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Centenares de trabajadores de los servicios postales manifestaron su descontento la semana pasada en Estrasburgo, ante el edificio del Parlamento Europeo, para pedir que se pusiera fin a la desastrosa liberalización del mercado postal. Los manifestantes escucharon a varios trabajadores que explicaban cómo habían perdido sus puestos de trabajo o cómo sus condiciones laborales se habían degradado enormemente debido a la liberalización, indicando además que “la liberalización no había traído consigo una mejor calidad de los servicios, sino al revés, las cosas habían empeorado muchísimo”.

La Federación sindical mundial UNI, Postal y Logística de Europa, pide que se establezca una moratoria sobre esta liberalización hasta que se resuelvan todos los problemas que han sido identificados por los trabajadores y los Miembros del Parlamento Europeo (MPE).



Una serie de MEP, a cuya cabeza estaban Denis de Jong, de Países Bajos, del grupo GUE (Grupo de Izquierda Unida), y el líder del Grupo Socialista, Said El Khadraoui, de Bélgica, dirigieron unas palabras a los manifestantes indicándoles que apoyaban el llamamiento lanzado por la UNI Postal y Logística de Europa para que se estableciera una moratoria sobre la liberalización del mercado de los servicios postales en la Unión Europea.



Los trabajadores que se expresaron durante el mitin indicaban cómo se habían destruido sus puestos de trabajo, cómo se les había reemplazado recurriendo al trabajo precario, en el que el trabajo a tiempo parcial remunerado “por unidad de obra” se estaba convirtiendo en la norma. Esta situación estaba conduciendo a una disminución rápida de la calidad del servicio postal, con problemas en materia de seguridad y con ninguna garantía de que los envíos se repartieran en los horarios previstos a tal efecto.



Los MPE señalaron que resultaba inaceptable el que la Comisión de la Unión Europea hubiera prometido al Parlamento Europeo que un mercado postal europeo abierto conduciría a innovaciones y a mejor calidad en los servicios, cuando en realidad lo que estaba ocurriendo es los contrario.



Ante los manifestantes se expresó también Oliver Roethig, del Departamento de Finanzas de la UNI, quien exhortó a los trabajadores a que siguieran luchando para obtener una moratoria, ya que una de las principales razones por las cuales los empleados en el sector de finanzas se encontraban con serios problemas de empleo durante esta crisis financiera se debía a una reglamentación imperfecta. Indicó asimismo que los trabajadores en todos los sectores necesitaban presentar un frente común para conseguir una reglamentación adecuada en las industrias, una reglamentación que garantice la oferta de unos puestos de trabajo dignos. Christy Hoffman, Secretaria General Adjunta de la UNI, señaló por su parte que de por su origen era estadounidense, del país del mercado libre por excelencia, país que sin embargo no había liberalizado el mercado postal. En Estados Unidos se había visto que las compañías mundiales de reparto de correo rápido privadas, que compiten entre sí, como por ejemplo UPS y FedEx, no crearían redes de servicios para las zonas rurales, los lugares aislados o para las comunidades y municipios pobres, algo que solamente hace un verdadero servicio postal universal. Por último indicó que la idea de liberalizar el mercado postal en Europa no era una idea compartida en otros grandes países industrializados, razón por la cual estaba abocada al fracaso.



Al día siguiente en el Parlamento hubo varios grupos políticos que respaldaron la pregunta que se le había hecho a la Comisión de la UE sobre los temas antedichos. La pregunta, que fue presentada al Parlamento por parte del Presidente de la subcomisión del transporte, Brian Simpson del Reino Unido, estaba dirigida a la Comisión, pidiéndole a ésta que contestara a las preocupaciones que los trabajadores habían expresado fuera en la manifestación del día anterior, así como posteriormente dentro del Parlamento en una reunión abierta entre trabajadores y MPE. Lo que más preocupaba a los MPE era la cuestión de cómo estaba midiendo la Comisión las repercusiones que estaban teniendo los cambios en las condiciones sociales de los trabajadores postales, y de cómo podría garantizar el cese del obvio dumping social que se estaba manifestando en los mercados postales liberalizados. Los MPE querían pruebas que mostraran que la cláusula de la Tercera Directiva Postal (el instrumento que permite la liberalización del mercado postal), relativa a la garantía del mantenimiento de las condiciones sociales, era en realidad respetada y aplicada. En todo caso, para ellos, no había ningún tipo de pruebas hasta la fecha que demostrara que la Comisión garantizara el cumplimiento de esta cláusula.



Otro tema importante que plantearon los MPE que intervinieron en el turno de preguntas fue que tampoco habían visto prueba alguna de que la Comisión garantizara asimismo la protección del servicio postal universal. Varios MPE que se expresaron en el debate señalaron sus preocupaciones ante el hecho de que la Comisión no hubiera desplegado ningún esfuerzo para ayudar a los Estados Miembros a comprender cómo pueden proteger y proporcionar un servicio postal universal sin tener que recurrir a enormes subvenciones gubernamentales, idea que en el contexto actual de crisis económica es pura fantasía.



Todos los Grupos políticos en el Parlamento Europeo -desde el GUE-NDE, los Verdes, los Socialdemócratas, los Liberales y hasta el PPE- intervinieron en el debate pidiendo respuestas por parte de la Comisión de la UE. Brian Simpson, quien dirigía el debate, señaló que las pruebas que le mostraban los trabajadores a él dejaban bien patente que la Comisión no había mantenido su palabra, consistente en garantizar que no habría dumping social y en garantizar asimismo que habría un servicio postal universal a un precio asequible. Denis de Jong indicó ante el Parlamento que en su país, Holanda, la liberalización ya había empezado, siendo la consecuencia de ello un mercado postal devastado y la pérdida de miles de puestos de trabajo. Aquellos puestos de trabajo que han podido crear los nuevos competidores se debían a un recorte masivo de los costes para poder competir y a un dumping social enérgico, lo que hace que en estas nuevas compañías no haya ni unos salarios adecuados ni unas condiciones sociales pertinentes para los trabajadores de los servicios postales.



Said El Khadraoui, hablando en nombre del Grupo socialista, señaló ante el Parlamento que la Comisión había fracasado en garantizar que los Estados Miembros aplicaran la Directiva como lo había convenido el Parlamento, y que por consiguiente debería declararse una moratoria hasta que éste recibiera las garantías necesarias para que se resuelvan los graves problemas que se presencian actualmente con la liberalización del mercado postal.



Isabelle Durant, del Grupo de los Verdes, indicó que resultaba evidente que la liberalización estaba fracasando, y que la Comisión debería replantearse el porqué del fracaso de esta política, y proceder de inmediato a la elaboración de un informe de impacto para mostrar lo que efectivamente está ocurriendo en el mercado postal.

Sabine Wils, del Grupo GUE, respaldaba también completamente la idea de que se declarara una moratoria, y señaló que la Comisión debería cesar de ignorar las pruebas claras que emanaban del mercado postal y las preocupaciones que expresaban tanto los trabajadores postales como los clientes. Lo que tendría que hacer la Comisión es empezar a analizar las maneras de garantizar y mantener un servicio postal universal de calidad, con puestos dignos para los trabajadores postales, y no unos puestos en que los salarios y las prestaciones habían sido recortados y destruidos drásticamente.



Entre otros oradores que atacaron los planes de la Comisión figuraron Marc Tarabela de Bélgica, Silvia-Andrea Ticau de Rumania e Inés Ayala Sender de España. En realidad hubo un gran número de MPE que pidieron hacer el uso de la palabra, todos ellos respaldando la posición de la UNI Postal y Logística y pidiéndole a la Comisión cuentas de porqué no había estado a la altura en lo que se refiere a los aspectos sociales y a la garantía de un servicio postal universal.



El Comisario Barnier, en su respuesta al Parlamento, declaró que el año que viene se crearía un Grupo de usuarios para analizar las repercusiones habidas por la liberalización, Grupo que incluiría a clientes, grupos de usuarios y sindicatos. Señaló que la Comisión quería salvaguardar las condiciones sociales y el servicio universal, pero también le dijo al Parlamenteo que la Comisión no respaldaba la idea de una moratoria, y que la Directiva había sido aprobada por una mayoría de los MPE. En respuesta asimismo a las preocupaciones expresadas por los parlamentarios, indicó que está en manos de los Estados Miembros el elaborar leyes y políticas que ayuden a aplicar la Directiva. Por último, dijo que se encargaría de que en un momento dado se realizara un estudio de impacto.



En la opinión de la UNI Postal y Logística de Europa, lo que ha hecho la Comisión de la UE ha sido “sacudirse el mochuelo de encima”. El Comisario Barnier no puede establecer condiciones en un mercado liberalizado, y luego dice de cierta manera: “...lo siento, las cosas son así y ustedes verán”. La UNI considera además que realizar el estudio de impacto para el año que viene es demasiado tarde, pues el daño ya está hecho y la liberalización ya estará entonces terminada, sin esperanza alguna de dar marcha atrás. Esto de nuevo es una manera de “escabullir el bulto” por parte de la Comisión, a la cual le venimos diciendo desde estos dos últimos años que ese trabajo lo tendría que haber hecho ya desde hace mucho tiempo, y al responder ahora que lo hará pero sin que haya de por medio una moratoria es algo que demuestra la falta de sinceridad de la Comisión. Por último, declarar que ahora son los Estados Miembros los que tienen que saber cómo aplicar esta imperfecta Directiva, sin darles a cambio el respaldo y asesoramiento adecuados, constituye un fracaso por parte de la Comisión al no poder garantizar la aplicación de la misma tal y como fue convenida por el Parlamento Europeo.

Ante esta situación, la UNI Postal y Logística de Europa pide una moratoria inmediata sobre la aplicación de la Tercera Directiva Postal.