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17 de Octubre

El 17 de octubre de 1945, a la par de expresar una fenomenal movilización popular de apoyo a las posiciones de Juan D. Perón encuadrada en un paro general convocado por la CGT, marcó el protagonismo de los trabajadores en el debate de las grandes cuestiones nacionales. Los argentinos nos acercamos entonces -y como nunca- a la Democracia real. Fue una etapa donde la Justicia Social fue realidad en el marco de una política económica y social que consolidó la integración nacional y la soberanía de nuestro país. Fue en ese proceso en que la mujer argentina, hasta entonces excluida, contando con el indiscutible liderazgo de Eva Perón, alcanzó la vigencia plena de sus derechos políticos manifestada a través del voto femenino.



En un progreso compartido por todos los trabajadores, los bancarios obtuvimos entonces nuestra jornada laboral de 7,30 horas, la reglamentación de la denominada Ley de Estabilidad y Carrera Bancaria, servicios sociales que garantizaron la asistencia a nuestra salud con el respaldo de la contribución sobre las comisiones e intereses bancarios que luego ratificaría la ley 19322, la Policlínica Bancaria en una iniciativa respaldada por Eva Perón y la vida gremial plena para la defensa de nuestros derechos dentro de los bancos.



El Banco Central y el comercio exterior fueron nacionalizados para ser administrados por el Estado Nacional. El sistema financiero fue regulado para garantizar el crédito imprescindible para el fomento de la producción nacional. Todo con un objetivo claro: defender el trabajo argentino y promover una economía de pleno empleo. No es ocioso hoy recordar que estas decisiones fueron producto de las enseñanzas dejadas por la crisis económico-financiera que, con origen en EE.UU., afectó al mundo a partir de 1929, con consecuencias que se sufrirían durante la mayor parte de los años '30, conocidos en nuestro país como la década infame. Sabias decisiones que fueron progresivamente derogadas e ignoradas a partir de 1955 y hasta el año 2001, excepto en los gobiernos de Héctor Cámpora y Juan D. Perón inaugurados en 1973.



Hoy, una crisis financiera de análogas dimensiones, aunque en otro contexto y también originada en los EE.UU., de aún imprevisibles derivaciones, conmueve al mundo.



Los bancarios argentinos tenemos la autoridad de haber advertido sobre las consecuencias de la desregulación financiera impuesta en el mundo a mediados de los '70 desconociendo las enseñanzas de la crisis del '29. Lo hicimos como pudimos en aquellos momentos, a pesar de la cruel dictadura instaurada en 1976, precisamente para imponer la "liberalización" del sistema financiero (Ley 21526) y promover las políticas económicas neoliberales estructuradas alrededor de la valorización especulativa del capital en detrimento del desarrollo de la economía real. El retorno al régimen constitucional nos encontró reclamando la revisión de aquella legislación y liberalización financiera frente a gobiernos que, lamentablemente, en lo esencial, siguieron adscribiendo al neoliberalismo económico. No fuimos escuchados. Los resultados son de sobra conocidos: la desindustralización, el desempleo, un colosal endeudamiento y la degradación de la soberanía nacional, el quebranto del 2001. Todo ello promovido por la codicia sin límite de quienes se apropiaron de fenomenales ganancias fáciles e impusieron, a la hora del desastre que generaron, la socialización del quebranto del que eran responsables.



Si en estos días la crisis encuentra al país con otro nivel de solidez de la economía y del sistema financiero, ha sido precisamente porque, a partir de 2003, los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, han ido recuperando la estrategia del proyecto de país integrado y soberano liderado por Juan D. Perón, con Justicia Social, que promovieron los trabajadores aquel 17 de octubre.



Pero, a la vista de los problemas generados en nuestro país por el egoísmo de los formadores de precios y de quienes insisten en un perfil especulativo para el sistema financiero, no pueden ignorarse ni las enseñanzas que dejaron las trágicas jornadas del quebranto de 2001, ni la descomunal crisis financiera generada por la codicia sin freno de los especuladores - toda una casta de dueños, altos ejecutivos obsesionados por la ganancia fácil de corto plazo, gurúes disfrazados de economistas, beneficiados por "bonus" obscenos mientras niegan elementales derechos a los bancarios- y facilitada por gobiernos colonizados por éstos. Hoy, nuevamente, como lo comprendió el Presidente Franklin D. Roosevelt en los '30 en los propios EE.UU., es otra vez una conclusión generalizada que deviene imprescindible aquello que los bancarios argentinos venimos sosteniendo desde hace más de 30 años: el sistema financiero debe ser estrictamente regulado, supervisado, reformado y orientado para garantizar el crédito que la economía necesita. El "mercado" -está visto- no tiene capacidad de "autorregularse" y carece de eficiencia a la hora de asignar recursos.



Por ello, junto a las imprescindibles medidas para proteger el trabajo nacional que ha reivindicado el reciente Comité Central Confederal de la CGT, ante consecuencias que desde el comercio exterior pueden afectar el actual proceso de desarrollo económico, en materia financiera es mejor prevenir. No es admisible que siga en vigencia la Ley de Entidades Financieras que promovió Martínez de Hoz en 1977 con consecuencias bien conocidas. No se trata, además, a la vista del complejo entramado financiero actual, de centrar la supervisión solamente en los bancos. Hay que regular a los conglomerados financieros y fondos de inversión que, en general, lideran. Por ello es necesario en el ámbito nacional y regional:



1. Garantizar la acción coordinada de los organismos de supervisión de todo el sistema: el Banco Central, Comisión Nacional de Valores, Superintendencias de Seguros y AFJP, institutos para los sectores cooperativos y mutualistas, y la AFIP, superando superposiciones y la actual dispersión.



2. El rediseño del actual sistema financiero, en particular la instrumentación de un esquema de banca de desarrollo e hipotecaria estatal, junto a la efectiva adopción de estrategias comunes e institucionalizadas en la región (el Banco del Sur debe pasar a ser una realidad) para promover el desarrollo, atendiendo las necesidades de los sectores productivos y las familias con crédito asequible de mediano y largo plazo. El Banco Central debe garantizar la orientación del crédito en función del interés nacional. Las entidades privadas locales que operan a través de vinculadas en la banca off shore (paraísos fiscales) deben tener regulaciones específicas para evitar las fugas de capitales y la evasión de contribuciones. Las entidades privadas extranjeras deben ofrecer garantías reales para operar en nuestro país y tener regulaciones específicas.



3. Coherentemente, implementar la reforma y perfeccionamiento de la legislación financiera, incluyendo regulaciones claras para el sector, impuestos específicos al movimiento de capitales y disposiciones en materia penal específicas. No puede ser que los responsables de tamaños quebrantos sigan impunes.



4. Alcanzar un acuerdo con los países de América del Sur para participar en el rediseño de las reglas de juego para el sistema financiero en el mundo que ya están proponiendo los países desarrollados (OCDE)



También es insoslayable a la luz de la exposición que tienen a la crisis, una nueva revisión del sistema de las AFJP, así como de los seguros de salud (medicina prepaga) y accidentes de trabajo que -está demostrado- afectan no sólo a la economía de las familias que siguen confiando en los mismos, sino también a la situación financiera presente y futura del propio Estado Nacional. Las prestaciones previsionales, la salud y los riesgos del trabajo no pueden depender de empresas de seguro privadas, por más que estén disimuladas tras pseudo obras sociales o prestadoras de servicios médicos, cuyo objetivo, por otra parte, es el lucro. La Seguridad Social - sistema previsional, salud, seguro de empleo- es responsabilidad inexcusable del Estado



Por último, debemos señalar que ante un previsible retroceso de la demanda mundial que ya está afectando a la producción nacional, es más que claro que hay que fortalecer el mercado interno nacional y hacer realidad el mercado común regional, sosteniendo el consumo de los bienes necesarios para una vida digna para todos los argentinos. Ello sólo puede lograrse a partir de una más justa redistribución de la riqueza y es incompatible con empresarios locales ricos, cada vez más ricos, que siguen fugando capitales de nuestro país, manteniendo miles de millones de dólares en el exterior. Esto supone:



a) Perfeccionar el accionar del Estado en materia de control de las estructuras de costos de los principales formadores de precios, incluidos los bancos, teniendo en cuenta el importante nivel de extranjerización que registra la actual estructura productiva;



b) Una adecuada reforma impositiva;



c) Salarios suficientes. En este punto es pertinente aclarar que, en nuestro caso, se han concretado presentaciones ante las Cámaras empresarias, que no han tenido la debida respuesta. Por ejemplo, no es admisible que los bancos privados, que se recuperaron del quebranto de 2001 a costa de la sociedad y hoy exhiben un alto nivel de rentabilidad (38% más que en 2007), no cumplan los acuerdos salariales íntegramente y eludan el reconocimiento de los salarios básicos de Convenio correspondientes y de los salarios iniciales conformados acordes con esos Acuerdos. También es inadmisible que los bancos no cumplan con el aporte legal del 2% sobre intereses y comisiones destinado al Sistema Solidario de Salud. Tampoco es tolerable que sin razón alguna, en un sistema financiero que no atiende aún toda la demanda de buena atención que la sociedad reclama, haya bancos extranjeros que determinen la reducción de puestos laborales mientras están sobreexplotando trabajadores en los call centers y, al no cumplir en miles de casos con la jornada laboral, niegan puestos de trabajo a los argentinos. En este sentido rechamos y denunciamos las presiones que ejercen determinados bancos privados para producir despidos encubiertos. Todos ellos formaron parte de las entidades que lideraron la fuga de capitales en el año 2001 y el indebido alza del costo del dinero a las empresas y a las familias durante el año 2007.



d) Un Pacto Social que no se restrinja a la cuestión precios y salarios, sino que defina objetivos económicos y sociales claros, junto a mecanismos de control y ajustes bien definidos, con un Estado que lo presida y cuente con los instrumentos imprescindibles para hacerlo cumplir frente a las maniobras de especuladores y codiciosos.



Es desde esta posición -que reiteramos, pues la realidad se encarga de convalidarla- en línea con la de los trabajadores que el 17 de Octubre de 1945 asentaron su protagonismo en el debate de las grandes cuestiones nacionales, que ratificamos nuestro respaldo al Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner por sus aciertos, pero concientes que aún hay mucho camino por recorrer para asegurar el futuro de la familia trabajadora. No es hora de retrocesos, sino de profundizar la recuperación de la economía nacional y del Estado, para que respondan -sin excluidos- a los intereses de todos los argentinos.



Para ello, recordando aquel histórico 17 de octubre, cuando estériles divisiones fueron superadas por los trabajadores en nuestra Plaza de Mayo, el Movimiento Sindical debe estar unido en una sola Central Sindical, pues nunca es hora de institucionalizar divisiones ni escisiones, como lo han reconocido en el ámbito mundial las Centrales internacionales que confluyeron en una Confederación Sindical Internacional, previo reconocimiento de su error por parte de quienes promovieron su fragmentación, funcional a las patronales, durante la denominada Guerra Fría, todo ello con evidente perjuicio para los trabajadores. La única verdad permanente, y hoy más que nunca, es la Unidad de los trabajadores -por encima de sus matices- frente a una crisis mundial de imprevisibles consecuencias, causada por los que crearon una "patria financiera" planetaria, donde especulación y negocios ilícitos junto a otros teóricamente legítimos fueron de la mano, queriendo socializar en los pueblos los costos de la malversación.



Finalmente, el Plenario de Secretarios Generales, a la espera de respuestas concretas de las Cámaras Empresarias, y en virtud de lo reivindicado en este documento, declara el ESTADO DE MOVILIZACION PERMANENTE DE LOS TRABAJADORES BANCARIOS