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Fueron más de seis años de una batalla legal tortuosa y difícil. Los EE.UU. decidieron activar el panel arbitral contra Guatemala por violación de los derechos laborales en el marco del acuerdo CAFTA (Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, América Central y EE.UU.).

Es la primera vez en la historia que un país ha iniciado un arbitraje internacional por violación de las normas laborales.

La disputa comenzó en abril de 2008, cuando seis sindicatos guatemaltecos y la AFL-CIO presentaron una queja ante el Departamento de Comercio de Estados Unidos señalando una serie de preocupaciones, particularmente la violencia antisindical.

La petición argumentó que Guatemala fracasó en hacer cumplir sus propias leyes laborales y sus compromisos de respetar, promover y hacer realidad los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras.

A partir de ahí, la situación sólo ha empeorado. Desde 2008 hasta el 2013, al menos 30 asesinatos de dirigentes y activistas sindicales fueron documentados, según la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Por otra parte, se han producido numerosos intentos de asesinato, además de casos de tortura, secuestros, robos y amenazas de muerte.

Esta cultura de intimidación e impunidad ha llevado la Confederación Sindical Internacional (CSI) a considerar a Guatemala cómo el país más peligroso en el mundo para sindicalistas.

Aun así, se llegó a un compromiso en abril de 2013, cuando los EE.UU. y Guatemala acordaron un plan de aplicación de 18 puntos para fortalecer la inspección del trabajo, aumentar el cumplimiento de los derechos laborales por parte de las empresas exportadoras, mejorar la aplicación de las órdenes judiciales, entre otras medidas.

Se suponía que el plan sería completamente implementado hasta abril de 2014, pero se ha concedido varias prórrogas a Guatemala con la intención de darle "una última oportunidad".

Fueron más de seis años de una batalla legal tortuosa y difícil. Los EE.UU. decidieron activar el panel arbitral contra Guatemala por violación de los derechos laborales en el marco del acuerdo CAFTA (Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, América Central y EE.UU.).

Es la primera vez en la historia que un país ha iniciado un arbitraje internacional por violación de las normas laborales.

La disputa comenzó en abril de 2008, cuando seis sindicatos guatemaltecos y la AFL-CIO presentaron una queja ante el Departamento de Comercio de Estados Unidos señalando una serie de preocupaciones, particularmente la violencia antisindical.

La petición argumentó que Guatemala fracasó en hacer cumplir sus propias leyes laborales y sus compromisos de respetar, promover y hacer realidad los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras.

A partir de ahí, la situación sólo ha empeorado. Desde 2008 hasta el 2013, al menos 30 asesinatos de dirigentes y activistas sindicales fueron documentados, según la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Por otra parte, se han producido numerosos intentos de asesinato, además de casos de tortura, secuestros, robos y amenazas de muerte.

Esta cultura de intimidación e impunidad ha llevado la Confederación Sindical Internacional (CSI) a considerar a Guatemala cómo el país más peligroso en el mundo para sindicalistas.

Aun así, se llegó a un compromiso en abril de 2013, cuando los EE.UU. y Guatemala acordaron un plan de aplicación de 18 puntos para fortalecer la inspección del trabajo, aumentar el cumplimiento de los derechos laborales por parte de las empresas exportadoras, mejorar la aplicación de las órdenes judiciales, entre otras medidas.

Se suponía que el plan sería completamente implementado hasta abril de 2014, pero se ha concedido varias prórrogas a Guatemala con la intención de darle "una última oportunidad".

Decisión sin precedentes podría significar un cambio de rumbo para la clase trabajadora

Fueron más de seis años de una batalla legal tortuosa y difícil. Los EE.UU. decidieron activar el panel arbitral contra Guatemala por violación de los derechos laborales en el marco del acuerdo CAFTA (Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, América Central y EE.UU.).

Es la primera vez en la historia que un país ha iniciado un arbitraje internacional por violación de las normas laborales.

La disputa comenzó en abril de 2008, cuando seis sindicatos guatemaltecos y la AFL-CIO presentaron una queja ante el Departamento de Comercio de Estados Unidos señalando una serie de preocupaciones, particularmente la violencia antisindical.

La petición argumentó que Guatemala fracasó en hacer cumplir sus propias leyes laborales y sus compromisos de respetar, promover y hacer realidad los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras.

A partir de ahí, la situación sólo ha empeorado. Desde 2008 hasta el 2013, al menos 30 asesinatos de dirigentes y activistas sindicales fueron documentados, según la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Por otra parte, se han producido numerosos intentos de asesinato, además de casos de tortura, secuestros, robos y amenazas de muerte.

Esta cultura de intimidación e impunidad ha llevado la Confederación Sindical Internacional (CSI) a considerar a Guatemala cómo el país más peligroso en el mundo para sindicalistas.

Aun así, se llegó a un compromiso en abril de 2013, cuando los EE.UU. y Guatemala acordaron un plan de aplicación de 18 puntos para fortalecer la inspección del trabajo, aumentar el cumplimiento de los derechos laborales por parte de las empresas exportadoras, mejorar la aplicación de las órdenes judiciales, entre otras medidas.

Se suponía que el plan sería completamente implementado hasta abril de 2014, pero se ha concedido varias prórrogas a Guatemala con la intención de darle "una última oportunidad".

Al llevar a Guatemala a arbitraje, el Departamento de Comercio ha reconocido que muy poco se hizo para que Guatemala cumpliera con sus propias leyes laborales.

"Hoy el gobierno de Estados Unidos tomó la decisión correcta al dejar en claro que sin respeto a los derechos laborales, Guatemala no puede insertarse en la economía global", dijo Sharan Burrow, Secretaria General de la CSI.

"La comunidad empresarial presionó para que el CAFTA fuera firmado, a pesar de las graves violaciones. Este nuevo hecho debería hacer que los empleadores reflexionen para llevar a cabo reformas profundas en sus cadenas de suministro".

Guatemala, juntamente con América Central, tiene también un acuerdo de asociación con la Unión Europea.

El panel de arbitraje CAFTA-DR emitirá un informe preliminar con conclusiones y recomendaciones. Si el gobierno no logra poner en práctica esas recomendaciones, Guatemala podría enfrentar multas y potencialmente sanciones comerciales.

Un proceso similar se está llevando a cabo en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde una solicitud de una Comisión de Encuesta - la medida de investigación más fuerte disponible bajo el sistema de la OIT - fue presentada por el Grupo de Trabajadores contra el gobierno de Guatemala. La decisión sería tomada en noviembre de 2014.