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¿Cuales son las demandas durante los Días de Acción y por qué?



El 19 de febrero de 2012 marca seis años de la explosión en una mina propiedad de la empresa mexicana Grupo México. El dueño de Grupo México es Germán Larrea, el segundo hombre más rico de México. La explosión mató a 65 hombres en un evento que Napoleón Gómez Urrutia, secretario general del Sindicato Nacional Minero, calificó de “homicidio industrial.” Los cuerpos de 63 de los mineros fallecidos permanecen sepultados bajo tierra. Nadie se ha responsabilizado por la explosión. Sólo días antes de la tragedia, el gobierno mexicano negó la toma de nota al Secretario General reelegido de los Mineros, quien se ha visto forzado a exiliarse en Canadá por más de la mitad de su mandato. El tesorero del sindicato fue liberado tras pasar dos años, dos meses y veinte días encarcelado y ser sujeto a diecinueve juicios nulos; fue liberado justo días después de los Días de Acción 2011.



Los Días de Acción por la Libertad Sindical en México 2012 retoman las mismas exigencias—mayormente desatendidas—que en el 2011. Brindan la oportunidad para enfocarse en el deterioro de los derechos de l@s trabajador@s y sindicalistas en los doce meses después de la denuncia de la comunidad internacional en contra de los abusos peligrosos sin precedente a los derechos humanos laborales en este país. La comunidad internacional de defensa de los derechos laborales se une para exigirle a México respetar sus obligaciones internacionalmente reconocidas. Es importante notar que México es contraparte del TLCAN, anfitrión y miembro del G20 y la OMC, aspirante al Acuerdo de Asociación Transpacífico y como miembro de las Naciones Unidas, sujeto a los convenios de la Organización Internacional del Trabajo.



El año pasado, las exigencias del movimiento sindical internacional al Gobierno de México fueron:

1. Abolir las violaciones sistemáticas al derecho de libertad sindical, incluidos los contratos de protección patronal y la interferencia en recuentos sindicales y elección de representantes.
2. Un fin al uso de violencia—de parte del estado o actores privados—para reprimir las demandas legítimas por un sindicalismo democrático, mejores sueldos y buenas condiciones de salubridad e higiene.
3. Enjuiciar a los empresarios y oficiales gubernamentales por la explosión que mató a 65 mineros en Pasta de Conchos el 19 de febrero de 2006.
4. Un fin a la persecución política en contra del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

Ejemplos de abusos constantes que representan un deterioro en la protección de los derechos humanos son:

1. El no reconocimiento de los sindicatos independientes y democráticos y sus líderes electos democráticamente.
2. Despidos masivos de trabajadores debidos al cierre ilegal y fraudulento de empresas sindicalizadas.
3. La manipulación de los procesos legales y administrativos que determinan los derechos de representación sindical y negociación colectiva, y la aparición repentina de sindicatos charros o fantasmas que brindan una representación falsa a los trabajadores.

Para abordar las causas primordiales del control absoluto y anti-democrático sobre las relaciones laborales, las exigencias formuladas por el movimiento laboral internacional para el gobierno mexicano son condensadas abajo:

• Respetar las recomendaciones de la OIT en cuanto a los sindicatos de protección patronal (Caso 2694) para:
  
  
  • empezar un dialogo de buena fe con los sindicatos independientes y democráticos
  • buscar medidas legislativas que pongan un fin a la práctica de contratos de protección
• Respetar las recomendaciones de la OIT para enjuiciar a los responsables por la explosión en Pasta de Conchos y que estos sean sancionados de forma adecuada.

Conocer los conceptos claves



Sindicatos de protección



El sindicalismo de protección patronal es la base del anti-sindicalismo y la represión de sindicatos legalizada. Los sindicatos de protección son estafadores corruptos que operan con el consentimiento del gobierno y de los empleadores; ganan grandes cantidades monetarias por asegurarse que los sueldos y las condiciones de trabajo sean mínimas haciéndose pasar por verdaderos representantes de l@s trabajador@s. Por lo general, l@s trabajador@s no saben que tienen sindicato hasta que intentan organizarse y se dan cuenta que existen representantes que no conocen. Algunos de estos sindicatos de protección están vinculados con el crimen organizado, otros tienen nexos con los sindicatos corporativistas (o charros o “oficiales” que nacieron como instrumentos de Partido Revolución Institucional (PRI). Muchos abogados laboralistas argumentan que los sindicatos de protección son ilegales, contrario a lo que dice el gobierno, los partidos políticos y los empleadores, porque la ley laboral mexicana y las estructuras administrativas tienen fallas fundamentales, por ejemplo—clausulas que permiten que los sindicatos excluyan del derecho al trabajo a miembros que busquen establecer alternativas democráticas; y juntas laborales tripartititas que—en realidad—incluyen representación del gobierno, empresas, y sindicatos charros pero no una representación real del trabajador.



Registro y negociación colectiva



Para registrar un sindicato en México, es necesario demostrarle a las autoridades laborales que se reúnen por lo menos veinte miembros. Pueden existir múltiples sindicatos en un centro de trabajo. Si no existe otro sindicato, un sindicato registrado tiene el derecho a negociar un contrato colectivo con su empleador y a emplazar a una huelga si el empleador se rehúsa a hacerlo. Si ya existe un sindicato se debe ganar la titularidad del contrato a través de una recuento. Habitualmente, se no se les da voz ni voto a l@s trabajador@s en ninguna de las etapas del proceso: en el registro y el recuento. El gobierno viola sus obligaciones internacionales negándole el registro a sindicatos que no agradan (léase sindicatos independientes y democráticos). Y las juntas laborales llevan a cabo recuentos fraudulentos para asegurarse que si un sindicato independiente y democrático logra conseguir el registro, no pueda ganar la titularidad, y así el derecho a negociar, o demoran los recuentos muchas veces para dar tiempo a las campañas anti-sindicales y acabar con el apoyo de l@s trabajador@s. Hasta hace poco, los recuentos en México manejaban un voto público, l@s trabajador@s eran obligad@s a votar en frente de representantes de la junta laboral, la empresa, sindicatos y muchas veces en frente de golpeadores. Aunque la Suprema Corte de Justicia declaró ilegal esta práctica, nuevas prácticas la han reemplazado: notificar la fecha de un recuento pospuesto por meses solo días antes o permitir que voten personas que no laboran en el centro de trabajo.



Otras tácticas anti-sindicales



Más allá de los sindicatos de protección y la audaz manipulación de los marcos legales y administrativos, los empleadores y el gobierno mexicano usan otras tácticas anti-sindicales sin duda conocidas en otros países, tal como el despido injusto e ilegal de activistas, amenazas, acoso e intimidación de activistas y sus familiares, el uso de esquiroles y cierres ilegales de operaciones y empresas. En México, las fuerzas de seguridad son testigo de estas tácticas (sin hacer ningún esfuerzo por detenerlo) o abusan de su autoridad y armas para apoyar en la represión. En otros casos, grupos criminales o golpeadores recogidos de la calle sustituyen o complementan las fuerzas de seguridad en su uso de intimidación o violencia.



Algunos de los casos actuales que son los más atroces



ASPA y ASSA: 8000 pilotos, sobrecargos y personal de tierra de Mexicana de Aviación permanecen en la calle a más de dos años del paro de operaciones, pese al interés de inversionistas. Se cree que la empresa usó prestamos públicos y privados para invertir en otro lado mientras rutas fueron concedidas a aerolíneas de bajo costo y sin sindicatos.



FLOC: En abril 2007, Santiago Rafael Cruz fue atado y golpeado hasta morir en las oficinas del Foro Laboral Obrero Campesino (FLOC) en Monterrey donde trabajaba como organizador. Su asesinato fue un acto de intimidación para disuadir al sindicato de continuar sus tareas de apoyo a l@s campesin@s. Hasta la fecha y pese al llamado de FLOC y la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no se ha hecho justicia, los asesinos y autores intelectuales siguen libres.



Los Mineros: Napoleón Gómez Urrutia continúa trabajando desde el exilio. 1300 soldados libran el camino de un número equivalente de esquiroles a la mina de Cananea propiedad de Grupo México, donde trabajador@s están en huelga desde hace cuatro años y medio para exigir mejores condiciones de seguridad e higiene industrial. No se ha llevado a cabo una investigación formal sobre la explosión en Pasta de Conchos, los cuerpos de 63 mineros permanecen sepultados y las familias no han recibido ninguna compensación. El sindicato es víctima de ataques en otras minas, en Sombrete, Taxco y La Platosa, donde operan tres sindicatos de protección en complicidad con la minera canadiense Excellon Resources para impedir que una nueva sección de Mineros (Sección 309) gane el derecho de negociación colectiva para 400 trabajador@s. El sindicato se encuentra bajo ataque en lugares donde se afilian trabajador@s de plantas de autopartes. El ejemplo más importante es el de la planta de arneses en Ciudad Acuña propiedad de la empresa finlandesa PKC, donde 7000 trabajador@s se enfrentan a un sindicato de protección y una campaña anti-sindical que buscar privarlos del derecho al voto.



Sindicato Independiente de Trabajadores de Sandak: En diciembre 2010, unos 250 miembros del Sindicato Independiente de Trabajadores de Sandak iniciaron una huelga para impedir que la empresa viole su contrato ilegalmente removiendo maquinas y cerrando la planta. Con la ayuda del FAT, ganaron una victoria legal rechazando el razonamiento del patrón que no podían emplazar a huelga, porque el empleador había cerrado la planta anteriormente, violando el contrato colectivo de trabajo. Aunque la empresa apela la decisión, much@s trabajador@s se mantienen el huelga, decidid@s a salvar su fuente de trabajo.



SME: Las fuerzas de seguridad ocuparon más de 100 centros de trabajo del sector energético en la Ciudad de México y los estados aledaños en octubre 2009 después de la negación de la toma de nota del sindicato. Un decreto presidencial anti-constitucional dejó a 44,000 trabajadores sin empleo de la noche a la mañana y transfirió operaciones a una empresa pública anti-sindical y a subcontratistas privados. Desde entonces, el sindicato logró la toma de nota pero aún no ha llegado a un acuerdo para reinstalar a los 16,599 trabajador@s que no aceptaron liquidación. Esa situación continúa pesa a una ocupación de seis meses de Zócalo de la Ciudad de México que terminó en septiembre 2011 cuando el gobierno se comprometió a solucionar el conflicto. Una queja en contra del gobierno de México fue aceptada en las oficinas de TLCAN para revisión por los gobiernos de Canadá y los Estados Unidos.



STRM: En junio 2008, estudiantes de preparatoria y universitarios que laboran en un centro de llamadas de Telefónica/Atento México quisieron dejar atrás un contrato de protección uniéndose al Sindicato de Telefonistas. L@s trabajador@s que intentaron votar por una verdadera representación en un recuento en el 2010 se enfrentaron a la intimidación de parte golpeadores con nudilleras de metal. Se determinó que el recuento fue fraudulento y un año después se notificó de un segundo recuento con 48 horas de notificación. Esta vez, se suspendió el voto después de que l@s trabajador@s elegibles para votar rompieron una valla de 300 golpeadores (cuya presencia fue presenciada por granaderos sin intervenir) y llegaron a las puertas de la junta laboral. Menos de diez días después, se llevó a cabo otro recuento y está vez trabajador@s sin derecho a votar se encontraban en el sótano de la junta horas antes de la votación mientras un gran contingente regresaba a trabajador@s con derecho a votación argumentando que no estaban autorizados para dejarl@s pasar. El recuento iba a determinar los derechos de negociación de 10,000 trabajador@s.



STUHM: En 2012, trabajador@s de la planta de Honda México en Jalisco empezaron a organizarse para echar a un sindicato de protección. En 2011, después de varias negativas, las autoridades aceptaron el registro de su sindicato independiente. Siguió el despido del comité ejecutivo del sindicato, seis de ellos siguen desemplead@s. A pesar de esta y otras formas de hostigamiento anti-sindical, el sindicato demanda la titularidad del contrato colectivo. Mientras el STUHM esperaba que se fijara una fecha para el recuento, el sindicato de protección cambió de nombre y subsecuentemente la junta rechazó la petición de STUHM, argumentando que el sindicato demandado ya no existía. Durante este tiempo, por lo menos cuatro trabajador@s fueron hospitalizad@s después que un autobús contratado para trasportar a trabajador@s a sus casas después de su jornada laboral sufrió un fuego eléctrico. No había extinguidores y no funcionaban las salidas de emergencia.



SUDUACM: Se le negó el registro del sindicato de l@s trabajador@s de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.



SUTEIVP: Hace cuatro años y solo unos días después de negociar un incremento salarial de diecinueve por ciento, resultado del desplazamiento de un sindicato de protección, 400 vidrieros expertos fueron despedidos de una planta productora de botellas para cerveza Corona Export. Tres años después, con nuevo sindicato de protección ya establecido, estos hombres y sus familias siguen luchando por su reinstalación y los derechos de l@s trabajador@s de la planta propiedad del Grupo Modelo, de ser representad@s por el sindicato que elijan. La Organización Internacional del Trabajo recomendó que el gobierno mexicano garantice que la junta laboral dé curso rápido al caso, pero no han tenido respuesta todavía.



SUTIEMS: Hace poco, se les negó el registro a l@s trabajador@s del Instituto de Educación Superior.



UNTyPP: Aproximadamente 30,000 técnicos y profesionales de PEMEX han luchado varios años para organizarse y obtener el registro de su sindicato independiente. El tercer intento fue exitoso y el 19 de diciembre 2009, cuando una corte federal obligó al gobierno a reconocer el sindicato y sus oficiales.



PEMEX se resiste a negociar con ell@s y difiere al sindicato oficial, STPRM. (Esto pese al dictamen de la Suprema Corte que más de un sindicato puede representar a trabajador@s en un centro de trabajo, poniendo fin, en teoría, a la hegemonía de los sindicatos oficiales en el sector público. Durante los esfuerzos de organización, decenas de trabajador@s fueron despedid@s. Recientemente, un trabajador fue trasladado a una de las regiones más violentas del país, donde lo aíslan de l@s otr@s trabajador@s, mientras otr@s líderes sindicales fueron despedid@s—una después de años de pelear su reinstalación



Como miembro del Pacto Mundial de la Naciones Unidas sobre responsabilidad social corporativa, PEMEX tiene la obligación de implementar las recomendaciones de Naciones.