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La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO quiere poner de manifiesto que los “brotes verdes” y “las raíces vigorosas” que “ese” que todas y todos conocemos anuncia día sí y día también a través de un plasma, no se perciben en la situación de las mujeres víctimas de la violencia de género. El desmantelamiento de los servicios públicos esenciales, las reformas laborales y los recortes en políticas de igualdad  influyen  negativamente  en  la independencia económica y personal de las mujeres, y las condena a la segregación ocupacional, a la brecha salarial al trabajo a tiempo parcial para “fomentar su conciliación”, o directamente a quedarse en casa para atender a sus hijas/os o a personas dependientes.

A todo esto, tenemos que añadir la reforma de la Administración Local, que supone la eliminación de las competencias municipales en materia de políticas de igualdad, atención a las mujeres y menores víctimas de violencia de género, casas de acogida o servicios de información, entre otros. La situación socioeconómica ha empeorado y, sin embargo, a la par  que  aumentan  las necesidades  sociales  y asistenciales de las mujeres, éstas  ven  disminuir  el presupuesto estatal destinado a servicios públicos en general y a conseguir la igualdad y combatir la violencia en particular. Las y los menores son utilizados, en muchos casos, como instrumentos de violencia contra la mujer y aunque la violencia de género no va dirigida contra los niños y las niñas, obviamente les afecta de manera tan directa que, en algunas ocasiones, acaba con su vida. Por ello hay que insistir en la idea de que un maltratador no es un buen padre y que si se quiere proteger a la infancia, lo que se tiene que hacer es mantener y reforzar los servicios y recursos públicos destinados a erradicar la violencia de género.

Según los datos oficiales, en el año 2013, 54 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o ex parejas, seis menores fueron víctimas de sus progenitores y 42 niños o niñas quedaron huérfanos/as. Hasta la fecha, en 2014 han sido asesinadas un total de 42 mujeres y un menor, y 26 niños o niñas han quedado huérfanos/as. Estos datos ponen de manifiesto que es urgente la puesta en marcha de medidas que protejan a estas niñas y niños, que son tan víctimas de la violencia como sus madres.

A raíz del dictamen del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) contra el Gobierno español, se aprueba el anteproyecto de ley de protección a la infancia que prevén llevar al Congreso en diciembre y que modificará, entre otras leyes, el art. 1 de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género para que las niñas y niños que convivan con mujeres víctimas de violencia tengan también la consideración de víctimas y puedan acogerse a protocolos de protección y atención. Las políticas de austeridad y destrucción de lo público están socavando las posibles salidas socio-laborales de las mujeres. Por ello, a nadie debe extrañar que desde el inicio de la crisis se haya ido reduciendo el número de denuncias por violencia de género, o que crezca el número de renuncias a continuar el procedimiento una vez presentada la misma.  Por otra parte, la desatención es evidente cuando se conoce que el 41,1% de las solicitudes de órdenes de protección fueron desestimadas. A todo esto se une la imagen que el Gobierno transmite de las mujeres “como menores de edad”, lo cual está creando un estado  de  opinión  muy desfavorable hacia las mismas y que afecta sobre todo a la población más joven.

Según una reciente encuesta, las y los adolescentes entienden que el lugar de las mujeres es la casa y las decisiones importantes le corresponden al hombre en la pareja. Unos jóvenes entre los cuales parece aumentar la violencia hacia las jóvenes a la par que aparecen, con el uso de las nuevas tecnologías, nuevas formas de ejercerla. Este retroceso es una consecuencia lógica del tratamiento que las mujeres están recibiendo por parte de responsables políticos, como el ex ministro Gallardón, al que el feminismo paró los pies al paralizar su propuesta de Anteproyecto de Ley Orgánica de protección de la vida del concebido y los derechos de la mujer embarazada, y sobre la que aún pesa —y no lo podemos olvidar— la resolución del Tribunal Constitucional.

Por todo ello, desde la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO denunciamos estas políticas discriminatorias que son caldo de cultivo para la violencia contra las mujeres y llamamos a toda la ciudadanía a participar en las distintas movilizaciones que las organizaciones  de  mujeres,  sociales  y  sindicales convoquen para el 25 de noviembre.