Colombia: Luego de 11 años se hace justicia
Un juzgado penal de Bogotá Distrito Capital condenó a 37 años y 11 meses de cárcel a Jaime Blanco Maya, hermano medio del ex procurador Edgardo Maya Villazón y ex contratista de la empresa carbonífera Drummond, como autor intelectual del asesinato en el 2001 de los sindicalistas de esa multinacional estadunidense Valmore Locarno, de 42 años, y Víctor Hugo Orcasita, de 36, quienes fueron bajados de un bus de obreros y luego asesinados a tiros por un grupo de paramilitares en zona rural del municipio de Bosconia, departamento del Cesar.
El juzgado encontró probado que Blanco Maya ordenó el asesinato del Presidente y Vicepresidente del sindicato aprovechando los nexos con los paramilitares porque el sindicato estaba protestando contra la calidad del servicio de alimentación de los trabajadores que prestaba su empresa a la Drummond. Blanco ha dicho que si bien tuvo nexos con paramilitares, él no tuvo responsabilidad directa en los homicidios de los dos sindicalistas y que éstos, en realidad, fueron ordenados desde la propia cúpula de la Drummond porque consideraban a las dos víctimas supuestos simpatizantes de la guerrilla.
Las cortes en los Estados Unidos, donde los familiares llevaron el caso, han dicho que la multinacional no tiene ninguna responsabilidad en estos crímenes pese a que los paras confesaron su culpa y vínculos con el hermano contratista del ex procurador.
No obstante, en Colombia el juez remitió a la Corte Suprema la decisión a solicitud de las familias de las víctimas–de indagar si el exprocurador Edgardo Maya faltó a sus deberes al no promover acciones para defender la integridad de los sindicalistas del Cesar, cuya vulnerabilidad supuestamente conocía.
También pidió a la Fiscalía investigue “la responsabilidad en los sucesos que puedan tener” directivos de la Drummond, Augusto Valencia y Jean Adkins, así como los excongresistas Álvaro Araújo Castro y Jorge Castro Pacheco (los dos políticos están en prisión, por la ‘parapolítica’).
Sin embargo, aunque la condena fue apelada según consta en la decisión del juzgado, el sindicalismo colombiano espera que la decisión quede en firme y que los responsables materiales e intelectuales sean llevados a prisión y que los crímenes contra sindicalistas no sigan en la impunidad.