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El Congreso de Estados Unidos votó finalmente por elevar el techo de deuda del gobierno federal de EE UU, pero sólo tras amenazar con no hacerlo durante meses y esperar hasta el último momento para hacerlo. De no haberse tomado esta medida, el Tesoro de EE UU tendría que haber recortado un 40% todos los pagos federales esta semana para evitar suspender el pago de una parte de los 8,3 billones de deuda federal mantenida con inversores y gobiernos de todo el mundo. El gobierno de EE UU efectúa 80 millones de pagos al mes, incluyendo los cheques de la pensión estatal de las personas mayores, los sueldos de funcionarios públicos, el apoyo a la renta de los granjeros, etc. El recorte radical de estos pagos o la suspensión de pagos habrían sumido de nuevo a la ya frágil economía de EE UU, y quizás la economía mundial, en una profunda recesión.



El aumento del límite de deuda de EE UU es normalmente un procedimiento rutinario y se ha llevado a cabo más de 40 veces desde 1981 sin suscitar polémica. Después de todo, simplemente autoriza al gobierno de EE UU a pagar las facturas relacionadas con decisiones tomadas por su Congreso en materia de impuestos y gastos. Por desgracia, el Partido Republicano, uno de los dos partidos políticos principales de EE UU, amenazó con provocar el colapso de la economía mundial para hacer progresar su ideología de extrema derecha negándose a elevar el techo de deuda a menos que Obama accediera a adoptar su política de austeridad económica. Lo que es peor, muchos republicanos de derechas insistían, como precio por elevar el techo, en incluir una enmienda en la Constitución de EE UU para exigir un presupuesto equilibrado cada año. Esta política retrógrada haría que cada crisis futura fuera peor, estipulando recortes de gasto cuando se necesita un estímulo económico.



El movimiento sindical de EE UU denunció esta estrategia antidemocrática por lo que es: una extorsión política. Los republicanos, que controlan únicamente una cámara del Congreso, estaban dispuestos a arriesgarse a una catástrofe para ganar. Lamentablemente, el gobierno de Obama cedió durante el fin de semana al chantaje político para garantizar un aumento de dos años del límite de la deuda, aceptando un paquete para reducir el déficit en 3 billones de dólares a lo largo de 10 años. Afortunadamente, el plan no incluye una enmienda de presupuestos equilibrados, solamente la promesa de someter a voto tal enmienda (la cual no se apoyará).



El plan de reducción del déficit adoptado es extremadamente injusto, ya que no ofrece nuevos ingresos fiscales para ayudar a enjugar el déficit presupuestario provocado por recortes fiscales temerarios y guerras en el extranjero emprendidas durante el gobierno de George Bush. A pesar de que el público apoyaba ampliamente el “sacrificio compartido”, los republicanos se negaron a acabar con las lagunas despilfarradoras que existen en el sistema de impuestos sobre sociedades o a pedir a los ricos que contribuyeran ni un centavo más en impuestos como parte del acuerdo. Se negaron incluso a acabar con una norma que permite a los gestores de fondos de cobertura tratar sus salarios como ganancias del capital, permitiéndoles pagar menos impuestos que los/las conserjes y los/las secretarios/as de sus empresas. Obama y los demócratas, que temían una nueva crisis financiera si no se aumentaba el límite, aceptaron a su pesar un plan injusto que sólo recorta el gasto y que afectará fundamentalmente a los programas para los pobres y la clase trabajadora.



Esta terrible situación ha constituido una seria amenaza para los empleos y condiciones de trabajo de millones de trabajadores representados por las afiliadas de UNI en EE UU. Esto se produce en un momento en el que la recuperación de la economía estadounidense ha llegado a un punto muerto y los republicanos han lanzado un ataque intenso contra el movimiento sindical de EE UU. En más de 23 estados se han introducido unas 800 propuestas legislativas para revocar o restringir los derechos laborales de los trabajadores estadounidenses, en particular de los trabajadores del sector público. Los sindicatos y una amplia coalición progresista de EE UU han contraatacado y han ganado muchas de estas batallas. Sin embargo, en algunos estados se han destruido los derechos de negociación de los funcionarios, más particularmente en Wisconsin y Ohio. Pero la lucha continúa en ambos estados.



· En Wisconsin, los trabajadores y sus sindicatos han impulsado elecciones especiales para “retirar” o destituir de su cargo a seis senadores estatales republicanos que votaron a favor de que se despojara a los docentes y funcionarios estatales de sus derechos sindicales. Los partidarios de derechas del gobernador Scott Walker respondieron forzando elecciones para revocar la autoridad de tres demócratas. Por lo tanto, en las próximas dos semanas los votantes acudirán a las urnas en nueve ciudades de Wisconsin. Si los sindicatos tienen éxito, a pesar de la intensa campaña publicitaria financiada por una enorme cantidad de dinero procedente de grupos de interés de otros estados financiados por empresas, el Senado de Wisconsin volverá a los demócratas. Esto impediría otros ataques del gobernador Walker y sentaría las bases para las elecciones de revocación de su autoridad el próximo enero.



· En Ohio, el movimiento sindical recogió 1,1 millones de firmas para celebrar un referendo sobre la legislación en contra de la negociación colectiva aprobada por el cuerpo legislativo de Ohio a principios de año. De acuerdo con la constitución del estado, los ciudadanos pueden solicitar que se celebre un referendo sobre la legislación a la que se oponen si un número suficiente de votantes pide una votación en las siguientes elecciones generales. Los sindicatos recogieron el doble de firmas necesarias para este “veto ciudadano” y se celebrará una votación para derogar la ley en noviembre. Se ha puesto en marcha una verdadera campaña y los sondeos indican que ganará el voto a favor de la derogación de la ley por un margen de dos a uno.



Los sindicatos de EE UU se enfrentan también a otras batallas en el ámbito nacional. Los republicanos se niegan a aprobar los nombramientos de Obama al Consejo Nacional de Relaciones Laborales y amenazan con cortar los fondos del organismo a menos que revoque un fallo en contra de la empresa de aviones Boeing por tomar represalias contra de uno de sus sindicatos por ir a la huelga, trasladando la producción a unas instalaciones sin sindicato de Carolina del Sur.



Además, justo la semana pasada, el Partido Republicano cortó los fondos de la Federal Aviation Authority (Autoridad Federal de Aviación), obligándola a interrumpir la mayoría de sus operaciones (excepto el control de tráfico aéreo). Los republicanos se opusieron a un intento del gobierno de Obama de facilitar la sindicación de los empleados de líneas aéreas. El gobierno había revocado una decisión del gobierno de Reagan de contar injustamente a los empleados sin derecho a voto como “votos en contra” en las elecciones de reconocimiento de sindicatos. Así que, en lugar de respetar el principio democrático de que una mayoría de los que votan debería ser una victoria electoral, el organismo continúa cerrado, lo que ha llevado al despido de decenas de miles de trabajadores que trabajaban en proyectos de construcción en el aeropuerto. Esta situación también le está costando al gobierno millones de dólares ya que las tasas de aeropuerto no se están recaudando.



En un momento de desempleo generalizado en EE UU, con la tasa de paro oficial al 9,2% y la no oficial a más del 16%, el programa de austeridad republicano no tiene ningún sentido. La crisis del empleo (causada por la crisis financiera mundial de 2008) condujo al enorme déficit federal y no al contrario. La reducción presupuestaria en estos momentos es contraproducente; los recortes masivos del gasto en infraestructura y en los programas que ayudan a los trabajadores no sólo aumentarán el desempleo y empeorarán la posición financiera de EE UU a largo plazo. Los trabajadores en paro no pagan impuestos y necesitan la ayuda de programas de redes de seguridad social. En efecto, la pérdida de casi un millón de empleos por parte de funcionarios estatales o locales durante el último año debido a la austeridad estatal ya ha reducido el índice de crecimiento económico a menos del 1,5% este año, lo que sugiere que la economía está recayendo ya en una recesión.



Como UNI Global Union y el movimiento sindical mundial han sostenido durante los dos últimos años, el viraje del G-20 y de la OCDE hacia una austeridad fiscal desde 2010 ha sido insensato. La política ha fracasado completamente en Gran Bretaña y amenaza con destruir la Eurozona con su aplicación en Grecia, Irlanda y Portugal. En un momento en el que Japón también está luchando para recuperarse de dos décadas de deflación y la devastación de los desastres naturales recientes, lo último que la economía mundial necesita en estos momentos es más austeridad. Los dirigentes de todo el mundo han olvidado las lecciones de los años 30 en los que un endurecimiento fiscal prematuro prolongó la Gran Depresión.



Una vez se recupere el empleo, cualquier medida a largo plazo para conseguir un “saneamiento presupuestario” se debería tomar con equidad. Los banqueros descontrolados, cuyo juego especulativo provocó la crisis financiera mundial, deben pagar lo que les corresponde para ayudar a estimular la recuperación. Unos mayores ingresos fiscales, y no sólo el recorte de gastos, deben ser parte de la respuesta. Un primer paso fundamental para lograr esta equidad y aumentar los ingresos sería la introducción de una tasa sobre las transacciones financieras internacionales. La tasa podría financiar la inversión pública y la creación de empleo a corto plazo y la reducción del déficit a largo plazo, y al mismo tiempo poner freno a una vuelta al capitalismo especulativo destructivo.



UNI pide al gobierno de EE UU y a todos los demás gobiernos que se centren en la crisis más urgente, la del empleo. Se necesitan una enorme inversión pública y programas de creación de empleo inmediatamente. El crecimiento económico y el aumento de los salarios conseguidos por trabajadores con derechos de negociación colectiva son fundamentales para devolver el equilibrio a las finanzas públicas, no una austeridad imprudente.