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Han pasado más de cinco años desde que nos azotó la crisis financiera, seguida rápidamente por una crisis económica todavía más grave. Este terremoto económico nos ha expuesto a los peligros de la financiarización, a tener la economía real a los pies de las finanzas y a dos décadas de una desigualdad creciente. Su impacto ha resultado en millones de personas más en las ya abarrotadas listas de desempleados y millones más en condiciones laborales precarias. Muchos trabajadores han perdido trabajos de calidad y demasiados han perdido los derechos fundamentales que se han ido con esos trabajos.



Los mercados financieros mundiales, abiertos por la desregularización a nivel nacional, no solo han provocado la crisis económica actual, sino también la inestabilidad que ha caracterizado al desarrollo económico de los últimos 30 años, con "burbujas" y crisis periódicas. Todo ello ha convertido en algo mucho más lucrativo hacer dinero del dinero que hacer dinero de la producción de bienes y servicios.



En respuesta a la crisis, los gobiernos, juntos y por separado, se comprometieron en una enorme agitación de actividad sin precedentes, pero los hechos no han reflejado sus promesas. Adoptaron numerosas acciones, rápidas y reales para que la Gran Recesión no se convirtiera en una Depresión, pero el extraordinario cambio a las políticas de austeridad en muchos países está llevando de nuevo a la economía al borde de una nueva recesión. Y lo que es más, no han recuperado la autoridad que habían cedido a los mercados y sus actores; unos mercados sin legitimidad política. Y, dado que las principales causas de la crisis no se han solucionado, no se ha hecho nada para prevenir desastres en los mercados financieros en el futuro.



La presión de los mercados y los actores financieros también ha alimentado el pensamiento y la conducta a corto plazo. Ha minado los tres pilares del desarrollo sostenible: económico, social y medioambiental. Ha agravado la situación de los trabajadores, cuyos derechos se encuentran perseguidos por muchos gobiernos y empleadores, tanto nacionales como multinacionales. Para millones de hombres y mujeres trabajadores, el trabajo es sinónimo de explotación y privación de sus derechos fundamentales, con salarios pobres y condiciones laborales lamentables. El patrón de explotación que se ha arraigado en el mundo deja cada vez a más personas en una situación de trabajo inseguro o informal y refleja una desigualdad creciente.



Las arcas públicas se han agotado debido a una serie de ayudas a los bancos que han desembocado en recortes en los programas públicos, un incremento de la desigualdad y un expectativa cada vez más débil de conseguir trabajos decentes y una recuperación sostenible. La "recuperación" ha llegado para los pocos que han



provocado la crisis, mientras que sus víctimas siguen sujetas a un "castigo" permanente. Demasiadas personas, indignadas por la injusticia, pero incapaces de tocar a las poderosas élites, se están poniendo en contra de sus vecinos, incluidos los migrantes, de los que dependen muchas economías sanas. Muchos han perdido su esperanza en las soluciones políticas y se refugian en la apatía y el aislamiento.



En este Día del Trabajo, los Sindicatos Mundiales instan a los gobiernos a asumir sus responsabilidades y unirse para acabar con la crisis. Deben crear trabajos decentes y sostenibles y defender los derechos de las personas en el trabajo. Por todo ello, reivindicamos:



· Una regulación global de los mercados financieros para reducir su papel dominante en la economía global y devolverles su papel de apoyo para una inversión productiva con el fin de satisfacer las necesidades sociales;



· Una amplia serie de acciones urgentes para los trabajos y la recuperación, centradas en el desempleo de los jóvenes para crear empleos de calidad y seguros;



· Medidas laborales y una mejor educación y formación que garanticen una generación de trabajos de calidad y sostenibles a largo plazo; un elemento central de la lucha contra la desigualdad y la pobreza;



· Respuestas a los desafíos del cambio climático que tengan un impacto real y demostrable en las emisiones de carbono, que creen empleos verdes y refuercen la sostenibilidad social;



· Unos impuestos justos que generen mayores rentas de los grupos y corporaciones con mayores ingresos, luchar contra la evasión y el fraude fiscal, cerrar las fisuras legales y adoptar medidas más duras con respecto de los paraísos fiscales;



· Un Impuesto sobre las Transacciones Financieras para impedir las transacciones financieras rápidas; lograr que los mercados financieros sean más estables y menos peligrosos a la vez que se genera unos ingresos esenciales;



· Pleno respeto por los derechos sindicales y la promoción de unos sistemas de negociación colectiva y diálogo social sólidos para ayudar a construir la justicia y la democracia;



· Una protección social más exhaustiva mediante, entre otros, la creación de un piso de protección social global apoyado por una financiación adecuada;



· Garantías de derechos para necesidades básicas como los alimentos, el agua, la vivienda, la salud y la educación;



· Oposición a las medidas de austeridad y el mantenimiento de la capacidad del gobierno para que pueda gobernar de forma efectiva, ofrecer servicios efectivos y ser relevante y creíble, también con respecto de las medidas orientadas a influir y afectar la dirección de la economía; y



· Una inversión sostenible en unos servicios públicos de calidad y, especialmente, en unos servicios educativos de calidad, como un medio fundamental para recuperarse de la crisis, pero también como una vía para construir sociedades democráticas en las que las personas tengan la oportunidad de vivir vidas sanas, gratificantes y satisfactorias.