Federación Nuevo Liderazgo Campesino (NLC), se desplazó junto a sus dos hijas menores desde San Cristóbal hacia Manatí, y de allí hacia Bogotá, después de recibir amenazas de muerte por parte de las AUC.

Su esposo, Enoel Morales Castilla, líder campesino del NLC, fue asesinado en agosto de 2000, crimen que reconoció “Alias Gordo”. Con posterioridad a este homicidio Pura Carolina empezó a recibir amenazas. Hoy tiene que enfrentar una difícil situación económica, agudizada por la falta de respuesta del Estado frente a su situación de viuda y desplazada. Aunque continua ejerciendo su actividad sindical en su nueva residencia, no pudo continuar con las tareas que hacía en San Cristóbal. Además, en el aspecto familiar no han logrado tener una casa propia ni una buena educación para sus hijas.

Caso documentado en base de datos Secretaría de Derechos Humanos de la CGT.

El caso de María del Rosario Franco Ortiz

Un mediodía de noviembre de 2009 María del Rosario, primera vicepresidenta de la CUT Valle, fue abordada por dos hombres en moto cuando viajaba en su carro. Uno de ellos le apuntó y se disponía a dispararle cuando su escolta reaccionó y lo evitó. Los atacantes huyeron. Tres días después empezaron a llegar a su celular mensajes intimidatorios. En uno le dicen que aunque ande protegida por escoltas de todas formas la van a matar.

En enero de 2010 le escriben y le dicen que estaban esperando a que llegara de vacaciones y que recordara que en la CUT también la pueden matar. A los dos meses le llega un nuevo mensaje en el que dicen: “Si quieres a tus hijos retírate del sindicato y que está pendiente un juicio, atentamente Los de arriba”.

La CUT Valle denunció la negligencia y paquidermia de la Fiscalía para avanzar en el proceso, pues ni siquiera había sido posible ampliar la denuncia.

Caso documentado en el Sistema de información en Derechos Humanos de Sindicalistas, ENS.

Fuente: ENS