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Todos los panameños son testigos de la dramática situación por la que están pasando los trabajadores de la seguridad privada en el país: Los están asesinando en sus puestos de trabajo. Pareciera que al firmar su contrato de trabajo al mismo tiempo están firmando su sentencia de muerte. En los últimos 18 meses, más de 29 guardias de seguridad han muerto mientras cumplían con su jornada laboral.



La seguridad privada se ha transformado en una industria tremendamente lucrativa en todo el mundo y en Panamá ha ido alcanzando un auge impresionante, en mucho, debido a la creciente inseguridad reinante en el país, ante la cual el Estado se ha mostrado absolutamente incapaz. El negocio de resguardar vidas y bienes ha pasado a ser uno en el cual se invierte poco y se saca mucho, pues los salarios de los trabajadores son de los más bajos en el mercado laboral. Las condiciones de trabajo, en términos de capacitación, implementos y seguridad física son extremadamente precarias. Muchos propietarios de “agencias de seguridad” poco interés muestran por los trabajadores. La protección social es prácticamente nula.



A pesar de las múltiples denuncias de los dirigentes de las organizaciones sindicales del ramo, al final, todo queda en la nada, porque en la actualidad no existe una Ley que regule el servicio de la seguridad privada en Panamá; solamente hay dos Decretos cuyos contenidos no están a la altura de las circunstancias que hoy vive el país en materia de seguridad ciudadana, o mejor dicho, inseguridad ciudadana.

Hasta el mes de mayo de 2009 se contabilizaban 140 empresas de seguridad privada registradas ante el Ministerio de Gobierno y Justicia, el 98% de las cuales no cumplen con las disposiciones legales que, aún cuando obsoletas, están vigentes. En ese contexto, las estadísticas muestran que desde el año 2000, a la fecha, han muerto 106 guardias de seguridad víctimas de homicidios, en la mayoría de los casos, para robarles el arma de fuego. Además, ha habido decenas de heridos y trabajadores que han quedado lisiados para toda su vida. El luto y dolor se han ido acrecentando en los hogares de los trabajadores de la seguridad privada. Y como quiera que muchas de las empresas descuentan la cuota del Seguro Social y no la reportan a la entidad estatal correspondiente, las familias de los asesinados quedan en total desamparo.



La realidad de los trabajadores de seguridad privada en Panamá muestra que, en promedio, les están robando de 2 a 3 armas por semana, y estas armas van a parar a manos de la delincuencia común, aumentando así la violencia en el país. El promedio anual de armas sustraídas a los guardias de seguridad privada alcanza la cifra de 144. Entre los años 2000 y 2009, alrededor de 1,296 armas han pasado de unas manos a otras. En lo que va del 2010, a los agentes de seguridad privada, en todo el territorio nacional, les han sustraído violentamente alrededor de 25 armas, y muchas de ellas no han sido recuperadas por la Policía Nacional. En múltiples casos, las empresas no reportan el hurto porque las armas no son legales. De forma inaudita, las empresas obligan a los trabajadores a pagar B/700.00 por cada una de ellas.





UNI americas se une a las voces que exigen al Gobierno Nacional la discusión y aprobación de una Ley que regule la industria de la seguridad privada en Panamá, que garantice una mejoría significativa de las condiciones en que los trabajadores se ven obligados a laborar, de modo que, insistimos, la firma de sus respectivos contratos de trabajo no signifique firmar su sentencia de muerte.



Mayor información contactar a alberto.barrow@uniglobalunion.org