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En la sesión del día 23 de agosto en la Cámara de Diputados de Paraguay la diputada Aída Robles, del Partido de la Participación Ciudadana, obtuvo la aprobación de un Proyecto de Resolución "que pide informe al Poder Ejecutivo - Ministerio de Justicia y Trabajo".

El informe requerido se debe al despido de trescientos trabajadores por parte de la Empresa Prosegur Paraguay S. A., luego del levantamiento de la huelga, que se dio a raíz de la reunión tripartita en la que intervino como mediadora dicha cartera de Estado.



Con esta resolución el Poder Ejecutivo representado por el Ministerio de Justicia y Trabajo tendrá que rendir cuentas ante la Asamblea de Diputados en los próximos 15 días sobre todo lo actuado en este conflicto que dio origen al despido masivo de 325 trabajadores después que estos reclamaban la firma de un convenio colectivo, trato justo y reconocimiento por riesgos de sus ocupaciones y que fueron empujados a adoptar con la huelga como un último y legítimo recurso. Los trabajadores no han cesado de repetir “nunca nadie ha declarado que nuestra huelga fue ilegal”.

Una delegación de UNI Américas encabezada por Marvin Largaespada, Director Regional encargado del Sector de Servicios a la Propiedad, Joao Soares Secretario General de la Confederación Nacional de Trabajadores de Vigilancia de Brasil (CNTV) y Paulo Gomes, también miembro de la Dirección Nacional de CNTV estuvieron en Paraguay los días 8 y 9 de agosto después que los trabajadores fueron despedidos.

Esta delegación intentó conocer la versión de María Segovia, Ministra de Trabajo del Paraguay, pero no fueron recibidos por la misma. La delegación tomo contacto con Cesar Martínez, asistente de la Secretaria Privada de la Ministra, quien anoto los números telefónicos de la delegación y sostuvo que ellos llamarían para avisar que día podrían recibirles, eso nunca ocurrió.

Al no ser recibido por las autoridades paraguayas, UNI Américas envió una carta manifestando su inconformidad con el proceder del Ministerio de Justicia y Trabajo en este conflicto. La Ministra de Trabajo en una reunión entre las partes sostuvo que mediaría para encontrar una solución justa tanto para trabajadores como para la empresa. Tras está reunión los trabajadores depusieron la huelga, pero al intentar retornar a sus puestos de trabajo fueron despedidos. Hasta el momento la promesa de la Ministra ha quedado solo en palabras, y los hechos han demostrado lo contrario. Es evidente que no se han respetado los principios de libertad sindical y negociación colectiva, por no decir el derecho a Huelga.

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