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“Hace más de un año 15 sindicatos de empresas de vigilancia y seguridad privada, adscritos a las 3 centrales sindicales del país, con el apoyo de la UNI Global iniciaron un proceso de unidad para luchar por mejores condiciones salariales, laborales y de seguridad, en un sector caracterizado no sólo por la precariedad de estas condiciones, sino también por sus reiteradas prácticas violatorias de la autonomía y la libertad sindical.



Este proceso tiene hoy un avance importante con la realización del foro nacional “La importancia de la seguridad privada en Colombia”, centrado en las condiciones del Trabajo Decente en el sector de la vigilancia y la seguridad privada. Este evento es convocado por la UNI Global y en él participan el Ministerio de Trabajo, la Superintendencia de Seguridad y Vigilancia Privada, un delegado de la OIT, los trabajadores representados por las organizaciones sindicales, la Procuraduría, la Contraloría, voceros de los empresarios y clientes del sector, que emplea a más de 200 mil personas. Ese es el número de trabajadores del “ejército” de la vigilancia privada, que representan el 1% del empleo nacional.



En el Foro los sindicatos del sector presentaron un estudio realizado por la ENS, que recoge los problemas que aquejan a los trabajadores, que son grandes y prácticamente similares en todas las empresas del sector, y son:



Implementación de pactos colectivos por encima de lo establecido en las convenciones colectivas, lo cual es ilegal; salarios precarios (en su mayoría salario mínimo); violación a las convenciones colectivas, persecución y difamación de los sindicatos; jornadas laborales excesivas, incumplimientos en temas de higiene y seguridad; informalidad e inestabilidad laboral, alto nivel de tercerización; competencia desleal de empresas que bajan salarios para ganar licitaciones con el Estado. Además estos trabajadores están expuestos al riesgo de atentados y muerte, padecen segregación laboral y social, y sufren maltratos en su dignidad personal y familiar.



“Hoy con ese foro estamos tratando de hacer visibles nuestras mínimas pretensiones ante los empresarios y los entes del Estado. El sector de la vigilancia y la seguridad privada es como el patico feo a nivel nacional, no hay leyes que volteen la mirada a nosotros, que padecemos inestabilidad laboral y agresiones de todo tipo contra nuestros derechos; los puestos de trabajo, los uniformes, el armamento son de la peor calidad, no se nos da el trato que se merece cualquier trabajador en Colombia. A la Superintendencia le diremos que en las normas que dicta a las empresas tenga en cuenta el tema laboral y sindical”, aseguró Fidel Hugo Alfonso, presidente de Sintravalores, de la multinacional Prosegur.



Por su parte Nefer Doria, presidente de Sintrafortox, al respecto agregó: “Nuestra expectativa con el Foro es lograr que el sector de la vigilancia y seguridad privada sea reconocido con un trabajo decente y una buena remuneración, que no haya discriminación, sobre todo con las mujeres vigilantes, que son muy discriminadas”.



Casi 3 mil empresas en el sector



Este sector ha tenido un desarrollo excepcional en los últimos 15 años, debido básicamente al conflicto y la situación de inseguridad del país, que genera un sentimiento de riesgo que fomenta la adquisición de servicios de vigilancia y seguridad privada. También a la entrada masiva de capital extranjero al sector y la tendencia mundial hacia la tercerización y depreciación de las actividades laborales no consideradas misionales, entre ellas las de vigilancia privada.



Según la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, el sector lo conforman 2.904 empresas que prestan servicios tanto a entidades públicas como a empresas privadas, en las diversas especialidades: vigilancia, seguridad armada, transporte de valores, tecnología de seguridad, escuelas de formación, blindaje y consultoría. En el 2011 los ingresos operacionales de las empresas del sector ascendieron a $4.8 billones, y sus utilidades fueron de $140.000 millones,



Es además un gran generador de empleo. El 86% de los costos en este sector lo representan los pagos de nómina. Los mayores contratistas del servicio son las instituciones oficiales, en segundo lugar las grandes empresas multinacionales y nacionales del sector financiero, minero y de servicios, y en tercer lugar la demanda residencial.



Hoy existe una marcada tendencia a la concentración en pocas empresas en el transporte de valores, en el que las multinacionales son claramente dominantes. A la cabeza están Brinks, Prosegur, G4S, Securitas, que han venido expandiendo su influencia. Hay también empresas nacionales con cierta fuerza, como Atlas y Fortox Security Group, los cuales han mantenido, e incluso ampliado, sus ingresos y utilidades operacionales y netas.



Pésimas condiciones laborales



Aparte de los malos salarios, extensas jornadas, persecución antisindical, acosos y abusos laborales, el tema de la salud ocupacional y seguridad industrial es particularmente sensible para estos trabajadores, y deja mucho qué desear. Para ellos el apego estrecho a la norma no es suficiente.



Por ejemplo, uno de los factores que más causan enfermedades laborales, específicamente en el de transporte de valores, es la forma misma del carro, el blindaje de los vidrios y la estructura no ergonómica de la silla de los conductores y tripulantes, que producen problemas de visión y columna vertebral, problemas a los que coadyuvan las pesadas bolsas de dinero, el encierro permanente en los carros y hasta la imposibilidad de realizar sus necesidades fisiológicas.



Y a lo anterior se suma la postura antisindical que caracteriza a la mayoría de las empresas del sector, mediante el uso de diversos medios, como la imposición de pactos colectivos, el desarrollo de procesos disciplinarios de validez dudosa y los consecuentes despidos, y todo un entramado de procederes tendientes a desincentivar y obstruir el derecho de asociación sindical y negociación colectiva.



Algunos de los sindicatos que están en el proceso de unidad para luchar contra estas anomalías laborales son Sintravalores (Prosegur Colombia), Sintrabrinks (Brinks de Colombia), Sintratempi (Seguridad Atempi), Sinalsecuritas (Securitas Colombia), Sintrafortox (Fortox Security Group) Sintraseguridad (G4S Colombia), Siuntrasepvicol (Compañía Andina de Seguridad), Sintrasega (varias empresas). Algunos está confederados en las centrales sindicales y otros son independientes.



Con su gestión mancomunada este grupo intersindical, tras varias reuniones con el Ministerio de Trabajo, logró que esta entidad realizara algunas inspecciones de condiciones laborales en el lugar de trabajo en varias multinacionales, especialmente en Brinks, Seguritas y Prosegur; logró que el Ministerio convocara mediante resolución tribunales de arbitramento para dirimir conflictos en 8 empresas. Además puso el tema de las más de 300 querellas que los sindicatos han interpuesto al Ministerio, sin que hasta ahora haya habido respuestas.



Una caracterización del sector



La vigilancia y seguridad privada en Colombia surge en los años 60 del siglo pasado, cuando empiezan a llegar las primeras empresas extranjeras, se conforman algunas locales y se expiden las primeras normas de regulación. Pero son las leyes 61 y 63 de 1993 las que dan marco normativo a esta actividad y se crea la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. El Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada (Decreto-ley 356 de 1994), que constituye la norma fundamental que rige esta actividad en el país.



Indicadores económicos señalan para este sector ingresos operacionales 3 veces mayores a los del sector hotelero, 2 veces superiores a los del sector bananero, y 1.2 veces los del sector floricultor. En 2007 el sector tuvo ingresos operacionales por $3.1 billones, y en 2011 éstos fueron de $4.9 billones, y en cuanto a utilidades en el mismo lapso pasó de $76.016 millones a $140.459 millones. Una tasa de crecimiento del 14% anual.



Los servicios que han marcado la punta en el crecimiento han sido los de vigilancia armada, que pasó de tener ingresos por $2.4 billones en 2007, a $3.8 billones en 2011; y el de transporte de valores, cuyos ingresos se elevaron de $297.197 millones en 2007 a $472.167 millones en 2011.



En generación de empleos las cifras son también significativas. En 2006 el sector generó 160.000 empleos directos, mientras que en 2012 superó los 200.000 (91% hombres y 9% mujeres), equivalentes al 1% del empleo total nacional. El 90% de los empleos del sector corresponden a vigilantes, mientras que el 10% restante se distribuye entre directivos, escoltas, supervisores y tripulantes.



Aunque sólo opera en el subsector de transporte de valores, Brinks Colombia es la empresa del sector más importante en utilidades netas, que en 2011 fueron de $18.606 millones, por encima de G4S ($8.993 millones) y Prosegur ($8.409 millones), sus dos inmediatas competidoras en transporte de valores. Tiene una nómina de 2.300 trabajadores y presencia en 13 ciudades del país.



Con utilidades netas por $4.868 millones, el grupo Atlas, de origen colombiano, ocupa el 4º lugar en el ranking de las empresas transportadoras de valores, y el 2º en el área de vigilancia armada. Se proyecta a corto plazo como una multilatina, con negocios en diversos países de la región. Posee una nómina de 11.200 trabajadores, el 90% con contrato a término indefinido.



Por su parte Prosegur, multinacional española, tiene 17 sucursales y una nómina de 1.400 empleados directos. $8.409 millones de utilidades netas en 2011, lo que la convierte en la tercera compañía más importante del sector en beneficios netos.



El antisindicalismo, un común denominador



Pero el buen rendimiento financiero de estas compañías guarda relación directa con las malas condiciones laborales. Cada año se presentan más de mil denuncias de trabajadores relacionadas con no cancelación de liquidaciones, ausencia de cotización a salud y pensiones, cotización por debajo de lo estipulado en la ley, y el impago de horas extras, comportamientos de directivos contrarios al derecho de asociación y libertad sindical, entre otros.



El exceso en los turnos de trabajo, jornadas que generalmente superan la norma de las 8 horas diarias y 48 semanales, constituye una queja permanente. Aunque la ley extiende la jornada en casos excepcionales, en este sector se sobrepasa los límites establecidos.



Un buen ejemplo de acción antisindical es Brinks de Colombia. El sindicato Sintrabinks al respecto denuncia que esta empresa en mayo de 2011 impuso un Pacto Colectivo que obligatoriamente debe firmar todo el que ingresa. Varios de los beneficios extrasalariales consignados en este pacto son superiores a los establecidos en la Convención.



Asimismo Binks impone jornadas laborales de 16 horas, razón por la cual fue sancionada con multa de $22´660.000 por el Ministerio de Trabajo; no permite la labor ni la información sindical; utiliza las bonificaciones como herramienta antisindical y presiona contra el ejercicio de afiliación. De por sí Sintrabrinks es un sindicato menguado (no más de 100 afiliados) pero aún así la empresa desincentiva la afiliación a él con diversas formas de presión, desde llamados constantes a descargos hasta el despido de afiliados y dirigentes sindicales.



Otro ejemplo de persecución antisindical y trato discriminatorio se da en Prosegur. Según denuncia de Sintravalores, la empresa ofrece 2 millones de dólares al sindicato por la entrega del artículo 5 de la Convención Colectiva (contrato a término indefinido) con el fin acabar con la convención y extender la tercerización labora. La empresa admite tener 1.437 trabajadores, y de ellos 722 (50.2%) tienen un contrato con bolsas de empleo temporal, condición contraria a lo establecido en la Convención Colectiva.



En agosto de 2010 Prosegur creó un Pacto Colectivo superior a la Convención, ofreciendo bono de $4 millones al trabajador que renuncie al sindicato y se adhiera al Pacto, logrando así sonsacar a 450 trabajadores. Y al trabajador que regrese a la Convención Colectiva se les descuenta los $4 millones de su salario. Además incumple fallos de tutela, resoluciones sancionatorias de Ministerio de Trabajo y fallos de la Corte Constitucional por derecho a la igualdad. También se han presentado despidos de trabajadores sindicalizados, y sin indemnización. Resultado de todo eso es que el sindicto tiene hoy 125 afiliados después de haber tenido 550. Y por otra parte la empresa hace presión propagandística contra Sintravalores mediante la circulación de un panfleto con apariencia de anonimato. Se llama “El zorro”, y en el expresa mensajes claramente antisindicales.



El sindicato denuncia también lo que llama “apartheid laboral” al interior de la empresa, al dividir a los trabajadores en dos categorías: los no afiliados al sindicato, al que denominó “grupo de los UNO”, y el de los sindicalizados. Para diferenciar al “grupo de los UNO” les dio unos botones de portar en el pecho. Es una distinción simbólica que se convierte también en una segregación económica.



Para defenderse, los dirigentes sindicales recurrieron a acciones de tutela y demandas jurídicas en general. Así ha logrado que los afiliados a Sintravalores reciban los mismos beneficios de los empleados no sindicalizados consignados en el pacto colectivo.



La condición de los trabajadores contratados a través de bolsas de empleo son aún peores. Reciben un tratamiento desigual respecto a los trabajadores directos, sindicalizados o no. Y lo grave es que la tendencia es a restringir la contratación directa en beneficio de empleos precarios y tercerizados.



En el Grupo Atlas también se da una planificación y ejecución sistemática de una política antisindical, atentatoria de los derechos de asociación y libertad sindical. Y por lo mismo es una de las empresas más sancionadas por las autoridades del trabajo.



Fortox tiene un Pacto Colectivo al que hace afiliar a los trabajadores antes de firmar contrato. Tiene 7.400 adherentes a este pacto para impedir la afiliación a Sintrafortox, el sindicato de base, que denuncia violaciones de derechos como: liquidación irregular de horas extras, recargos nocturnos, festivos y dominicales; puestos de trabajo inhumanos para prestar el servicio, sin condiciones adecuadas y dignas; hace firmar a los trabajadores letras y pagarés en blanco para cubrirse cuando suceda cualquier inconveniente o daño; a las mujeres les hace contratos por 4 meses apenas.



En la empresa Securitas su sindicato, Sinalsecuritas, denuncia la existencia de Pacto Colectivo al que hacen afiliar al trabajador antes de firmar el contrato, y verbalmente le dicen que si se afilia al sindicato queda cancelado el contrato; denuncia variaciones de sueldos en los contratos y mucha rotación de personal.



En la empresa G4E, el sindicato Sintraseguridad, recientemente creado, denunció el despido de 4 trabajadores con fuero sindical circunstancial; también acoso, violación y maltrato en las condiciones laborales.



En la Compañía Andina de Seguridad las anomalías que denuncia Sintrasepvicol tienen que ver con despido sin justa causa ni permiso judicial del presidente del sindicato y de un coordinador que quiso afiliarse al sindicato; tampoco respeta los contratos firmados y recurre al acoso laboral.



Sintratempi, sindicato de base de la empresa Atempi, denuncia excesiva rotación de personal debido a la modalidad de contratación, no cumple la norma sobre dotaciones a los trabajadores; incumple las actas de los acuerdos a que llega con el sindicato.



Como se ve, los sindicatos del sector tienen muchas y suficientes razones para manifestar su inconformidad y buscar soluciones por parte de las autoridades del trabajo, así como un nuevo direccionamiento del diálogo social con sus empleadores."



Fuente: ENS