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UNI Américas repudia la decisión del gobierno de Estados Unidos de “declarar la emergencia nacional debido a la inusual y extraordinaria amenaza a la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos causada por la situación en Venezuela”, establecida por la Orden Ejecutiva del 9 de marzo de 2015 firmada por Barak Obama en ejercicio de los poderes especiales que le concede el Acta de Poderes Internacionales Económicos de Emergencia (50 USC 1701).

La decisión de Estados Unidos significa una escalada inédita y una intromisión en los conflictos internos de Venezuela, que ponen en riesgo inmediato la paz en América Latina, abriendo la puerta a la militarización de la región. Estados Unidos tiene un largo historial de antecedentes de violación de las soberanías nacionales, las democracias y los derechos humanos en América Latina, que incluyeron la complicidad activa con los golpes de estado desde la década de 1950, su actuación en el Plan Cóndor y el apoyo activo a las dictaduras genocidas latinoamericanas.

En las últimas dos décadas, las naciones latinoamericanas han adoptado decisiones soberanas en dirección a una postura más autónoma tanto en materia económica, como comercial y política, diversificando sus relaciones internacionales. Estas decisiones han incluido un replanteo y en muchos casos el rechazo de los condicionamientos sociales del Fondo Monetario Internacional y otros organismos internacionales, así como la creación de instancias de decisión regionales y subregionales, sin la presencia de Estados Unidos, como la UNASUR y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe (CELAC).

Esta situación de autonomía de las democracias latinoamericanas, por primera vez en siglos, se ha visto reflejada en una mejora sin antecedentes de sus indicadores sociales, con niveles de reducción de la pobreza y crecimiento de las capas medias que han sorprendido al mundo, en una región rica que tenía los peores índices de pobreza y desigualdad social del mundo.

Ambas logros (autonomía y mejora de los indicadores sociales) están relacionados. La mayor autonomía de las naciones latinoamericanas ha permitido a sus gobiernos tomar decisiones más ligadas a los intereses de sus pueblos y menos a aquellos de los grandes poderes políticos y económicos internacionales, que son una de las principales causas de la injusticia social y el subdesarrollo en América Latina.

La autonomía de América Latina y la mejora –aún insuficiente- de las condiciones de vida y trabajo de sus pueblos, también tiene enemigos. Los viejos sectores autoritarios y privilegiados de América Latina y los grupos internacionales de poder, escandalosos por los niveles de corrupción y riqueza principesca, se resisten a perder sus privilegios, como era esperable. Esta resistencia se ha manifestado en acciones de desestabilización de las democracias y de golpismo con apoyo externo, que en algunos casos han tenido éxito -como en Honduras y Paraguay- y en otras han fracasado -como fue evidente en Venezuela en 2002 y Ecuador en 2010.

La declaración de la emergencia nacional de Estados Unidos con vistas a su intervención en Venezuela es una escalada contra el proceso de autonomización de América Latina y el Caribe, viola el principio de autodeterminación de los pueblos, atenta contra las democracias latinoamericanas y las políticas de mejoras sociales que se están llevando adelante, llevando una vez más a Estados Unidos hacia el lado oscuro de su historia.

Durante una visita a Caracas la semana pasada, el Secretario General de UNASUR, Ernesto Samper, y tras ser informado por el Presidente Maduro sobre la injerencia estadounidense, indicó que “frente a esta evidencia queremos declarar de manera enfática que todos los Estados de UNASUR, sin excepción, rechazarán cualquier intento de desestabilización democrática de orden interno o externo que se presente en Venezuela”. Refiriéndose a las próximas elecciones parlamentarias, afirmó “que ese es el mejor escenario para que se afronten las dificultades, para que confronten las diferencias políticas y se diriman las controversias”.

Víctor Báez, Secretario General de la CSA, la organización regional de la CSI para las Américas, manifestó que “Las sanciones impuestas desde el exterior no resolverán los problemas internos del país, lo único que harán será contribuir a empeorarlos. La única manera de resolver la situación es mediante el diálogo y en el respeto de las autoridades elegidas democráticamente”.

UNI Américas repudia la decisión del gobierno de Estados Unidos de “declarar la emergencia nacional" con respecto a Venezuela y expresa su firme y total solidaridad con el Pueblo y el Gobierno venezolanos y advierte contra las acciones políticas, económicas y mediáticas de los sectores privilegiados de adentro y afuera del continente, para desconocer las opciones democráticas de los pueblos promoviendo situaciones de tensión y violencia, con claro sentido destituyente.