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El domingo 11 de marzo se ha celebrado la tercera jornada de manifestaciones, tras las del 19 y 29 de febrero, en el proceso de movilizaciones que se están llevando a cabo en toda España contra la reforma laboral decretada por el gobierno del PP y en defensa de los servicios públicos, deteriorados por las políticas de austeridad y recortes presupuestarios impuestos por la UE. Se desarrollaron 60 manifestaciones con un total de un millón y medio de asistentes. Las más importantes en número de participantes tuvieron lugar en Madrid y Barcelona (con 500.000 y 450.000 asistentes respectivamente). Dos días antes, el 9 de marzo, el consejo confederal de CCOO y el comité confederal de UGT, reunidos por primera vez en sesión conjunta, acordaron convocar el 29 de marzo una HUELGA GENERAL de 24 horas contra la reforma laboral y en defensa de los servicios públicos. La reforma laboral, ya en vigor al ser aprobada por decreto ley, está en trámite de convalidación parlamentaria.



El gobierno desoyó las peticiones de CCOO y UGT de abrir una negociación sobre los contenidos y realizar modificaciones sustanciales en el trámite parlamentario. Esta reforma laboral es el mayor ataque al derecho del trabajo que ha conocido la democracia española, ya que debilita fuertemente la negociación colectiva, permitiendo que el empresario pueda modificar unilateralmente salarios, jornadas y otras condiciones de trabajo; prima el convenio de empresa y la individualización de las relaciones laborales, al tiempo que facilita y abarata el despido, estableciendo a la vez nuevas modalidades de contratación precaria. Los recortes presupuestarios derivados de las imposiciones de la UE, cuyo único objetivo es la rápida reducción de los déficits públicos, no han resuelto la crisis de las deudas públicas y sí han provocado una nueva recesión. Al tiempo, los recortes presupuestarios, que han afectado a la educación, la sanidad y los servicios sociales, van a incrementarse con la nueva ley presupuestaria de 30 de marzo.



Hoy, sectores muy amplios de la ciudadanía reclaman la defensa de los servicios públicos.