La Justicia le sigue dando la razón a los sindicatos en Prosegur

Publicado: 19 Febrero 2015
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Ahora en Perú: Ministerio Público declara infundada la denuncia contra líderes sindicales.

Se trata de una demanda penal interpuesta por la empresa de seguridad española Prosegur y la Procuraduría adjunta especializada en Delitos del Orden Público. Esta demanda se originó bajo la acusación del supuesto delito contra el libre tránsito de medios de transporte, comunicación y otros servicios públicos (“entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos en agravio del Estado”). A través de la misma, se enjuició a nueve miembros de la Junta Directiva del Sindicato, en cabeza de su Secretario General, compañero Luis Cárdenas. Este daño supuestamente se causó durante la huelga llevada a cabo el 13 de septiembre del 2013, que contó con una adhesión de alrededor de 500 trabajadores en todo el país.

Durante la citada huelga, 150 trabajadores de Prosegur se manifestaron al frente de la empresa, quien procedió a incriminar penalmente a 9 dirigentes sindicales, que lideraban la protesta, acusándolos de entorpecer el funcionamiento de los servicios públicos.

Después de un largo proceso, la Fiscalía Superior Penal declara estas acusaciones como infundadas, aseverando, a su vez, que la huelga se había originado por la falta de respuesta de la multinacional española al pliego de reclamos presentado por el sindicato, y cuyo objetivo principal era obtener mejoras laborales.

La Fiscalía Superior Penal resuelve: “Declarar INFUNDADA la queja de derecho interpuesta contra la resolución materia de la alzada, debiéndose devolver lo actuado a la fiscalía provincial de origen”.

Prosegur, en su aparentemente sistemática práctica de desobedecer las reglas de los países en los que opera, no sólo no estuvo de acuerdo con la resolución inicial que declara improcedente su denuncia, sino que eleva una queja contra los fiscales, misma que también fue declarada INFUNDADA.

Los dictámenes de la justicia en Colombia y en Perú siguen demostrando que Prosegur vulnera derechos humanos, laborales y sindicales en estos países,  y que pretende estar por encima de la ley.