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El pasado martes 10 de diciembre la empresa impidió que se realizara  la votación que determinaría la huelga legal en todas las sucursales del país.
La empresa que cuenta con 600 empleados en todo Chile,  de los cuales un poco más de 400 están sindicalizados, impidió la votación que significaría un paro casi total en uno de los momentos más altos nivel de ventas.  Durante la tarde del martes los trabajadores debían votar para decidir a nivel nacional si realizaban la paralización, como una manera de presionar a la empresa a ceder en algunas de sus demandas; sin embargo, en la mañana se enteraron que la Inspección Comunal del Trabajo de Santiago Oriente decidió no autorizar a los ministros de fe a concurrir a la votación, por lo que no podrían efectuarla. Y no sólo en la capital: en el sindicato explican que esa decisión llegó hasta las oficinas de Viña del Mar y Concepción con la misma orden, pese a que no tienen la facultad de hacerlo como organismo comunal.
Ante este hecho el sindicato presentó una denuncia en la dirección nacional por la “decisión unilateral de la inspección oriente” de impedir la votación.  Esto se suma la campaña de desafiliación que le empresa está llevando adelante con total descaro.

La paralización –que hubiese sido la primera de la historia de la cadena en el país– se realizaría luego del rechazo total de la empresa al proyecto de negociación colectiva que el gremio presentó el 30 de octubre, argumentando que era “ilegal y atemporal”. “Nosotros presentamos el proyecto en las fechas correctas, que venía a reemplazar el anterior contrato colectivo con la empresa. Las razones que dieron para el rechazo es una simple interpretación antojadiza del Código del Trabajo por parte de ellos”, explica Carmencita Verdugo, presidenta del sindicato.

El sindicato de Zara presentó una impugnación en el 2º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago con el objeto de legitimar el interrumpido proceso de huelga. Mientras tanto, la negociación colectiva quedó en suspenso hasta que la Justicia se pronuncie a favor o en contra, para luego optar a presentar un recurso de protección contra lo que consideran una ilegalidad.