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Luego de tres años de vigencia del TLC entre Colombia y Canadá, vale la pena evaluar el tipo de inversión y el comportamiento de las empresas canadienses en nuestro país, para ver si este TLC ha ayudado a mejorar las garantías en materia laboral y socio-cultural en dichas empresas. Con esa intención, la ENS hizo un estudio sobre el cumplimiento de las responsabilidades contraídos por ambos gobiernos dentro del TLC, y de los acuerdos paralelos que se firmaron en respuesta a los cuestionamientos por la falta de medidas claras de protección a los derechos humanos.

 

El estudio analiza igualmente el desempeño de las empresas más exitosas de Canadá en Colombia, especialmente en el sector minero-energético, en cuanto a sus ingresos y utilidades, pero también en su comportamiento laboral y en cuanto a las garantías de protección de los derechos humanos y del medio ambiente.

 

Canadá y su industria extractiva

 

La minería y los hidrocarburos implican explotaciones a gran escala, altamente tecnificadas, por lo que generan pocos empleos: no participan sino con el 1,1% del empleo total del país (238 mil empleos en 2012), además con una pésima distribución de los excedentes entre los trabajadores, al tiempo que ofrecen jugosos ingresos para sus dueños y accionistas. Por su parte, la industria contribuye con el 13% de todos los empleos del país y el sector agropecuario con el 18%. Dicho de otro modo: entre 2000 y 2012, años donde subió notoriamente la economía extractiva, la agricultura generó casi 3 veces más empleo que la minería, y la industria manufacturera generó más de 6 veces.

 

Canadá es uno de los países que más concentra capital minero. De hecho la mitad de todo el capital minero del mundo se encuentra en las bolsas de Toronto y Vancouver. No sorprende, entonces, que la inversión canadiense se concentre en el sector minero-petrolero. 35 de las 52 empresas canadienses en Colombia se dedican a actividades de exploración, extracción y distribución de minerales e hidrocarburos, más que las empresas procedentes de otros países. Ver gráfico:

Distribución sectorial de las empresas canadiense  (%

 

De las 35 empresas canadienses enfocadas en la exploración, extracción y/o distribución de minerales e hidrocarburos, 22 se especializan en la exploración y extracción de oro y otras minerales (excluyendo el carbón) que generan pocos ingresos por concepto de regalías.

 

Si separamos las 10 empresas canadienses con mejor desempeño económico en 2013, vemos que es contundente la concentración de las actividades de minería y extracción y transporte de los hidrocarburos como fuente de riqueza y utilidades empresariales. Ver cuadro:

 

            Las 10 empresas canadienses más grandes (por ventas en 2013 y 2010)

 

Puesto

Empresa

Ventas 2013 Millones $

Ventas 2010 Millones $

%  crecimiento

Utilidades 2013

Millones $

1

Pacific Rubiales Energy

8.430.557

3.154.740

167,3

1.595.103

2

Meta Petroleum

7.012.230

2.205.070

218,0

1.370.011

3

Petrominerales

1.895.161

1.963.096

-3,5

-72.930

4

Pacific Stratus Energy

1.827.883

3.782.382

51,7

-33.271

5

Parex Resources Colombia

828.861

345.291

140,0

114.580

6

Petroleum Colombia

721.105

 

 

279.638

7

Grantierra Energy

715.055

423.325

68,9

297.549

8

Gran Colombia Gold

279.756*

**

 

-95.159

9

Alange Energy

262.239

105.502

148,6

19.435

10

Talisman

252.979

***

 

-42.537

• Cálculos propios, datos de ventas provenientes de la revista Dinero 5 mil empresas (versiones 2011 y 2014); y SIREM de Supersociedades; para Gran Colombia Gold datos obtenidos de las cuentas financieras de la empresa.

*Valor convertido del dólar estadounidense (1 peso colombiano = 0.000530930 dólares), cálculo hecho el 14 de agosto de 2014.

** A partir de junio 2011, Medoro Resources Ltd se fusionó con Gran Colombia Gold.

*** Talisman Energy entró al mercado colombiano a partir de enero 2011 cuando compró el 49% de las acciones de BP Energy para formar Equion Energia junto con Ecopetrol SA (que tiene el 51% de las acciones).

 

Como se ve, 9 de los 10 primeros puestos de empresas canadienses en Colombia, medidos por ventas, los ocupan compañías relacionadas con hidrocarburos. Y se ve que los ingresos operacionales de las dos primeras: Pacific Rubiales Energy y Meta Petroleum, aumentaron exponencialmente. En Colombia Pacific Rubiales se ha ido abriendo camino a velocidad feroz en el sector de los hidrocarburos, tanto expandiendo la producción y los bloques de exploración, como adquiriendo otras empresas petroleras canadienses.

 

Pero además, Meta Petroleum, al igual que Pacific Stratus Energy y Petrominerales, son de propiedad de Pacific Rubiales Energy, que es, después de Ecopetrol, la segunda petrolera más grande del país, cuya producción ha tenido un incremento colosal en años recientes. En 2007 producía menos de 25 mil barriles diarios[1], y a mitades de 2013 producía más de 250 mil barriles por día, en Campos de Rubiales y Quifa[2]. Adicionalmente, tiene 40 bloques exploratorios en Colombia, tres más en Perú y dos en Guatemala.

 

Sólo una de la lista: la Gran Colombia Gold, se dedica a la exploración y extracción de oro y plata, después de concretar su fusión con Medoro Resources (otra minera de procedencia canadiense) que tiene minas en Antioquia (Segovia y Titiribi) y en Caldas (Marmato). Al igual que la gran mayoría de las empresas canadienses dedicadas a la extracción de oro y otros minerales preciosos, Gran Colombia Gold aún está lejos de acumular las ganancias prometidas debido al poco tiempo que lleva en el país, y a que aún está en procesos de exploración. Se espera que en próximos años sus ventas se incrementen al punto de competir con los ingresos de las petroleras canadienses con presencia en Colombia.

 

Derechos laborales: un discurso al vacío

 

La vulnerabilidad de los derechos laborales y sindicales en Colombia y su recurrente violación, fueron las principales razones de la oposición a los TLC, tanto con Canadá como con Estados Unidos y la Unión Europea. En respuesta a estos cuestionamientos, los gobiernos de Colombia y Canadá acordaron crear herramientas que, supuestamente, ayuden a que las empresas canadienses garanticen los derechos humanos básicos, entre ellos los laborales.

 

Este acuerdo plantea 3 retos: proteger, ampliar y hacer efectivos los derechos básicos de los trabajadores; fortalecer la cooperación en materia laboral entre ambos países; y avanzar en los compromisos internacionales laborales que cada país tiene. Asimismo, reafirma las obligaciones de cumplir los convenios de OIT, y propone que empleadores y trabajadores establezcan diálogos con el “fin de mantener un ambiente laboral justo, seguro y sano”.  

 

El acuerdo subraya la protección de 6 derechos laborales: libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva, e incluye el derecho de huelga; eliminación de todas las formas del trabajo forzoso; abolición del trabajo infantil; eliminación de todas las formas de discriminación laboral; condiciones aceptables de trabajo con respecto al salario mínimo, jornada laboral, salud y seguridad ocupacional; otorgar a los trabajadores migrantes la misma protección legal que a los nacionales de cada país respecto a las condiciones de trabajo.

 

Otra herramienta es la evaluación de los impactos en materia de derechos humanos. Ambos gobiernos se comprometieron a adelantar reportes cada año, como una manera de asegurar que no haya retrocesos en esta materia, bien por las cláusulas y reglas del TLC, o por la actuación indebida de las empresas canadienses o colombianas.

 

Estos mecanismos y herramientas pueden sonar convincentes, pero, como la historia nos enseña, los discursos pueden divergir significativamente de las prácticas, y sobre todo de la voluntad concreta de las partes interesadas. El reporte del gobierno canadiense dice que tras la implementación del TLC las exportaciones de Canadá hacía Colombia en sectores que fueron liberalizados, crecieron más que las exportaciones colombianas hacían Canadá. Y aunque el reporte menciona que hubo dos sumisiones sobre asesinatos de sindicalistas y represión de activistas laborales y sindicalistas, percibidos como “obstáculos al desarrollo de los sectores de minería, hidrocarburos y la industria agrícola”, pero que ninguna de esas sumisiones “ofrece un análisis de los cambios en las situación de derechos humanos, ni tampoco pudieron demostrar un vínculo entre el goce y respecto por los derechos humanos y las reducciones arancelarias de Canadá asociadas con la implementación del TLC”.

 

El reporte también hace énfasis en uno de los proyectos que busca mejorar el Diálogo Social, la Salud Ocupacional y la Seguridad Industrial en el sector de minas. Pero está ubicado en La Guajira, departamento donde no existe actividad minera significativa por parte de una empresa canadiense. ¿Por qué no se desarrolló este proyecto en zonas de influencia de capital canadiense, donde existen múltiples conflictos de tipo socio-cultural, ambiental y laboral que involucran empresas mineras canadienses?

 

En cuanto a la violencia antisindical, según la base de datos de la ENS, entre el 1º de enero de 2013 y el 15 de agosto de 2014 se registraron 45 casos de violación a la libertad personal e integridad física de sindicalistas afiliados a la USO, entre ellos 2 homicidios y 29 amenazas. Lo que demuestra lo riesgosa que sigue siendo la actividad sindical en el sector petrolero, que es uno en los que hay más presencia de empresas canadienses. Especialmente en la zona de Puerto Gaitán, Meta, donde es casi completo el dominio de la empresa más lucrativa de Canadá en Colombia: Pacific Rubiales Energy. En los últimos 3 años (tiempo que coincide con la vigencia del TLC con Canadá) en esta zona la USO sufrió 24 violaciones a sus afiliados y dirigentes, entre amenazas, hostigamiento, detención arbitraria y un homicidio.

 

La detención de Héctor Sánchez Gómez, Campo Elías Ortiz y José Delio Naranjo Gualteros, dirigentes y activistas de la USO, habla de la precariedad de los derechos sindicales en una zona bajo influencia política y económica de Pacific Rubiales. Fueron retenidos 75 días por orden de un fiscal, acusados de secuestro, amenazas, violación al derecho al trabajo y obstrucción de vías  públicas. Luego todos fueron puestos en libertad por un juez de garantías de Bogotá. No obstante Darío Cárdenas, vicepresidente de la seccional sindical, sigue retenido bajo los mismos cargos. Hoy se utilizan las normas penales para perseguir a dirigentes sindicales y no para proteger la actividad sindical.

 

A pesar de que la USO no tiene afiliado ningún trabajador de Pacific Rubiales, en la zona donde esta petrolera canadiense opera enfrenta 32 procesos penales en contra de sus dirigentes, afiliados y activistas, todos por acciones de protesta frente a la negativa de Pacific Rubiales de aceptar la afiliación sindical y la negociación colectiva en Campo Rubiales.

 

La seriedad de las violaciones de la Pacific merece un compromiso concreto gubernamental para lograr la resolución de estos conflictos, el castigo de los responsables (incluyendo la empresa), y una reparación integral al sindicato y sus afiliados (y sus familias) personalmente afectados por estas violaciones.

 

Sindicatos brillan por su ausencia en empresas canadienses

 

La presencia sindical y la existencia de la negociación colectiva en las empresas canadienses presentes en Colombia, en su gran mayoría del sector minero-energético, deja bastante que desear. En las 52 empresas solo existen 3 sindicatos (el 5,8%). Y más preocupante aún: sólo uno de ellos, Sintramanisol, de la empresa Bata Footwear, logró negociar y firmar convención colectiva de trabajo (CCT).

 

El sindicato Sintraminenergética ha logrado incidir en el entorno de la minería de oro en Marmato y Segovia, donde opera Gran Colombia Gold, pero sin lograr la firma de una CCT. En el caso de Colpatria (en socio con ScotiaBank) hay un claro acento antisindical, con la utilización de un pacto colectivo como mecanismo para asegurar que no nazca ni crezca la organización sindical.

 

El sindicato UTEN fue creado por acuerdo de puerta cerrada entre la gerencia de Pacific Rubiales y dirigentes de la CGT, para lograr que la USO se quedará por fuera de la empresa, y por ende de Campo Rubiales. Este sindicato no ha negociado ninguna CCT, al contrario, como compensación por crear un sindicato no conflictivo, la empresa firmó un Acuerdo Laboral que da algunas dádivas a los trabajadores que se unieron a la UTEN.

 

En conclusión, por fuera de la publicidad que contra en los grandes medios, empresas canadienses como Pacific Rubiales, patrocinadora de la selección nacional de fútbol, siguen existiendo muchas prácticas explícitas e implícitas antisindicales que van en contra de los derechos laborales.

 

A continuación se reseñan 15 casos en los cuales los proyectos de inversión minera y petrolera de compañías canadienses implican conflictividad con el medio ambiente y las comunidades:

 

Caso REM Forest

 

La abundancia de recursos forestales y de biodiversidad hace del Chocó una región atractiva para la inversión extranjera. Allí fijó sus intereses la multinacional canadiense REM Forest, cuyo principal accionista es el billonario Frank Giustra, un corsario financiero a quien el gobierno Uribe, a través de Codechocó, le concedió licencia para explotar durante 15 años más de 5 millones de metros cúbicos de madera en la zona de Bahía Solano, lo que representan unos US$1.500 millones. Esta compañía tiene vínculos financieros con Pacific Rubiales, Medoro Resources, Alange Corp y Gran Colombia Gold. Es decir, se trata de un proyecto de envergadura que vincula la madera con el oro y el petróleo.[3]

 

El proyecto REM Forest preveía la explotación de 44.596 hectáreas de selva, ubicadas todas al interior del consejo comunitario Los Delfines, lo que suponía la explotación del 70% del territorio comunitario[4]. Para lograr el aval de la comunidad la empresa ofreció al Consejo Comunitario el 10% del costo de explotación, más regalos velados y sobornos al parecer. Pero las consecuencias ambientales y sociales de esta explotación maderera eran tan considerables, que el Ministerio del Medio Ambiente reversó la licencia ambiental, por lo que la empresa canadiense abandonó el país, dejando una estela de destrucción forestal en la zona, donde construyó carreteras, redes eléctricas, campamentos e incluso helipuertos, daños por los que la empresa no ha respondido.

 

Proyecto Caramanta

 

Caramanta es un municipio del suroeste de Antioquia, en límites con Marmato, cuya vocación histórica es la agricultura. Pero desde el 2008, tanto Caramanta como los municipios vecinos de Jardín y Támesis, vienen siendo objeto de la avanzada inversionista de 4 empresas canadienses: Caramanta Conde Mine, Solvista Gold Corp., Medoro Resources, B2 Gold Corp.; una empresa sudafricana (Anglo Gold Ashanti), y un sinnúmero de empresarios particulares.

 

El territorio de Caramanta es de 9.408 hectáreas, y 5.199 de ellas presentan titulación minera, y otras 2.414 están en solicitud de licencia. Tal irrupción inversionista minera, que se ha hecho mediante la compra de propiedades en gran escala y a precios irrisorios, la ha facilitado la concentración de la propiedad: el 0.46 de los propietarios posee el 45% de la tierra. Y las multinacionales canadienses tienen 1.122 hectáreas tituladas, el 12% del territorio.

 

De suerte que en Caramanta la disyuntiva es inequívoca: o el pueblo o las minas. Lo que provocó la reacción de la comunidad agremiada en la Asociación Agropecuaria de Caramanta, y en el Cinturón Occidental Ambiental (COA). Lograron la intervención de Corantioquia, que en mayo de 2012 ordenó suspender actividades a la minera canadiense Caramanta Conde Mine, porque realizaba actividades no avaladas por la entidad ambiental, como el uso de fuentes hídricas, construcción de vías y de un helipuerto. Un pequeño triunfo que sin embargo no frena la iniciativa empresarial minera comandada por las empresas canadienses.

 

Proyecto Dojurá (Chocó)

 

Dojura es un municipio enclavado en la selva chocoana, tierra poblada por comunidades indígenas y negras, que desde 1999 busca la titulación colectiva de 172.000 hectáreas, a las cuales tienen derecho en virtud de la Ley 70 de 1993. En septiembre de 2011 les fueron concedidos a 43 consejos comunitarios agremiados en Cocomopoca la propiedad grupal de 73.000 hectáreas, el 42% del territorio reclamado.

 

El problema es que de las 86.000 hectáreas tituladas por el gobierno a la multinacional sudafricana Anglo Gold Ashanti, en asocio con la canadiense Continental Gold[5], 55.000 se ubican al interior del territorio concedido por el gobierno a las comunidades afro descendientes. Más aún, incluye el cerro Dojura, considerado por los habitantes como lugar sagrado.

 

Así se ha configurado un triple conflicto, frente al cual tanto AGA como Continental Gold, que se encuentran en la etapa de exploración, han guardado un cauteloso silencio, que preserva sus interesas en proporción inversamente proporcional a la disminución de los derechos colectivos de la comunidad.

 

Zona del piedemonte llanero

 

En los últimos años el piedemonte llanero se ha convertido en una de las zonas claves para la actividad petrolera. La cuenca de los llanos orientales y la del piedemonte suman 28.5 millones de hectáreas, de las cuales 5,7 millones (el 20%) ya fueron entregadas por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) en convenios de exploración y explotación a varias empresas.

 

En diciembre de 2013 Ecopetrol, en asocio con la canadiense Talisman Energy, anunciaron la comercialidad del proyecto Akacías, en el bloque CPO-09, con reservas estimadas de 1.300 millones de barriles de petróleo[6]. Talisman Energy participa con el 45% de la explotación de este bloque, y con el 50% en el bloque CPEB. Metapetroleum, filial de Pacific Rubiales Energy, opera a su vez con el 70% del bloque Quifa. Y Parex Resources participa con el 50% del bloque Capachos y con el 100% del bloque Cabrestero.

 

El problema es que del piedemonte llanero fluyen las aguas que abastecen 7 municipios: Acacías, Castilla la Nueva, Cumaral, Cubarral, Guamal, San Martin y Villavicencio, donde viven 620.500 personas. Pese a los reportes maquillados de las empresas vinculadas a este macroproyecto petrolero, las consecuencias ambientales no se han hecho esperar. Desde el 2010, solo en los proyectos bloque CPO-09 y bloque Llanos 36 3D, se han reportado serios efectos ambientales, frente a los cuales las comunidades reaccionaron con múltiples acciones colectivas, que incluyen bloqueos de empresas contratistas, tomas de vías y una audiencia pública ambiental en Guamal, en octubre de 2013. Así lograron dar la voz de alerta, por lo que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) negó en primera instancia autorización para la explotación del bloque 36 3D, a cargo de la firma colombiana Montecz, quedando en firme el bloque CPO-09, en el que participa Talisman Energy, y otros vinculados a Talisman y Metapetroleum.

 

Con todo, el área protegida por la autoridad ambiental es apenas una minúscula fracción del territorio, por lo que el conflicto persiste y afecta a más de medio millón de habitantes de la zona.

 

Explotación petrolera en Casanare

 

A principios de este  año se registró en el departamento del Casanare una sequía de grandes proporciones, que produjo la muerte de más de 20 mil animales, entre ellos 6 mil chigüiros. Y ello ocurrió en la Orinoquía, la segunda fuente de agua subterránea dulce del país. En julio los habitantes de Yopal, capital de Casanare, realizaron una protesta cívica porque llevan 3 años sin suministro de agua.

 

Aunque aparentemente la crisis del agua no tiene que ver con la inversión petrolera canadiense en Casanare, en realidad sí tiene relación. Este departamento, y el Meta, son los mayores productores de petróleo en el país, y por lo mismo son objeto de un gigantesco feriado de licencias para su explotación, las cuales han tomado a manos llenas las multinacionales canadienses Canacol Energy, Alange Energy Corp, Pacific Rubiales Energy y Parex Resources. Para 2014 en esta región había concesionadas un total de un millón de hectáreas, 850.000 en fase exploratoria y el resto en fase de producción. Y se van a concesionar más licencias para exploración y explotación petrolera por medio de Fracking, que es una técnica que implica actividad sísmica y uso intensivo de agua, y por tanto puede generar una catástrofe ambiental.

 

De hecho los habitantes de Tauramena, otro municipio de Casanare con proyección petrolera, preocupados por los pasos de animal grande que sienten venir, decidieron realizar una consulta popular para impedir la explotación petrolera. El 98% votó en contra de la misma.

 

Proyecto Marmato (Caldas)

 

Marmato se asienta en una montaña llena de oro, por lo que sus 9.000 habitantes viven de horadar la tierra para extraer el mineral que constituyen su sustento. Por eso mismo es un campo de conflicto, donde la comunidad trata de sobrevivir frente a la multinacional canadiense Gran Colombia Gold, que a toda costa busca apropiarse de la montaña para sacarle el oro, que se calcula en cerca de 7 millones de onzas, y 59 millones de onzas de plata[7].

 

Se trata de un proyecto de minería a cielo abierto que involucra el uso de potentes explosivos, químicos peligrosos como el cianuro, la deforestación y devastación de toda la zona, y el uso del agua, en perjuicio de la comunidad. Por ello la comunidad reunida en el Comité Pro-Defensa de Marmato y el Consejo Regional Indígena del Cauca, se ha resistido a entregarle la montaña a la multinacional canadiense, con lo que se ha desatado una silenciosa disputa, que tuvo su punto álgido con el asesinato del sacerdote José Reinel Restrepo, quien había declarado que sólo muerto lo sacarían del pueblo.

 

Pese a que los mineros de Marmato no se han dejado sacar de la empresa y se han mantenido en la parte alta de la mina, y a que el Concejo Municipal en 2011 prohibió la mina a cielo abierto, el conflicto persiste. Por un lado, el gobierno nacional ha buscado mecanismo para impedir que comunidades y gobiernos locales se opongan a proyectos mineros, por ser de “interés nacional”; y por el otro la multinacional canadiense sigue buscando mecanismos de irrupción en la parte alta de la montaña, a la vez que mantiene la explotación minera en la parte baja.

 

Proyecto Angostura, Páramo de Santurbán

 

El páramo de Santurbán se ubica entre los departamentos de Santander y Norte de Santander, en un área de 142.610 hectáreas. Es un complejo de enorme riqueza de aguas, biodiversidad, fauna, flora y recursos minerales. Además, es una zona de recarga y regulación hídrica estratégica. 48 municipios de ambos departamentos, donde viven 2.3 millones de personas, se abastecen del agua proveniente de 5 quebradas, 2 ríos y 10 lagunas. Según la empresa de acueducto de Bucaramanga, los efectos de la explotación minera sobre el suministro de agua suponen un serio peligro.

 

La parte correspondiente a Santander, entre los municipios de Vetas y California, es un sitio rico en minerales, especialmente oro y plata, por lo que una parte de sus habitantes se dedica a la pequeña minería de subsistencia. La llegada de la multinacional canadiense Greystar (ahora Eco Oro) dio pie a un conflicto que se expande a todo el departamento. Claro que esta empresa sólo cuenta con la titulación del terreno, y desde 1995 ha invertido más de 140 millones de dólares sin extraer ni un gramo del metal.

 

Greystar tiene 36 mil hectáreas asignadas, que hacen parte del páramo de Santurbán, cuyas reservas se estiman en 9 millones de onzas de oro y 59 millones de onzas de plata. De ahí que a septiembre de 2010 sus acciones tenían ganancias en la bolsa valoradas en 266 millones de dólares. Greystar parece que no está en el negocio de la explotación minera sino en el de la especulación financiera. 

 

Ante el abandono estatal, la estrategia de la empresa canadiense es ganarse a la población supliendo parte de sus necesidades. Financió la estación de radio del municipio de Vetas, el jardín infantil, el colegio y el coliseo principal de California, además de prometer la pavimentación de los municipios hasta Bucaramanga.

 

Ante la presión de la sociedad civil, Greystar decidió retirar la solicitud de explotación minera, aunque meses después (en septiembre de 2011), y luego de cambiarse el nombre a Eco Oro, la volvió a solicitar. En el interregno, las autoridades ambientales actuaron en defensa del páramo, y el proyecto se encuentra paralizado[8], pero la latencia del conflicto continúa.

 

Proyecto Gramalote, Antioquia

 

El proyecto Gramalote se ubica en el oriente de Antioquia y cobija 6 municipios: San Roque, Santo Domingo, Cisneros, Maceo, San Rafael y Yolombó, donde se estima que las reservas de oro pueden llegar a 2.39 millones de onzas. Se trata de un proyecto de riesgo compartido entre la multinacional sudafricana Anglo Gold Ashanti y la empresa canadiense B2 Gold.

 

La multinacional Anglo Gold Ashanti es una compañía con pésimo historial, no sólo medioambiental sino también en Derechos Humanos. En el caso colombiano, llaman la atención 3 fenómenos: el primero es el vínculo “raramente” causal entre la llegada de la multinacional y la presencia de grupos paramilitares, lo que explicaría por qué éste es uno de los pocos proyectos en el que la resistencia de las comunidades ha sido nula: las secuelas de la violencia y el miedo han impedido cualquier forma de organización. El segundo es la adquisición de títulos en zonas protegidas, especialmente páramos. Y el tercero es la puerta giratoria que existe entre el gobierno y puestos de dirección en la multinacional. El director operativo del proyecto estuvo encargado de Ingeominas, la entidad que concedió la titulación a AGA y a B2 Gold[9].

 

Este proyecto se encuentra en etapa de estudios de factibilidad, y está pronto a comenzar operaciones de explotación, presumiblemente bajo el modelo de mina a cielo abierto. Las consecuencias medioambientales y de seguridad alimentaria en una zona cuya base económica es la agricultura de subsistencia, no se harán esperar. Pero bajo la sombra del miedo, es posible que dichos efectos no aparezcan en toda su dimensión sino cuando los daños sean irreparables.

 

Proyecto La Vega-Mocoa, Cauca y Putumayo

 

El Macizo Colombiano es la principal “fábrica de agua” del país”. Surte el 70% de los acueductos de Colombia, lo que da cuenta de su enorme importancia estratégica, al punto que la Unesco lo declaró reserva de la biósfera. Alberga 15 páramos, varios volcanes y 65 lagunas. Tiene 3 millones 200 mil hectáreas, de las cuales cerca de la mitad son bosques y 200 son áreas de páramo.

 

Allí se encuentran La Vega (Cauca) y Mocoa (capital de Putumayo), municipios que se caracterizan por una fuerte agricultura de subsistencia minifundista, de la que viven 45.000 personas, además en medio de conflicto armado entre las guerrillas, el ejército y los paramilitares. En esta zona, al igual que en el conjunto del Macizo Colombiano, avanza avasalladora la gran minería transnacional, capitaneada por la multinacional Anglo Gold Ashanti. También participan las canadienses Continental Gold y B2 Gold, ésta última en asociación con la primera.

 

Estas empresas pretenden extraer principalmente oro y cobre en La Vega, y Molidebno y cobre en Mocoa, todo ello en un terreno de 13.654 hectáreas. Pero se han topado con la fuerte oposición de la comunidad indígena, campesina y afrodescendiente, pues supondría la desaparición, no sólo de la economía campesina de subsistencia sino también de los pueblos mismos; esto porque el proyecto, junto a otros que se desarrollan en la región, abarcan un altísimo porcentaje del territorio. Por ello el proceso de explotación minera avanza lentamente, y por tanto el conflicto aún no ha virado de su etapa de latencia a la fase de abierta confrontación.

 

Quinchía, departamento de Risaralda

 

Quinchía se encuentra ubicado al occidente de Risaralda, y hace parte del llamado cinturón del Cauca Medio, una de las zonas más ricas en minerales, en la que también se halla Marmato y la gran reserva de oro de La Colosa, Tolima. Es un municipio de vocación agrícola, y como complemento económico hay unos 2.000 mineros informales que realizan labores artesanales de filón, aluvión y barequeo.

 

En el 2007 la Anglo Gold Ashanti, que entró a Quinchía en 2003, le vendió sus títulos a la canadiense B2 Gold, que a su vez los revendió a las también canadienses Batero Gold y Seafield Resources. La primera de ellas tiene el proyecto Batero-Quinchía, con recursos indicados de 3.54 millones de onzas de oro, 12.3 millones de onzas de plata y 438 millones de libras de cobre. Y Seafield Resources afirma que su proyecto tiene reservas por 3 millones de onzas de oro. Su explotación sería a cielo abierto, pero hasta ahora sólo se han realizado labores de exploración.

 

La irrupción de estas mineras canadienses implica 3 problemas. El primero es el cambio de vocación productiva del municipio, pues más del 10% de su territorio está titulado a las mineras canadienses, con posibilidad de ampliación[10]. Lo que comporta un problema de seguridad alimentaria, que se suma a los problemas de uso del agua y devastación de fauna y flora que acompañan a los proyectos de minería a cielo abierto.[11] El segundo problema tiene que ver con la minería artesanal, que el gobierno considera ilegal y ha perseguido desde el mismo momento en que se concedió la titulación a las empresas canadienses. Se trata pues de un conflicto entre la comunidad de Quinchía y estas empresas. Y el tercer problema está asociado a las actividades especulativas de estas empresas, que sin haber comenzado a extraer oro (planean iniciar en 2015) ya están sacando cuantiosos dividendos, de los que el municipio no ha visto un peso.

 

Expoliación en Segovia, Antioquia

 

Este es uno de los casos de robo más aberrantes por parte de una multinacional de origen canadiense, que además involucra a altos funcionarios del Estado.

 

La Frontino Gold Mines se estableció en Segovia desde 1852, y desde entonces fue operada por inversionistas estadounidenses, lo que le ha valido el triste título de ser la zona urbana más contaminada por mercurio del planeta. En 1979 esta empresa fue liquidada y sus dueños la entregaron a sus trabajadores activos (1.600) y jubilados (1.440) en dación de pago por sus pasivos laborales y pensionales, con documentos que certifican tal hecho, firmados en New York.

 

Haciendo omisión de esos derechos, en 2010 el gobierno vendió esta empresa a la canadiense Medoro Resources, luego llamada Continental Gold por su fusión con esta última. Se consumó así una expoliación en toda regla, de la que la exministra de relaciones exteriores, María Consuelo Araujo, sacó beneficio personal porque terminó siendo la gerente de Continental Gold en Colombia. La mina de Segovia produce el 4% del oro del país: 55.000 onzas de oro año.

 

A esto se suma que con la llegada de la compañía canadiense el conflicto armado, que siempre ha existido en esta zona, adquirió nuevas dimensiones, pero extrañamente la compañía no se ve afectada en su producción. En cambio los mineros sí se ven extorsionados, amenazados y asesinados, como constatan los 280 asesinatos ocurridos desde la llegada de la multinacional hasta el 2012[12], muchos de ellos trabajadores, dirigentes sindicales y pequeños propietarios mineros[13].

 

Taraira, Vaupés

 

En 2007 Ingeominas le otorgó a la multinacional canadiense Consigo-Frontier la concesión de 10.000 hectáreas en el municipio de Taraira, Vaupés, para explotación aurífera.

 

Tal concesión se hizo sin proceso de consulta previa, obligatoria porque el proyecto está en territorios de comunidades indígenas y es importante reserva forestal. Por tal motivo en 2008 la autoridad ambiental ordena la suspensión de las actividades de la multinacional, orden que ese mismo año se levanta y la compañía continua con sus actividades. Es más, la autoridad minera le concedió dos títulos más: el IH3-16001X (9.973 hectáreas) y el IGH-15001X (2.010 hectáreas), dos días después de declararse la zona como Parque Nacional Yaigojé Apaporis[14].

 

Este caso es importante porque, en primer lugar, al menos formalmente, en el país está prohibida la titulación minera en parques nacionales, y a la fecha los gobiernos de Uribe y Santos han entregado 30 títulos en estas zonas restringidas, dos de los cuales a la canadiense Cosigo Frontier[15]. Y en segundo lugar, porque allí viven comunidades indígenas, habitantes ancestrales, que consideran sagrado el lugar donde Cosigo pretende desarrollar su actividad minera.

 

Suarez, departamento de Cauca

 

En los corregimientos La Toma y Buenos Aires, del municipio de Suárez, las comunidades afrocolombianas asentadas han vivido del oro por más de 40 años, con las modalidades artesanales de barequeo y socavón[16]. Pese a ello, desde el 2006 entran a la zona las multinacionales Anglo Gold Ashanti y Cosigo Resources, esta última canadiense, con el fin de establecer una mina a cielo abierto. Para ello se han hecho de títulos mineros que en solo en el corregimiento La Toma alcanzan 6.500 de sus 7.000 hectáreas, lo que implicaría su desalojo.

 

En total, las dos terceras partes del municipio de Suárez están en trámite para explotación de oro, y para ello más de 10 mil hectáreas ya han sido concedidas a particulares y a multinacionales. En la zona también se ha hecho presente el terror. El caso más sonado fue la masacre de 8 mineros informales a manos de paramilitares en abril de 2010[17].

 

No obstante, en mayo de 2011 la Corte Constitucional ordenó a Ingeominas suspender todas las licencias de explotación minera en La Toma, hasta no llevar a cabo la consulta previa con las comunidades afrodescendientes de la zona. La batalla hasta el momento la gana la comunidad, pero la historia continúa.

 

Titiribí, Antioquia

 

El municipio de Titiribí está ubicado a 70 kilómetros al suroeste de Medellín. Aunque su economía es básicamente agrícola, tiene igualmente una tradición minera que se remonta a tiempos coloniales. Cuando se creía que tras un siglo de explotación en este municipio ya no existía más oro, aparte de la tradicional minería artesanal informal, en 2010 la historia dio un giro con la llegada a la zona de las mineras canadienses SunWard Resources y Gran Colombia Gold. 

 

La primera aterrizó tras comprar las propiedades mineras a la también canadiense Goldplata Resources. Se estima que las existencias de oro allí alcanzan 4.58 millones de onzas indicadas, y otras 6.44 millones de onzas inferidas[18]. La Gran Colombia Gold, por su parte, compró la mina La Independencia, en el llamado proyecto El Zancudo, del cual explota unas 130.000 onzas año.

 

Se presenta, por tanto, un conflicto que enfrenta a las grandes mineras canadienses con los pequeños mineros artesanales; conflicto que permanece en estado de latencia, pues la oposición ha sido pequeña y fragmentaria, mientras que el proyecto minero de las canadienses cuenta con el sólido respaldo del gobierno en sus niveles nacional, departamental y local.

 

Uranio conflictivo en Samaná, Caldas

 

Aunque desde 1979 se conoce la existencia de uranio en el municipio de Samaná, sólo hasta 2009 comenzó un plan serio de exploración de las reservas de este mineral radioactivo en los corregimientos Berlín y San Diego.

 

Gaia Energy tiene 10.700 hectáreas concesionadas mediante 4 títulos mineros, y adelanta investigaciones en el corregimiento de Berlín, encontrando el momento reservas de 20 millones de libras de uranio. Se estima que para ser rentable la explotación debe asegurar reservas de 100 millones de libras.

 

No obstante, esa no es la única propiedad minera de la canadiense U308 Corp. Además de reservas de uranio, el área concesionada tiene reservas de vanadio, fosfato, itrio, molibdeno, neodimio y níquel[19].

 

Podría tratarse de una tragedia ambiental y de salud pública anunciada, pues es evidente el riesgo asociado a dicha actividad. El uranio en cualquiera de sus estados (natural, enriquecido o empobrecido) tiene efectos tóxicos en el cuerpo humano, más aún si se explota a cielo abierto.

 

Lo preocupante, añadido a lo anterior, es que hasta el momento ni la comunidad tiene consciencia clara de los riesgos inherentes a esta actividad minera, ni el Estado colombiano posee una reglamentación en la materia.

 

Publicado 18 de septiembre de 2014.

 

[1] Véase: “Pacific afirma que llegará a medio millón de barriles”. Portafolio, 12 de abril de 2011, www.portaflio.com.

[2] Véase: Pantin, Ronald. 2013. “Los retos del sector hidrocarburos: el caso Pacific”. El Espectador, 26 de junio de 2013, www.elespectador.com.

[3] Environmental Justice Atlas (EJAtlas). Bosques de Bahía Solano, Colombia. En: http://ejatlas.org/conflict/bosques-de-bahia-solano-colombia.

[4] Molano, Alfredo (2011). “¿A quién le importa Juan Ceballos?”. En: http://www.elespectador.com/opinion/quien-le-importa-juan-ceballos-columna-269818

[5] Esta empresa canadiense tiene en Colombia un amplísimo espectro de intereses mineros. Se conocen al menos 6 proyectos concretos: Buriticá, Berlín, Dominical, Dojura, Santander, Anzá, lunareja, y Arenosa y Zaragosa. Ver: Eafit: http://www.eafit.edu.co/escuelas/economiayfinanzas/laboratorio-financiero/burkenroad/burkenroad2012/continental-gold-2012.pdf

[6] Ecopetrol S.A. “Ecopetrol y Talisman anuncian la comercialidad de Akacías en el bloque CPO-09”. En: http://www.ecopetrol.com.co/contenido.aspx?catID=148&conID=79328&pagID=135588

[7] Alfredo Molano Bravo (01 de octubre de 2011). “El espejismo de Marmato”. En: http://www.elespectador.com/noticias/nacional/el-espejismo-de-marmato-articulo-302997

[8] Environmental Justice Atlas (EJAtlas). Ibíd.

[9] Lasillavacia.com (30 de junio de 2011). “Las preguntas detrás de Anglo Gold Ashanti”. En: http://lasillavacia.com/historia/las-preguntas-detras-de-anglogold-ashanti-25503

[10] Eltiempo.com (10 de junio de 2012). “Buscan frenar minería ilegal en el eje cafetero”. En: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-11934181

[11] Ver: http://www.risaraldahoy.com/2013/04/acueductos-comunitarios-de-quinchia-en.html

[12] Wradio.com (26 de octubre de 2012). “Enfrentamientos entre BACRIM por minería ilegal dejaron 280 muertos en Segovia en 2012”. En: http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/enfrentamientos-entre-bacrim-por-mineria-ilegal-dejaron-280-muertos-en-segovia-en-2012/20121026/nota/1785833.aspx

[13] Elcolombiano.com (16 de enero de 2012). “Asesinato de otro minero causa preocupación en Segovia”. En: http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/A/asesinato_de_otro_minero_causa_preocupacion_en_segovia/asesinato_de_otro_minero_causa_preocupacion_en_segovia.asp

[14] Indepaz (junio de 2012). “Taraira: se abre el ojo del huracán minero en la amazonía colombiana”.

[15] Revista Semana (23 de marzo de 2013). “Naturaleza minada en parques Nacionales”. En: http://www.semana.com/nacion/articulo/naturaleza-minada-parques-nacionales/337666-3

[16] Environmental Justice Atlas (EJAtlas). “Suarez, Cauca Colombia”. En: http://ejatlas.org/conflict/surez-cauca-colombia

[17] Revista Semana (08 de abril de 2010). “Oro, violencia y muerte en Suarez, Cauca”. En: http://www.semana.com/nacion/problemas-sociales/articulo/oro-violencia-muerte-suarez-cauca/115274-3

[18] Alcaldía de Titiribí: http://www.titiribi-antioquia.gov.co/Emp_enlac.shtml

[19] Poder colombiano (18 de junio de 2012). “Uranio en Colombia”. En: http://elpodercolombiano.blogspot.com/2012/06/uranio-en-colombia.html

 

Fuente: ENS