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La Alianza UNI Telefónica manifestó en la reunión realizada en Santiago de Chile, Chile, entre los días 18 y 19 de enero, su gran preocupación por la situación que se está desarrollando en Argentina.

El presidente de la República Argentina, Mauricio Macri, mediante uno de los tantos decretos de “necesidad de urgencia” firmados a poco más de un mes de su asunción, dejó sin efecto la Ley Argentina Digital y modificó la Ley de Medios, que posibilitaban el acceso a la información a todas y todos los ciudadanos argentinos.

En ese sentido, la Alianza UNI Telefónica manifestó que ésta y otras medidas, que priorizan los intereses de los grupos mediáticos monopólicos sobre los del pueblo, son un atropello y atentan contra derechos humanos inalienables como lo son el Derecho a la Información y a la Libertad de Expresión.

Asimismo, agregaron que el acceso a la información y la pluralidad de voces en un gobierno democrático deben ser garantizados para la construcción de una sociedad civil más igualitaria y defensora de los derechos humanos. La Alianza manifestó su preocupación por la detención de Milagro Sala, diputada del Parlasur.

 Recientemente, a través de una herramienta administrativa llamada Decreto de Necesidad y Urgencia, el presidente Mauricio Macri dejó sin efecto la Ley 27.078, Ley Argentina Digital, y modificó la Ley 26.522 llamada Ley de Medios. El presidente dispuso la disolución tanto de la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC) como de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA). Debe comprenderse que las dos leyes afectadas fueron votadas por una mayoría parlamentaria, luego de extensos debates que reflejaron el amplio consenso alcanzado en la sociedad Argentina.

Específicamente, la Ley Argentina Digital tiene como objeto posibilitar el acceso de todos los habitantes de la República Argentina a los servicios de la información y las comunicaciones, en condiciones sociales y geográficas equitativas, con los más altos parámetros de calidad. Excluye cualquier tipo de regulación de los contenidos, cualquiera fuere su medio de transmisión.

Asimismo, garantiza el desarrollo de las economías regionales, procurando el fortalecimiento de los actores locales existentes, tales como cooperativas, entidades sin fines de lucro y pymes (pequeñas y medianas empresas), tendiendo a la participación de nuevos actores, que en forma individual o colectiva garanticen la prestación de los Servicios de TIC. Son este tipo de empresas las que mayor cantidad de empleos generan en la actividad. 

Comprendemos que las modificaciones sobre las leyes en cuestión apuntan a controlar las decisiones regulatorias y de aplicación de la normativa en los sectores audiovisuales y de telecomunicaciones, en favor de una mayor concentración de la actividad en determinados  grupos empresarios de mayor peso económico en la actividad.

Mediante este acto el gobierno atenta contra la independencia de los órganos de control de las leyes de servicios audiovisuales y de telecomunicaciones, creando en reemplazo un ente único, el ENaCom compuesto por cuatro representantes por el Poder Ejecutivo y tres por el Congreso –primera, segunda y tercera minoría–. O sea, cinco directores del oficialismo y dos de la oposición. Con el agregado de que cualquiera de ellos puede ser removido por el Ejecutivo “en forma directa y sin expresión de causa”, según indica el decreto.

Otra consecuencia de este decreto, más específicamente sobre los servicios de Televisión por cable y la convergencia de los TIC: ya no hay límites de concentración, no hay obligación de emitir una señal propia, ni de pasar las señales locales de TV. Se terminan las disposiciones que obligaban a los cableros a incluir las señales producidas por otros y se crean así las condiciones para que, desde un nodo central, se emita un paquete de señales propio. Se avasalla el pluralismo de voces, la diversidad, los contenidos locales, regionales, informativos, de la universidad local, de ficción propia e independiente. El único ordenador será el “dios mercado”.

El decreto 267 derogó la limitación a la transferencia de licencias para quienes las detentan con fines comerciales, mientras que las cooperativas y otros prestadores sin fines de lucro fueron excluidos de este cambio. Terreno fértil para que los actores que ya ostentan posiciones dominantes en el mercado puedan aumentar su escala, liberados además de las incompatibilidades que imponía la LSCA (ley de Servicios de Comunicación Audiovisual).

Los licenciatarios comerciales también tendrán la posibilidad de abrir hasta el 45 por ciento de su capital a la capitalización bursátil. En esta línea, el cablero grande, la TV por satélite o las telefónicas en un par de años,  “se llevan puesto” al pequeño o mediano cable, lo devoran. La estimación de cantidad de fuentes de trabajo involucradas y en riesgo de pérdida sin duda son muchas.

La habilitación de las transferencias va de la mano con el reinicio automático de licencias desde 2016 y la primera prórroga automática a los diez años por cinco más, un mecanismo que vulnera las más básicas garantías de pluralismo en el acceso al debate público. En este punto cabe recordar que los artículos 41 y 45 de la LSCA  derogados, que regulaban las cuestiones vinculadas a la transferencia y los límites a la multiplicidad de licencias, fueron declarados constitucionales por la Corte Suprema ante los reclamos en contra presentados por los licenciatarios concentrados.

Párrafo aparte corresponde dedicar a la situación de las empresas telefónicas. Podrán empezar a prestar servicios de radiodifusión el 1º de enero de 2018, salvo que ENaCom disponga que haya un año más de espera. En cambio, no hay límites para los multimedios, ya que el decreto prevé que las licencias de radiodifusión se transformen en licencias de servicios TIC “Argentina Digital” y les permite prestar telefonía y datos ya, sin necesidad de pedir otra licencia ad hoc. En sentido contrario, las empresas que prestan servicios de TV por satélite no pueden dar servicios TIC.  Claramente se busca facilitar el desarrollo de algunos de los actores relegando a otros y con ello afectando niveles de inversión y empleo.

Como dijimos al inicio, la legalidad exige que las reglas que prevén restricciones a cualquier derecho –y este es el caso– se discutan en el ámbito propio del sistema republicano: el Congreso Nacional, con participación de mayorías y minorías. El decreto 267 también nos privó de esa garantía elemental.

En conclusión, como Alianza Sindical UNI Telefónica venimos a este encuentro regional para expresar nuestra preocupación sobre lo que está ocurriendo en la República Argentina: un gobierno electo democráticamente está asumiendo conductas que sólo las dictaduras político-militares han encarnado en el pasado.

Entendemos esto como un fraude a la voluntad popular, que será rechazado por la mayoría de los ciudadanos e instituciones, ya que se está violentando lo construido por la sociedad argentina.

Creemos que el  Poder Ejecutivo, a través de los DNU, lesiona gravemente el derecho humano a la comunicación y al ejercicio pleno de la libertad de expresión de cada uno de los habitantes de nuestro país al limitar el acceso a los medios técnicos, físicos y normativos que representan los servicios y herramientas de comunicación. Es decir, actúa en beneficio de una mayor concentración de medios de comunicación en detrimento de las mayorías populares.

La Alianza Sindical UNI Telefónica aprovecha para expresar su preocupación por la creciente represión a los conflictos sociales en Argentina y por la detención arbitraria de dirigentes sociales como la dirigente del Parlasur, Milagro Sala.