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El pasado 2 de enero el municipio de Puerto Barrios, Departamento de Izabal, en Guatemala, fue asesinado brutalmente Mayro Rodolfo Juárez Galdámez, secretario General de la gremial de taxistas de Izabal (SIGTADI) y ex miembro de la Junta de Coordinadores de la Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala (UNSITRAGUA).



Juárez Galdámez fue muerto a balazos dentro del taxi que conducía. La gremial de la que era dirigente se encontraba luchando contra las altas tasas impuestas a los taxistas por el actual alcalde del municipio de Puerto Barrios.



El Movimiento Sindical y Popular Autónomo Guatemalteco señaló en un comunicado que el asesinato ocurrió a pocos meses de la firma del Memorándum de Entendimiento para la puesta en marcha del Marco de Cooperación Técnica de la Organización Internacional del Trabajo, dentro del Programa de Trabajo Decente para Guatemala y que en esa ocasión el presidente guatemalteco Otto Pérez Molina, pronunció un discurso donde se comprometió a respetar el derecho a la libertad sindical.



Por intermedio de una carta enviada el 10 de enero al Presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, a la Fiscal General del Ministerio Público, Claudia Paz y Paz y al Comisionado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, Francisco Javier Dall’Annese, la Secretaria Regional de UNI Américas, Adriana Rosenzvaig y el Coordinador de Comunicación y Campañas de Solidaridad, Javier Carlés expresaron “repudio y consternación ante el cobarde asesinato” del sindicalista. Como además el hecho ocurrió cuando “el compañero y su gremial estaban enfrentando imposiciones emanadas de la municipalidad de Puerto Barrios”, señalan que el asesinato adquiere “una doble gravedad, puesto que además de la afrenta al derecho humano fundamental a la vida, se suma la finalidad antisindical que este asesinato configura”, teniendo en cuenta que “ocurre en el contexto de un creciente número hechos de violencia y de asesinatos contra los sindicalistas en Guatemala”.



Finalmente la carta solicita a los poderes Ejecutivo y Judicial del Estado de Guatemala que investiguen y castiguen estos hechos “para desalentar su reiteración” y pide al Presidente de la República, la Fiscal General del Ministerio Público y el Comisionado Internacional contra la Impunidad en Guatemala que intervengan, porque de lo contrario “la impunidad alentará nuevos hechos de violencia contra los derechos humanos, laborales y sindicales”. El Estado de Guatemala tiene obligaciones en cuanto al respeto de esos derechos y “la violación de los mismos sin que se haga verdad y justicia, constituye algo inaceptable”, concluye la carta de UNI Américas