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Durante los 8 años de Uribe estuvo bloqueada la agenda laboral y sindical, lo que significó el agravamiento de una situación histórica en Colombia: la exclusión a la que han sido sometidos los trabajadores y sus organizaciones.



Uribe deja:

1) La tasa de desempleo más alta de América Latina, con el país más desigual del continente, con una informalidad cercana al 60%, con las dos terceras partes de los trabajadores sin protección social e ingresos que los mantienen en la pobreza.

2) Políticas económicas, fiscales y sociales lesivas a los derechos laborales.

3) Una institucionalidad del Estado incapaz de controlar los abusos laborales.

4) Un gran distanciamiento y desconfianza entre los interlocutores sociales, que en estos 8 años vieron frenada la agenda del diálogo social y disminuida la negociación colectiva.

5) El movimiento sindical atropellado por la estigmatización y la violencia, con menos afiliados y presencia en el país.



El Presidente Santos en su campaña presentó varias propuestas:

1) Normas para incentivar la generación y formalización del empleo y una ley del primer empleo.

2) La creación del Ministerio del Trabajo.

3) La creación de 2.500.000 empleos, como resultado de las locomotoras del crecimiento económico.

4) La implementación de algunos convenios y recomendaciones de la OIT por la vía de decretos reglamentarios.

5) Fortalecimiento de espacios para el diálogo social.



Por su lado, los empresarios han venido anunciando sus propuestas:

1) Eliminación, o reducción, o sustitución de los beneficios.

2) Eliminación del salario mínimo, o al menos el establecimiento de salarios mínimos diferenciados por edad, sector y región.

3) Reforma pensional que elimine el régimen de prima media e incremente la edad y semanas de cotización.

4) Normas fiscales que incentiven la creación y formalización del empleo.

5) Reforma al sistema de aseguramiento de la salud para garantizar los márgenes de ganancia.



Finalmente, el sindicalismo colombiano ha centrado su agenda en:

1) Políticas de generación y conservación de empleos.

2) Mejora de los salarios e ingresos de los trabajadores.

3) La recuperación del contrato de trabajo frente a la tercerización y las formas precarias de contratación.

4) La recuperación y ampliación de las libertades sindicales.

5) Políticas y medidas que garanticen la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de la violencia antisindical.



Todo indica que el tema laboral y sindical será abordado, que no podrá ser ignorado, y que ocupará un lugar importante en la agenda del actual gobierno, y por tanto tendremos un amplio debate en el país. El punto está en qué dirección se mueve esta agenda. Y eso dependerá de la capacidad que desarrollen los trabajadores y sus sindicatos para ampliar la deliberación y movilizarse por una agenda laboral progresista.



Fuente: José Luciano Sanín Vásquez – Director General ENS