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El español Banco Santander Central Hispano (SCH) es la mayor entidad financiera privada que opera en toda América Latina y el Caribe, pero su actividad crediticia suele hacer estragos. En el marco del Tribunal Permanente de los Pueblos, la institución bancaria está siendo acusada por su corresponsabilidad en el financiamiento para la construcción de cuatro represas y una hidrovía sobre el Río Madeira, lo que tendrá efectos ambientales en territorios de Brasil y Bolivia.

El caso fue presentado por el brasileño Movimiento de Afectados por las Represas (MAB por sus siglas en portugués), y las organizaciones españolas Xarxa de l'Observatori del Deute en la Globalització (XODG) y SETEM.

Los denunciantes advierten que este megaproyecto expulsará de sus territorios a unas 5000 familias que se verán convertidas en "refugiados ambientales sin tierra ni compensación alguna". El Banco Santander está dispuesto a financiar el 20 por ciento del costo total del proyecto, que se estima será de unos 14 200 millones de dólares.

El proyecto Río Madeira forma parte de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), y su diseño está pensado para transportar soja, madera y minerales de la Amazonía con destino a los grandes consumidores (Estados Unidos, Unión Europea y China).

El IIRSA es dirigido y promovido por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), distintas redes de empresarios, terratenientes y administraciones locales, con el objetivo de exportar commodities de acuerdo a las necesidades de la clase consumidora mundial y en función de los precios del mercado internacional, según la denuncia.

"Es decir, la infraestructura física necesaria para el libre comercio que se complementa con los TLC y parte imprescindible para el saqueo de las transnacionales productivas", agregan.

En una entrevista con Radio Mundo Real, el activista español Víctor Maeso, de SETEM, afirmó que a pesar de que el Tribunal de los Pueblos es simbólico y no vinculante, se trata de una buena oportunidad de dar a conocer los datos recogidos en esta campaña contra Banco Santander, que comenzó hace un año.

Maeso alertó que las obras sobre el Madeira vulnerarán los derechos de las comunidades indígenas; desplazarán a comunidades ribereñas enteras y tendrán graves impactos a nivel sanitario, entre otras cosas por la acumulación de flujos de mercurio.

También hizo hincapié en la pérdida de biodiversidad y la soberanía alimentaria; y la interrupción de la migración de especies de peces, lo que afectará a unos 2400 pescadores de la región.

Los grupos denunciantes sostienen que el Grupo Santander no informa y no cumple el débil régimen normativo internacional que rige su actividad. "No se aplican ni las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales, ni el PIDESC de Naciones Unidas, ni el Convenio 169 de la OIT por el que se establece derecho a consulta a las comunidades indígenas afectadas, ni estándares propios de la comunidad financiera como los Principios de Ecuador ni mucho menos los Principios de Collevechio", afirmaron en Lima.

Para mayor información, tomar contacto con marcio.monzane@uniglobalunion.org