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El 15 de octubre del año 2001 fue un lunes negro en San Rafael, municipio ubicado en el oriente de Antioquia. Ese día, un grupo paramilitar irrumpió en el caso urbano de la población y, entre otras acciones, retuvo a dos personas: Julio Ernesto Ceballos Guzmán, profesor del Colegio San Rafael, de 36 años, miembro del sindicato de Institutores de Antioquia (ADIDA), y reconocido activista cívico y dirigente deportivo en esta localidad; y Ángel Hipólito Jiménez, un ex soldado profesional de 31 años, quien en ese momento estaba desempleado.

A ambos los sacaron de sus casas con el pretexto de invitarlos a una reunión, pero se los llevaron consigo y desde entonces nada de ellos no se volvió a saber. Hasta 17 meses después, cuando sus cadáveres fueron hallados en la vereda La Granja, del mismo municipio, dentro de una fosa común, con las manos atadas, huellas de tortura y disparos en la cabeza. El hallazgo se produjo por indicación de miembros del mismo grupo que los asesinó, quienes previamente les exigieron a sus familias un millón y medio de pesos por la entrega de los cadáveres.

Tendrían que pasar diez años para que la justicia colombiana, gracias a testimonios de miembros de las autodefensas desmovilizados, profiriera las primeras condenas por estos hechos. Entre 2011 y 2013 fueron condenados, como autores materiales, los paramilitares Gabriel Muñoz Ramírez, alias “Castañeda”; Iván Arboleda Garcés, alias “Arboleda”; José Alexander Osorio Morales, alias 'Candado', y Edilson Hoyos Herrera, alias “El Capi”, todos integrantes del Bloque Metro de las AUC que en el 2001 delinquía en esa región antioqueña, al mando de Carlos Mauricio García Fernández, alias “Doble Cero”.

Lo nuevo ahora es la condena que la Juez Once Penal del Circuito Especializado de Bogotá profirió el pasado 28 de febrero contra el ex alcalde de San Rafael, Edgar Eladio Giraldo Morales, como autor intelectual y determinador de ambos crímenes. Bajo los cargos de concierto para delinquir agravado y homicidio de personas protegidas en concurso con desaparición forzada agravada, lo condenó a pagar 487 meses de prisión (40 años) y una multa de 3.208 salarios mínimos legales vigentes, así como la inhabilidad para ejercer cargos públicos durante 237 meses.

Al respecto, Nelson Pérez, de la Comisión de Derechos Humanos de ADIDA, señaló: “Nos llena de satisfacción ver cómo por fin se hace justicia frente al caso de asesinato de maestros, con un fallo a favor de las familias y del sindicalismo en este caso. Porque hemos visto muy lentos los procesos judiciales por asesinatos, amenazas y desplazamiento de maestros. Ojalá no fuera uno solo, sino que se esclarecieran todos los casos que se cometieron en San Rafael, que junto con San Carlos ha sido una zona de mucha violencia por parte de grupos armados, de lado y lado”.

Julio Ernesto Ceballos Guzmán, el docente sindicalista asesinado, hacía parte de una familia de 8 hermanos. Enseñaba educación física y estaba próximo a titularse como tecnólogo de esta disciplina en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid. La comunidad siempre le reconoció su compromiso con el deporte, impulsando semilleros en el campo del ciclismo, pues su lema era que mediante la práctica del deporte era posible evitar la drogadicción y la delincuencia. En el ciclismo llegó a participar en competencias regionales y obtuvo varios trofeos. 

Tras su asesinato, sus familiares se vieron obligados a desplazarse de San Rafael hacia La Dorada, pues no tardaron en ser víctimas de amenazas contra su vida. “Todo lo dejamos tirado por miedo a represalias, no nos dieron tiempo ni de recoger las platas que nos debían, todo eso lo perdimos”, es el testimonio de doña Julia Guzmán de Ceballos, madre del docente, el cual aparece en el libro “Tirándole libros a las balas. Memoria de la violencia antisindical contra educadores de Adida, 1978-2008, investigación adelantada conjuntamente por la ENS y Adida.  “Duele dejar un pueblo tan querido, y todas las amistades, para irse a vivir a una ciudad donde uno no tiene conocidos ni nadie. A mí me tocó sufrir mucho, fue horrible, son recuerdos muy dolorosos”, agrega doña Julia en su testimonio.

En su sentencia la juez determinó que ambos asesinatos fueron obra intelectual de Edgar Eladio Giraldo Morales, quien en ejercicio de sus funciones como alcalde de San Rafael organizó y prestó su concurso para la financiación del grupo de las AUC que delinquía en la zona. “Les daba 30 millones de pesos mensuales y les ayudaba con la policía”, dijo uno de los testigos que aparece en el expediente. 

Asimismo, en declaración rendida el 6 de noviembre de 2009 uno de los testigos se refirió a la conducta de Giraldo Morales en los siguientes términos:

“… En ocasiones el señor alcalde le daba órdenes a uno de matar a alguien por allí. Mejor dicho, él pedía el favor pero eso prácticamente era una orden. Por ejemplo, en varias ocasiones mandó a matar viciosos, también mató un sindicalista por allá en una vereda. A mí me mandó a matar un señor por el lado de una bomba de gasolina en San Rafael, este señor manejaba como una retroexcavadora. No sé el motivo, pero él alcalde nos dijo a varios de nosotros que matáramos a este señor… ”.

Y concretamente sobre el crimen del profesor Julio Ernesto Ceballos Guzmán, en la diligencia de indagatoria rendida el 30 de abril de 2010, se lee:

 “… El profesor que enseñaba en un colegio de San Rafael le hicieron unas preguntas. Él tenía un problema personal con el alcalde, no sé qué problema. Él estaba como al mando de un sindicato y el alcalde dijo que le estaba sirviendo a la guerrilla y vendiéndole munición. Y por lo que dijo el alcalde, lo pelaron…. Ahí todos tenían que votar por la corriente de él y el que no lo hacía se tenía que ir desplazado”.

Este nuevo caso resuelto por la justicia colombiana revela, una vez más, la alianza que en muchas regiones del país hicieron funcionarios del gobierno con grupos al margen de la ley, y que cobró la vida de muchas personas, entre ellas miembros de sindicatos y activistas cívicos, como en el caso del profesor Ceballos Guzmán.

Fuente: ENS