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Bogotá. En su informe anual, la ONG señaló que la violencia contra el sindicalismo en Colombia, uno de los obstáculos para la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, sigue siendo un grave problema. De hecho, el fenómeno viene en aumento desde el 2007, según afirma la ONG Human Rights Watch en su evaluación anual sobre la situación de los Derechos Humanos en el mundo, que fue entregado hoy en Washington.



La ONG expresa, a su vez, preocupación por los ataques a defensores de Derechos Humanos y los llamados "falsos positivos" que, dice, aún persisten. El informe de la ONG coincide con el inicio de la gira del vicepresidente Angelino Garzón, que estará toda la semana en Washington. Uno de los ejes de su visita es demostrar al Congreso y a otras autoridades que la realidad ha cambiado en Colombia y empujar por la aprobación del TLC.



A esto, Vivanco subrayó que Human Rigths Watch se seguirá oponiendo a la ratificación del Tratado, mientras no se cumplan dos condiciones: que se pueda verificar la disminución de la violencia contra el sindicalismo y que haya una mejoría en las investigaciones para esclarecer esos casos.



HRW sostiene que Colombia continúa siendo el país con el mayor número de asesinatos en todo el mundo, en su mayoría atribuidos a paramilitares y sus grupos sucesores.



"Si bien la cantidad de homicidios se redujo a 39 en 2007, las estadísticas continúan siendo alarmantes: según la Escuela Nacional Sindical, se produjeron 52 asesinatos en 2008, 47 en 2009, y 36 entre enero y el 15 de septiembre de 2010. Las amenazas contra sindicalistas han aumentado desde 2007", dice la ONG.



Para la ONG, la impunidad en estos casos "sigue siendo la regla: sólo el 25 por ciento de los más de 2.800 asesinatos de sindicalistas documentados por la ENS están siendo investigados por la Fiscalía. "Si bien la Fiscalía ha iniciado investigaciones de más de 1.300 casos de violencia anti-sindical, sólo ha obtenido condenas en el 14 por ciento de estos casos", dice HRW, que se declaró 'decepcionado' por el funcionamiento de la unidad del ente acusador encargada de esclarecer esos crímenes.



Algunos avances



El reporte, sin embargo, resalta proyectos como la "Ley de Víctimas", que busca resarcir a los afectados por el conflicto. Aún así, anota, es prematuro avalar su gestión pues los resultados no se ven. "El Presidente Santos ha impulsado un proyecto de ley para restituir las tierras a las personas desplazadas y resarcir a las víctimas de abusos cometidos por agentes del estado, manifestó en forma pública que respetaba la independencia del poder judicial y denunció amenazas contra defensores de derechos humanos. No obstante, aún no puede determinarse si esta postura se traducirá en resultados concretos a la luz de los graves abusos que continúan cometiéndose", dice el reporte.



Menciona, a su vez, que el repudio de Santos a las amenazas contra defensores de derechos humanos "suponen una mejora respecto de su estigmatización durante el gobierno del Presidente Uribe". Según la ONG, aunque la cantidad de los llamados "falsos positivos" se redujo de manera significativa desde 2009, "el problema persiste".



De acuerdo con el reporte, a mayo de 2010 "la Fiscalía estaba investigando 1.366 casos de supuestas ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes del Estado, que dejaron un saldo de más de 2.300 víctimas. Sólo se han dictado sentencias en 63 casos".



Denuncia, a su vez, "la resistencia del sistema de justicia militar" a remitir los casos a los tribunales ordinarios y dice que entre enero y septiembre de 2010 solo se enviaron 7 casos comparado con los 266 del 2009.



En el caso de los defensores de Derechos Humanos cita estadísticas de la ONG "Somos Defensores" en las que se registran 7 defensores asesinados y 51 amenazados durante la primera mitad de 2010. Luego menciona cifras de una colación de ONG colombianas e internacionales según la cual entre julio y el 15 de octubre de 2010 fueron asesinados otros 30 defensores de derechos humanos y líderes sociales.



Sobre la guerrilla el reporte afirma que siguieron cometiendo graves abusos contra civiles. "Las Farc - dice HRW - en particular, se ven involucradas frecuentemente en asesinatos, amenazas, desplazamientos forzados y reclutamiento de niños para el combate".



También dedica un aparte separado a los paramilitares y sus sucesores y dice que la "tolerancia" de la fuerza pública frente a estos nuevos grupos "es uno de los factores decisivos que han permitido su crecimiento".



Para HRW, al igual que los paramilitares del pasado, estos grupos participan en narcotráfico, cometen abusos como masacres, asesinatos, violaciones sexuales, desplazamientos forzados y atacan de manera reiterada a defensores, sindicalistas y grupos de víctimas que reclaman justicia y la restitución de tierras. "Los grupos sucesores de los paramilitares...ejercen el control territorial de algunas regiones y cometen atrocidades contra civiles en forma generalizada. La Policía Nacional de Colombia informó que en julio de 2010 los grupos tenían 3.749 miembros. Sin embargo, la ONG colombiana Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz calcula que los grupos cuentan con 6.000 combatientes armados y han ampliado sus operaciones a 29 de los 32 departamentos del país", dice el reporte.



El informe también critica los resultados de la llamada Ley de Justicia y Paz al decir que 5 años después de su entrada en vigor sólo se han registrado dos condenas y se ha recuperado "una fracción ínfima de los millones de acres de tierras que fueron tomadas por los paramilitares".





Por: Sergio Gómez Maseri

Foto: EFE / Leonardo Muñoz



Fuente: El Tiempo.com



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