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El 15 de mayo pasado cuatro personas encapuchadas y a bordo de una camioneta secuestraron al defensor de derechos humanos laborales José Enrique Morales Montaño, miembro del Centro de Apoyo al Trabajador (CAT). Estuvo retenido por unas 17 horas, en las fue torturado con una pistola en su sien en repetidas ocasiones y amenazado de muerte. Alrededor de las 05:00 hs. de la madrugada fue abandonado en la carretera Puebla-Veracruz, robándole su teléfono móvil y su mochila. Las amenazas de muerte continuaron en la mañana, esta vez a Blanca Velásquez, directora del CAT.



La Alianza Trinacional de Solidaridad (TNSA) y las federaciones sindicales internacionales, entre ellas UNI Global Union a través de su sección regional UNI Américas, así como numerosas organizaciones sindicales y sociales mexicanas y de otros países, han lanzado una campaña de denuncia de estos hechos y de solidaridad con los afectados. La misma ha incluido la difusión de los hechos ocurridos en Puebla en webs y redes sociales y el envío de cartas a las autoridades, expresando la preocupación por el clima de terror que se cierne sobre los defensores de los derechos humanos y por sus vidas.



Entre los destinatarios de las referidas cartas, se encuentran el Dr. Alejandro Poiré Romero, Secretario de Gobernación; a Marisela Morales Ibáñez, Fiscal General de la República; a Fernando Manzanilla Prieto, Secretario General de Puebla; al Dr. Raúl Plascencia Villanueva, Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; al Lic. Omeheira López Reyna, Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, SEGOB; y al Mtro. Adolfo López Badillo, residente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. Todas autoridades que tienen responsabilidad en la materia.



Se exige que se asegure lo dispuesto por la Declaración de Naciones Unidas sobre los Defensores de los Derechos Humanos, en particular en lo referente a la protección del derecho a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales (Art. 1) y a garantizar la protección de toda persona frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legitimo de los derechos mencionados en la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos (Art. 12.2)



(En ficheros relacionados puede hallarse la misiva remitida por UNI Américas)