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Desde el año 2010 la empresa Atlas Seguridad pregona con bombos y platillos su pertenencia al Pacto Global de Naciones Unidas, el cual solo admite empresas socialmente responsables. Y adicionalmente, goza del reconocimiento como uno de los mejores lugares para trabajar en Colombia, según el Great Place to Work Institute, debido a sus buenas prácticas de gestión humana.

Sin embargo, bajo la superficie de todo ese autobombo publicitario, se esconden las feroces prácticas violatorias del derecho de asociación sindical, libertad sindical y negociación colectiva que, sistemáticamente, Atlas Seguridad implementa como parte de su política empresarial; adobado todo eso con una intensa persecución e intimidación a los trabajadores que recientemente se atrevieron a organizarse en un sindicato.

¿Cómo entonces una empresa que incurre en tales violaciones puede vanagloriarse de ser socialmente responsable? Es la pregunta que al parecer no se hicieron, o no se quisieron hacer, las entidades que le otorgaron los reconocimientos arriba mencionados.

Nacida en Cali hace 38 años, Atlas Seguridad es una empresa colombiana (sus accionistas son todos de origen vallecaucano) que juega en las grandes ligas del sector de la seguridad y vigilancia privada y el transporte de valores del país, un sector que ha crecido de manera sostenida en los últimos años, y en el que compite con 4 grandes multinacionales: Prosegur, Brinks, G4S y Securitas, las cuales tampoco son un dechado en el respeto del derecho de asociación sindical (Ver informe que en días pasados publicamos sobre el caso Prosegur.

Según la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad, Atlas Seguridad es en el sector la segunda en ingresos operacionales, que en 2012 ascendieron a $241 mil millones; y de las mayores en número de trabajadores: más de 11 mil en 24 ciudades. Solo que tal pujanza económica no se refleja en la relación que tiene con sus trabajadores, tensa en los últimos años pese a la supuesta filosofía de responsabilidad social y buenas prácticas de gobierno corporativo que esta empresa tanto pregona.

Reiteradamente el sindicato ha denunciado el maltrato que los administradores y mandos medios ejercen contra los vigilantes, así como sus largas jornadas laborales, que sobrepasan las 48 horas semanales; en ocasiones deben trabajar 12 horas de domingo a domingo, sin descanso, y en algunos casos hasta 16 horas.

El malestar por tales situaciones fue lo que, el 11 de agosto del 2013, llevó a un grupo de trabajadores a organizarse en un sindicato (Sintra-Atlas, filial de la CTC), para poder así negociar sus condiciones laborales. Inicialmente conformaron la subdirectiva de Tuluá, y luego las de Buga, Cali, Buenaventura, Medellín y Bogotá, para un total de 300 afiliados.

Pero el camino para llegar a este punto no ha sido nada fácil para el sindicato; ha sido un camino de espinas, dada la cruzada que la empresa ha emprendido para tratar de borrarlo del mapa, o por lo menos para impedir que se consolide.

Cruzada antisindical con todos los fierros

En efecto, una vez se creó el sindicato y éste procedió a radicar su pliego de peticiones para resolver sus aspiraciones por la vía negociada, Atlas Seguridad, en claro desconocimiento de la organización sindical, no sólo se ha negado a dar respuesta al pliego (desde hace 6 meses), sino que desencadenó una estrategia para bloquear el sindicato, asegura John Jairo Caicedo, vicepresidente de la CTC.

Estrategia que, como se dice coloquialmente, ha sido con todos los fierros, y que se materializa en acciones como: violación de los fueros sindicales, represalias contra los directivos y afiliados del sindicato, e intensas presiones para que éstos se retiren. En Tuluá, solo tres días después de creado el sindicato, fueron despedidos el vicepresidente de la organización, John Jairo Vacca Muñoz, el fiscal Saúl Antonio Arias, y los socios fundadores Eusebio Vargas y José Arvey Arango y Guillermo Quintero, quien padece, además, una enfermedad terminal.

Tales despidos los hizo arguyendo justa causa y sin mediación de orden judicial de levantamiento de fuero sindical, por lo cual los afectados instauraron acciones de tutela para lograr su reintegro. En primera instancia los fallos les fueron favorables y debieron ser reintegrados, pero en segunda instancia el juez, pese a que de por medio había una clara violación del derecho de asociación, falló a favor de la empresa. Entonces ésta procedió a despedirlos por segunda vez.

Y en la seccional de Medellín, creada el 12 de diciembre, tampoco le tembló la mano para despedir al presidente, vicepresidente y secretario de comunicaciones del sindicato. En total, desde la presentación del pliego hasta hoy, Atlas Seguridad ha despedidos 18 trabajadores afiliados a la organización, todos cobijados con fuero circunstancial en razón al pliego de peticiones presentado por el sindicato.

“Pero a pesar de esa andanada contra el sindicato, los compañeros se han seguido afiliando de forma graneada, y cada vez son más los que participan en los mítines que se hacen en las ciudades donde hay seccionales”, dijo John Jairo Caicedo, de la CTC.

En su afán por obstruir el funcionamiento del sindicato, la empresa también apela a otra serie de prácticas que podrían denominarse “guerra de baja intensidad”, como permanentes llamados a descargos a los trabajadores sindicalizados; el negarse a entregar los descuentos sindicales a la organización, arguyendo que ésta se conformó de manera ilegal; no otorgar permisos a integrantes de la junta directiva nacional para llevar a cabo reuniones y actividades de atención a los trabajadores; presiones de los mandos medios a través de los equipos de comunicación de la empresa; el mantener aislados a los dirigentes del sindicato de los trabajadores no sindicalizados; y la utilización de la infraestructura de vigilancia de la empresa para intimidar y hacer seguimientos.

Además, el pasado 30 de octubre, en una sesión del CECOIT, que es un espacio de diálogo en el que participa la OIT, Atlas Seguridad se presentó como respetuosa del derecho de asociación, pero se negó a reunirse simultáneamente con el sindicato. Y no solo eso: al día siguiente procedió a despedir a los directivos nacionales de Sintra-Atlas que habían sido reintegrados.

El pliego que no quiere negociar

Ya hace más de 7 meses que el sindicato presentó su pliego de peticiones (el 2 de septiembre), que la empresa de manera sistemática se ha negado a negociar, por lo cual Sintra-Atlas ha presentado 5 querellas ante el Ministerio de Trabajo, sin que éste haya tomado cartas al respecto, poniendo de presente, una vez más, su ineficacia para proteger el derecho de negociación colectiva y libertad sindical en el país, de acuerdo con lo establecido en el artículo 433 del Código Sustantivo del Trabajo.

Entre los puntos más relevantes del pliego de peticiones presentado por el sindicato, están:

El reconocimiento a la organización sindical y sus afiliados, de modo que se garantice el respeto por quienes la integren y las garantías para su desarrollo.
Establecimiento de una jornada de trabajo que respete las 48 horas semanales y los días de descanso.
Reconocimiento del costo de cursos, especializaciones, actualizaciones o reentrenamiento por parte de la empresa.
Establecimiento de un régimen disciplinario que garantice a todos los trabajadores un proceso transparente.
Otorgamiento de permisos sindicales, primas y auxilios.

Fuente: ENS