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El pasado 10 de agosto la Corte Constitucional de Colombia, ordenó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar adoptar todas las medidas adecuadas para que las madres comunitarias empiecen a recibir el salario mínimo legal.



Si bien este importante logro es celebrado por las trabajadoras y las organizaciones sindicales que agrupan a las madres comunitarias, es necesario ir por más. Desde los sindicatos se busca lograr el cumplimiento de todos los derechos consignados en el Código Sustantivo del Trabajo y los convenios internacionales suscritos por el país en materia laboral, los cuales, en los 22 años que tiene el programa, nunca han sido reconocidos.



“El instituto no puede decir que no tiene con nosotros vínculos laborales. Nosotros tenemos un horario de trabajo de más de 8 horas, cumplimos unos lineamientos, unos estatutos, recibimos memorandos y estamos expuestas a que nos sancionen y hasta nos cierren el hogar”, dijo Caridad Vásquez, presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadoras al Cuidado de la Infancia en los Hogares de Bienestar (Sintracihobi), una de las 5 organizaciones de Madres Comunitarias.



La Escuela Nacional Sindical de Colombia (ENS) ha realizado un amplio informe sobre este tema donde analizan las implicaciones jurídicas y prácticas del fallo de la Corte, se hace un breve historial del programa Hogares de Bienestar, y un recuento de la lucha que durante dos décadas han librado las madres comunitarias en defensa de sus derechos.



Compartimos el informe en fichero adjunto.