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La estrecha diferencia registrada en los resultados de los pasados comicios del 14 de abril, en el marco de una sociedad altamente polarizada, demanda el inicio de una nueva dinámica política caracterizada por la existencia de un franco y sostenido diálogo nacional para la construcción de una auténtica convivencia democrática.



Dicho diálogo debe partir del reconocimiento mutuo de los actores. Sin este requisito, el país no puede avanzar. El diálogo debe incluir la discusión en torno a los acuerdos mínimos necesarios para la solución de los grandes problemas de Venezuela, así como la definición de las reglas e instituciones que garanticen condiciones de equidad durante el desarrollo de las campañas electorales.



De acuerdo a la constitución, el CNE tiene la autoridad legal para acreditar al candidato triunfador como presidente electo en base a los resultados de la votación. Al mismo tiempo, el candidato no favorecido tiene el derecho a presentar sus impugnaciones conforme a los procedimientos que prevé el ordenamiento jurídico electoral venezolano, y a que esas impugnaciones reciban la debida y oportuna consideración por parte de las autoridades electorales y judiciales. Los ciudadanos, a su vez, tienen el derecho expresar sus demandas y opiniones pacíficamente, y que el estado garantice el ejercicio de sus derechos políticos y civiles, así como su seguridad personal.



Tras dar a conocer los resultados de la contienda comicial, el 15 de abril el CNE acreditó a Nicolás Maduro como presidente electo de la República Bolivariana de Venezuela. Los resultados anunciados por el organismo electoral indican que el candidato de la coalición oficialista aventajó al candidato de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Henrique Capriles Radonski, por 1.77 puntos (50.75 por ciento de la votación frente a un 48.98 por ciento).



El candidato de la MUD había anunciado previamente un conjunto de inquietudes con respecto al desarrollo del proceso electoral, incluyendo la solicitud de realización de una auditoria del 100 por ciento de las mesas de votación a fin de verificar la coherencia entre los comprobantes de voto, los actas emitidas por las máquinas de votación y los cuadernos de votación antes de aceptar los resultados oficiales.



En Venezuela se denominan "comprobantes de votación" a los recibos de papel que imprimen las máquinas de votación luego de que el elector emite su voto electrónico (el voto legal es el que se registra electrónicamente). Desde 2006, en virtud de una serie de acuerdos entre el CNE y los partidos políticos, y con el objetivo de incrementar la confianza en el proceso de votación, se adoptó la práctica de comparar los votos emitidos electrónicamente con los comprobantes de papel la noche de la elección en el 54 por ciento de las mesas, las cuales se eligen aleatoriamente.



La disponibilidad de información clara y transparente sobre el proceso de votación y transmisión de resultados, y los procedimientos relativos a la respuesta a los reclamos, contribuye a afianzar la confianza y la legitimidad de los resultados. La presentación de las irregularidades identificadas por el comando de Henrique Capriles, y la respuesta completa y expedita a esos reclamos por parte de las autoridades competentes, deberían contribuir a reducir las tensiones generadas por los resultados de los comicios.



Como parte de su seguimiento del proceso político electoral venezolano, el Centro Carter aceptó la invitación cursada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para presenciar los comicios presidenciales del 14 de abril 2013. La delegación enviada al país por el Centro Carter estuvo integrada por el ex Presidente de Panamá, Martín Torrijos; el ex Ministro de Colombia, Horacio Serpa; el ex Defensor de los Habitantes de Costa Rica, Rodrigo Alberto Carazo; la Directora del Programa de las Américas del Centro Carter, Jennifer McCoy; el Director Adjunto del Programa de las Américas, Marcelo Varela y por el Representante del Centro Carter en Venezuela, Héctor Vanolli. Las reflexiones y sugerencias de la delegación serán publicadas en las próximas semanas en un informe. Dado su rol de acompañante, que difiere del de observador electoral, dicho informe no incluirá una evaluación del proceso electoral en su conjunto.



El Centro Cárter condena todo acto de violencia, cualquiera sea su procedencia, y en estas circunstancias se solidariza con los familiares de las víctimas fatales y las personas heridas como producto de acciones derivadas de disputas políticas. La agresión verbal y el desprecio del uno al otro crean condiciones para la agresión física, particularmente en condiciones de alta tensión, como las que se están viviendo en Venezuela en este momento. En ese sentido, el Centro Carter estimula y aplaude la adopción de cualquier medida o lenguaje que evite la posibilidad de violencia o descalificación de quienes piensen diferente.



Fuente: Carter Center