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Tras más de cincuenta años de conflicto armado, el Gobierno de la República de Colombia y las FARC-EP reafirmaron en La Habana, Cuba, su compromiso con los acuerdos logrados hasta la fecha y la concreción del Acuerdo sobre sobre justicia transicional.

En este encuentro, se enunciaron los acuerdos que se han cumplido durante estos tres años de negociaciones: la Reforma Rural Integral, la participación política de las FARC-EP y la solución al problema de las drogas ilícitas. Asimismo, se introdujo el Acuerdo de creación de una Jurisdicción Especial para la Paz, por el que se establece un mecanismo de justicia para los crímenes cometidos en el marco del conflicto interno.

En la búsqueda de justicia para satisfacer los derechos de las víctimas y la búsqueda de la paz verdadera se está esbozando un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Para ello, se ha acordado que se creará una Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición teniendo como finalidad acabar con la impunidad, obtener verdad, contribuir a la reparación de las víctimas y juzgar e imponer sanciones a los responsables de los graves delitos cometidos durante el conflicto armado, garantizando la no repetición.

El Estado colombiano otorgará la amnistía más amplia posible por delitos políticos y conexos, pero no serán objeto de amnistía o indulto las conductas que se correspondan con los delitos de lesa humanidad, el genocidio y los graves crímenes de guerra. Otros delitos graves como la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y la violencia sexual serán objeto de investigación y juzgamiento por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Esta jurisdicción tendrá competencia respecto de todos los que de manera directa o indirecta hayan participado en el conflicto armado interno, incluyendo a las FARC-EP y a los agentes del Estado.

En cuanto al ingreso de las FARC al sistema político, deberán desvincularse de las armas a partir de 60 días luego de logrado el Acuerdo Final. El gobierno colombiano manifestó que la transición de las FARC en partido político legal es un objetivo compartido, que contará con todo el apoyo del gobierno en los términos que se acuerden.

Todos estos acuerdos logrados representan el sueño de varias generaciones, que hoy se plasma en realidad. El proceso hacia el Acuerdo Final puede llevar hasta seis meses, pero ese día quedará para siempre en la memoria de todas nuestras hermanas y hermanos colombianos.

UNI Américas celebra este avance en las negociaciones y se solidariza con los compañeros y compañeras colombianas que han luchado y siguen luchando, buscando la reconciliación y las transformaciones sociales en este camino por la paz de Colombia.

UNI Américas saluda la firma del Acuerdo por Justicia y Victimas, demanda el cese definitivo a las acciones armadas por parte de los actores del conflicto y confía en que pronto sean culminados el resto de los Acuerdos que están siendo negociados, para que Colombia pueda gozar de una verdadera paz, con justicia, democracia y derechos para todas/os.