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Por esta razón se está realizando una campaña por medio del sitio de avaaz.com. UNI se adhiere a la campaña y solicita su colaboración.



“Pedimos a los diputados de la Asamblea Legislativa que deben rechazar la Ley APP propuesta por el ejecutivo fruto de las presiones de la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador, debido a que es nociva a los intereses de la ciudadanía de bajos ingresos y de los trabajadores y trabajadoras de El Salvador. Por el contrario, los diputados deben aprobar urgentemente una REFORMA FISCAL que haga que los que tienen más paguen más impuestos y así poder financiar las obras sociales que el gobierno debe hacer en beneficio de la población salvadoreña sin necesidad de privatizar estas obras mediante la financiación de los APP.”



Las corporaciones privadas multinacionales se apropiarán de toda obra estatal que necesite inversión de 10 millones de US$ en adelante y tendrán derecho a cobrar altos precios por los servicios prestados con las inversiones construidas con los mismos impuestos del pueblo. Esto aumentará el costo de la vida debido a que los servicios privatizados bajo esta modalidad, incluirán transporte, energía, puertos, aeropuertos, parques, carreteras, servicios municipales etc. Por si fuera poco, los contratos de APP no se podrán finalizar aún si las corporaciones privadas incumplen repetidamente los derechos laborales de sus trabajadores y los derechos de estos solo están descritos de manera retórica en la propuesta de Ley. La Embajadora de Estados Unidos en El Salvador, Maricarmen Aponte, se ha involucrado personalmente en la promoción de dicha Ley irrespetando así la soberanía de la República de El Salvador. La Embajadora está condicionando un segundo desembolso de los fondos de la cuenta del milenio conocidos como FOMILENIO II a la aprobación de la Ley APP. Es evidente que las corporaciones estadounidenses serán las principales beneficiarias de la Ley APP y de las obras financiadas con el FOMILENIO II.



Para apoyar la campaña entrar a : No a la aprobación de servicios públicos privados