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La situación política de Honduras se complicó aún más el pasado domingo 5 de julio, después de que el Gobierno interino impidió el aterrizaje del avión en el que el derrocado Presidente Manuel Zelaya intentó regresar a Tegucigalpa. El ejército colocó camiones que obstaculizaron la pista de aterrizaje, y no autorizó al avión que había partido de Washington en horas de la mañana. Miles de seguidores del depuesto presidente rodearon la parte frontal del aeropuerto, que está protegido con una cerca de seguridad, y desde allí se enfrentaron con piedras y palos a los efectivos del ejército que los repelieron con bombas de gases lacrimógenos, y con disparos de fusil. Al final de la tarde, y después de numerosas escaramuzas se conoció que un joven manifestante pro Zelaya falleció producto de los disparos del ejercito. Tenía 19 años. Se conoce que un número importante de personas resultaron con heridas de balas.





Por su lado, el gobierno interino encabezado por Roberto Micheletti demostró contradicciones en sus planteamientos, ya que en un inicio había amenazado con encarcelar a Zelaya si éste regresaba al país, y por otro lado no permitió el aterrizaje del avión en el que viajaba el mandatario depuesto por el golpe de estado. Debido a lo anterior, Zelaya se traslado a San Salvador, desde donde ofreció una conferencia de prensa en la que solicitó a los golpistas que no reprimieran a su pueblo y que entregaran el poder que habían usurpado de forma criminal. Durante la conferencia de prensa el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, el Presidente de la Asamblea General de la ONU Miguel de Scoto, y los Presidente de El Salvador, Ecuador, Argentina, y Paraguay ratificaron la exigencia de que Zelaya sea reintegrado a su cargo de Presidente constitucional de Honduras.





Debido a lo anterior, Honduras se expone a la aplicación de sanciones internacionales que incluyen bloqueo económico y político, lo que traería gravísimas consecuencias, especialmente los y las trabajadoras. El movimiento sindical hondureño sin excepción, agrupado en las Centrales CTH, CUTH y CGT apoyan de forma decidida el retorno de Zelaya. Las Afiliadas de UNI y UNI americas forman parte de estas organizaciones nacionales que de forma pacífica exigen la restitución de su presidente y el retorno de la democracia en Honduras. El movimiento sindical internacional, mediante sus organizaciones CSI, CSA y las Federaciones Sindicales Internacionales siguen con atención el desarrollo de los acontecimientos, mediante una red de solidaridad internacional que mantiene contacto con los sindicatos hondureños. Las autoridades han decretado un toque de queda de 6:00 p.m. a 6:00 a.m. mantienen el control de los aeropuertos en todo el país y ejercen coacción sobre los empleados públicos so pretexto de despedirlos si se manifiestan en contra del gobierno de facto. Algunos gobiernos han anunciado su disposición de ofrecerse como mediadores para un dialogo urgente (Costa Rica), propuesta apoyada por las nuevas autoridades de Panamá, ante la situación actual, que de no solucionarse rápidamente puede desembocar en un derramamiento de sangre de consecuencias incalculables.





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