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El pasado 6 de febrero la jueza federal Gabriela Hardt firmó la sentencia que condena al ex mandatario a 12 años y 11 meses de prisión, si bien admitió no tener elementos probatorios que liguen a Lula con la residencia implicada en la causa de Lava Jato.

Esta nueva condena forma parte de la persecución que el líder del Partido de los Trabajadores (PT) viene enfrentando desde el primer juicio, en donde tampoco se pudo demostrar ninguna de las acusaciones. Su encarcelamiento en 2018 a un mes de las elecciones presidenciales en Brasil no fue casual, al ser el candidato más popular en los comicios; la expresa declaración de Bolsonaro durante su campaña el pasado octubre de que si llegaba a ser presidente Lula iba a “pudrirse” en prisión, tampoco.

Marcio Monzane, Secretario Regional de UNI Américas manifestó: “Hoy, con esta nueva sentencia, reafirmamos la idea de que Lula es un preso político y que su persecución y la del PT continúa pero no van a lograr silenciar silenciar al presidente más popular de Brasil ni a los movimientos sociales y sindicales”

“Seguiremos marchando en las calles y luchando desde todos los frentes por la liberación de Lula y contra las políticas de retroceso implementadas por el actual Gobierno “, concluyó.