UNI rechaza la reforma laboral propuesta en México
Adriana Rosenzvaig, Secretaria Regional de UNI Américas, escribe a los coordinadores parlamentarios mexicanos alentando el debate democrático de una reforma laboral que, de ser aprobada, significará un gran retroceso para los derechos de los trabajadores de México.
Al igual que numerosos sindicatos miembros de la Alianza de Solidaridad Trinacional (TNSA), UNI expresó su preocupación frente a las consecuencias que traerá consigo la aprobación de este nuevo código laboral que “…consolidaría aún más el sistema de contratos de protección patronal que hoy domina las relaciones laborales en México. Además, con toda seguridad destruirá al movimiento sindical independiente en el país, cerrando las pocas ventanas por las que hoy en día los trabajadores organizados pueden obtener representación auténtica, a través de un sindicato elegido por ellos mismos.”
Este proyecto de ley de reforma laboral fue creada por el Presidente Felipe Calderón, quién dio estatuto preferencial al tratamiento y aprobación de la misma. Esto significa que el Parlamento deberá tratarlo en un período de 30 días a partir del primero de setiembre pasado.
Ante esto UNI manifiesta su preocupación “El nuevo proceso por vía rápida claramente no es democrático y presenta una imagen verdaderamente negativa de México, la cual es indiferente a la perspectiva de muchos legisladores y ciudadanos. Además, la reforma propuesta no ofrece esperanzas que indiquen que las condiciones de los trabajadores en México mejorarán, ni cumple con las normas internacionales vigentes.” Ya que “viola las convenciones 87 y 98 sobre libertad sindical y negociación colectiva de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Art. 2 del ACLAN, el cual señala que las partes “proveerán estándares laborales altos [y] realizarán esfuerzos para mejorar aquellos estándares” y otros acuerdos internacionales que protegen la libertad de asociación.”
En síntesis, en caso de ser aprobada, esta ley debilita el derecho a la huelga e interfiere en la autonomía sindical. Favorece el trabajo precario, al legalizar la subcontratación que exime a las empresas del respeto a los derechos laborales, pudiendo contratar por 6 meses de prueba o incluso por horas. La compensación en caso de despido o finalización ilegal de la relación de trabajo queda limitada a 12 meses lo que propicia que los contratantes puedan presionar a los trabajadores a que acepten compensaciones inferiores a las que les correspondan.
La carta finaliza instando a que los legisladores consideren las preocupaciones manifestadas y que debatan democráticamente, recordando la gran importancia de éste momento para los miles de trabajadores representados por ellos.