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Nuevamente el asesinato se utiliza para eliminar a dirigentes sindicales y amedrentar a trabajadores y trabajadoras que se organizan para defender sus derechos e intereses, destruyendo familias enteras. En esta oportunidad con apenas diferencia de unas pocas horas, un dirigente sindical guatemalteco y un dirigente sindical colombiano cayeron bajo las balas de enemigos de la vida, las libertades y la democracia. Ovidio Ortíz, dirigente del Sindicato Nacional de la Salud fue abatido en la Colonia el Salubrista de Ciudad de Guatemala, cuando jugaba un partido de fútbol con vecinos suyos y un auto se acercó disparando contra él. Mientras que Miguel Ángel Mallama, dirigente del Sindicato de Trabajadores y Empleados Públicos del Municipio de Jamudí, fue asesinado por sicarios en la esquina de su domicilio, ubicado en el municipio referido. Al terror que estos hechos difunden por las comunidades de los compañeros, se suman las amenazas a la vida que penden sobre los colegas con los que compartían sus sindicatos y las viudas, hijos e hijas sin padre con las que estos compartían el hogar.



Se trate de Guatemala o de Colombia, no son los primeros asesinatos de dirigentes sindicales del 2012. En el caso de Guatemala estamos en presencia de una escalada en la eliminación de dirigentes sindicales y comunitarios comprometidos con los derechos de la gente. Las promesas de seguridad del nuevo gobierno no solamente se han desvanecido rápidamente, sino que la violencia contra los activistas sociales se ha recrudecido. En el caso de Colombia, habiendo un contexto de mejora parcial en el respeto de los derechos humanos, se repiten hechos de violencia como el descrito donde la interrogante es, ¿estamos ante remanentes de las antiguas prácticas generalizadas de exterminio de activistas sociales o su resurrección? En cualquier caso, los Estados nacionales son responsables de garantizar los derechos humanos y las libertades sindicales establecidas por sus constituciones y la legalidad internacional. Demandamos a los gobiernos de Otto Pérez Molina en Guatemala y de Juan Manuel Santos en Colombia, la toma de todas las acciones que garanticen estos derechos y libertades.



Los presidentes Otto Pérez Molina y Juan Manuel Santos son responsables ante el pueblo guatemalteco, el pueblo colombiano y la comunidad internacional de que la impunidad no cubra estos delitos.



Toda nuestra solidaridad con las familias de Ovidio Ortíz y Miguel Ángel Mallama, con sus compañeros y compañeras de trabajo y sindicato. La verdad y la justicia llegarán. La lucha debe continuar.