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Cuando ya son cientos y cientos los muertos de acuerdo a las cifras oficiales entregadas por el gobierno central, es evidente que los catastróficos efectos del terremoto acaecido en la madrugada del 27 de febrero han golpeado con especial dureza al pueblo trabajador, a los pobres de Chile, a los siempre explotados y oprimidos.



Además de las rutas, carreteras concesionadas y puentes, son precisamente viviendas muy antiguas y los nuevos edificios en altura, hospitales públicos y amplias zonas de los pueblos, de las comunas y barrios más pobres desde la Quinta hasta la Novena Región, donde se han provocado los daños principales.



Debido a la impericia, ausencia de eficacia y lentitud a la hora de enfrentar la tragedia por parte del gobierno, la gente más agredida por el sismo ha debido dormir en las plazas, las calles, y no cuenta con electricidad, agua potable, gas, combustible, medicamentos y artículos de consumo básico. Parte del comercio –el poco que ha abierto- ha multiplicado a discreción los precios de las mercaderías, aprovechando la desesperación de los habitantes. Producto de estos hechos, cientos de personas, de trabajadores, madres y familias pobres, han debido, colectivamente, ingresar a las bodegas de grandes supermercados para hacerse de los alimentos y los insumos elementales para vivir. Apenas una minoría, asociada a la delincuencia organizada, emplea la tragedia para fines distintos que la sobrevivencia.



Ante los últimos acontecimientos gatillado por la necesidad objetiva de los habitantes -muchos de los cuales perdieron absolutamente todo-, el gobierno de Bachelet, aleonado por las intervenciones antisociales del derechista Sebastián Piñera (quien asumirá la cabeza del Ejecutivo el 11 de marzo próximo), ha resuelto durante la tarde del 28 de febrero establecer el “estado de zona de catástrofe y toque de queda” que permite al presidente de la República restringir la circulación de las personas, el transporte de mercaderías y las libertades de trabajo, información, opinión y reunión, en esta ocasión, en toda la Región del Bío-Bío. El toque de queda es desde las 18,00hrs a las 12,00, es decir, sólo 6 horas de libertada en una región de más de 1.500.000 habitantes.



La naturaleza, de manera brutal, se ha encargado de destruir la publicidad engañosa profusamente difundida por empresarios y gobiernos de que Chile es un país diferente al resto de Latinoamérica. Nuestro país, por el contrario, continúa siendo subdesarrollado, tercermundista y estructuralmente desigual. La expresión más brutal de incompetencia y desprecio a las personas humanas, ha sido la actitud de la Armada chilena que junto al Gobierno no previeron y alertaron a la población del maremoto que causó la muerte de cientos, sino de miles de habitantes, cuyas cifras de personas desaparecidas se ocultan mañosamente.



Como trabajadores de una banca que opera en Chile que sistemáticamente y pese a la crisis y desastres, mantiene niveles de utilidades extraordinarias, sabemos que las instituciones aseguradoras, y el crédito hipotecario ligado a las grandes empresas constructoras, una vez más, acudirán al aval del Estado para emprender la edificación de viviendas y obras, en general. Ni la industria financiera ni la industria de la construcción van a perder. La crisis económica en curso a escala mundial lo señala con evidencias incuestionables. Al igual que la crisis económica. El terremoto lo pagarán las grandes mayorías, el pueblo inmenso que vive de salarios bajos, en medio de la precarización del empleo, la flexibilidad laboral y las malas condiciones de trabajo.



Frente a semejantes hechos, la Confederación de Sindicatos Bancarios de Chile denuncia a sus organizaciones hermanas de todo el mundo la negligencia, manipulación de la información e ineficacia con la que ha reaccionado el gobierno central ante el nefasto terremoto que ha castigado a millones de chilenas y chilenos, especialmente pobres. Asimismo, la Confederación repudia con fuerza las medidas antipopulares adoptadas por la administración Bachelet en orden a imponer el toque de queda y las medidas jurídicas que atentan contra los derechos elementales de la ciudadanía. El “estado de excepción” -que en concreto se traduce en el control militarizado de los territorios devastados con el objetivo único de cautelar la gran propiedad- no se había adoptado desde 1986, en plena dictadura de Pinochet. Cuando buena parte del centro y sur de Chile sufre dramáticamente los efectos del terremoto, el gobierno emplea a los miembros de las fuerzas armadas para proteger al gran retail, en vez de ponerlos, como corresponde y dicta el bien común, al servicio de la población perjudicada.



Finalmente convocamos a la comunidad mundial, aquella decorosa y solidaria, a que, con humanidad y corazón, colabore organizadamente con la población chilena más castigada por el terremoto.



Directorio Nacional

Confederación de Sindicatos Bancarios de Chile

Marzo 3 de 2010