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Confederación Sindical Internacional: Declaración sobre el Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica (TPP)

“Es hora de que se adopte un nuevo marco comercial que marque una diferencia positiva en las vidas de los trabajadores/as. No podemos permitirnos un nuevo acuerdo comercial que privilegie considerables nuevas oportunidades para los inversores por encima de buenos empleos para los trabajadores y trabajadoras”.

- Declaración Sindical sobre las negociaciones en torno al TPP,

15 de marzo de 2010

El Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica (TPP por sus siglas en inglés) firmado hoy, 4 de febrero, socava la sostenibilidad y la justicia social, reduce el poder del movimiento sindical y de las comunidades, e incrementa el poder de las corporaciones.

El interés nacional debe volver a ser el interés de los ciudadanos

El TPP está promovido por las grandes empresas con objeto de institucionalizar el poder económico del 1% de la población y reforzarlo mediante instrumentos legales. Este acuerdo tiene muy poco que ver con el comercio real y el crecimiento económico, y lo que pretende es reducir el espacio político, la disciplina legal y normativa, y remodelar la gobernanza. Los Gobiernos aceptan promover el nuevo programa para el comercio y la inversión esencialmente porque en la percepción de los responsables políticos el interés nacional se define como el interés de sus actores económicos más fuertes. Esto tiene enormes repercusiones adversas para la democracia y el desarrollo.

El TPP ha sido negociado en secreto, lejos del escrutinio de la opinión pública, los Parlamentos y las autoridades judiciales. De tanto en tanto, se invitó a representantes sindicales, empresariales y de la sociedad civil a contribuir a los debates durante las rondas de negociación, creando así la ilusión de inclusión. A juzgar por el texto del TPP que ha sido publicado, está claro que aunque la sociedad civil, los sindicatos y las pequeñas empresas hayan podido hacer oír su voz, realmente sólo se ha escuchado a las grandes empresas. De hecho, las grandes corporaciones desempeñaron un papel clave a la hora de definir el programa y los objetivos de las negociaciones, ejerciendo presiones sobre los Gobiernos desde las etapas iniciales.

Los Gobiernos mantuvieron las negociaciones del TPP a ciegas, pese a que los estudios de impacto que encargaron todos ellos mostraban unas ventajas ínfimas. A diferencia de estas evaluaciones, un estudio de la Tufts University, que no fue encomendado por ningún Gobierno y utiliza modelos económicos e hipótesis más realistas, encontró que los ingresos de los trabajadores se verían reducidos. El estudio mostró además que se perderían 771.000 puestos de trabajo en los países del TPP, además de constatar otras repercusiones adversas sobre los pequeños productores, las PyME, los trabajadores y trabajadoras y el medio ambiente. El TPP desembocaría además en pérdidas del PIB y el empleo en otros países no firmantes del TPP. En gran medida, esas pérdidas en el PIB (3,77 por ciento) y el empleo (879.000) entre los países desarrollados que no forman parte del TPP corresponderán a Europa, mientras que las pérdidas entre los países en desarrollo en el PIB (5,24 por ciento) y el empleo (4,45 millones) reflejan las previsiones en China y la India.

El TPP socava la democracia

El TPP establece mecanismos nacionales de Coherencia Regulatoria y la cooperación internacional entre ellos. Mediante dichos mecanismos los Gobiernos deberán responder a las empresas y defender las regulaciones previstas basándose en evaluaciones de impacto limitadas a considerar costos y beneficios y el impacto sobre el comercio. Esto conduciría a un proceso despolitizado de establecimiento de medidas regulatorias, que excluye objetivos y valores sociales y medioambientales. La obligación del Estado de regular a fin de proteger y promover los derechos sociales y el medio ambiente, a la que se hace referencia en el TPP como “el derecho de las Partes a regular para alcanzar objetivos legítimos”, se verá recortada y quedará sometida a los intereses del mercado.

Además, el TPP consolida y amplía la posibilidad de que las empresas demanden a los Gobiernos para oponerse a una regulación, o incluso a decisiones adoptadas en tribunales nacionales, como parte de un proceso denominado “Solución de Controversias Inversor-Estado”. Aunque se propusieron algunas mejoras marginales para abordar las deficiencias legales documentadas de los tribunales, ninguna de ellas resuelve la multitud de fallos de este sistema de arbitraje totalmente carente de transparencia, rendición de cuentas e independencia. La principal preocupación persiste: la creación de un sistema jurídico privado reservado a los inversores extranjeros.

Las empresas no deberían poder intervenir en la redacción de las leyes y regulaciones de los Estados soberanos. En una democracia, esa responsabilidad corresponde a los representantes debidamente elegidos y designados. Porque las leyes y regulaciones responden a objetivos públicos, se crean en procesos inherentemente políticos. Las empresas no deberían poder cuestionar las leyes y regulaciones de los Estados soberanos en otros tribunales que los de dichos Estados soberanos. Los Estados soberanos podrían establecer una cooperación bilateral para la solución amistosa de disputas sobre inversión, en lugar de aceptar instrumentos legales que les priven de la soberanía, permitiendo a los inversores ejercer un chantaje respecto a las medidas adoptadas.

Aunque pretende garantizar los derechos sociales, el TPP en realidad los perjudica

Al tiempo que se concede a los inversores extranjeros el derecho a recurrir a tribunales establecidos en base al Mecanismo de Solución de Controversias Inversor-Estado para oponerse al salario mínimo, la sanidad pública y normas medioambientales que incrementarían sus costos, los trabajadores y las comunidades quedan desprovistas de instrumentos legales diseñados para darles siquiera una mera ilusión de justicia. Las disputas relativas a una aplicación ineficaz de las normas laborales y medioambientales serán iniciadas por actores estatales, no por las propias partes afectadas directamente. La experiencia con otros acuerdos comerciales demuestra que este tipo de instrumentos, cuando existen, no se utilizan por considerarlos demasiado costosos políticamente. Únicamente ha habido una disputa laboral remitida a instrumentos comerciales similares a los establecidos por el TPP. El caso lleva casi ocho años en trámite, sin que haya dado lugar a ninguna resolución ni a mejoras en las condiciones de los trabajadores. Estos instrumentos han demostrado ser demasiado débiles para abordar la magnitud de los desafíos a que se enfrentan la mano de obra global y el medio ambiente.

El TPP pone en peligro la sanidad y los servicios públicos

El TPP aporta una protección excesiva a los derechos de propiedad intelectual respecto a los medicamentos y las especies vegetales y animales. El precio de los fármacos es susceptible de aumentar, y los países que cubran los costos de las medicinas se verán obligados a recortar su cobertura, aumentar los impuestos, o incurrir en un endeudamiento para poder controlar la escalada de los costos de medicamentos. Una excesiva protección de las patentes podría incrementar la deuda pública, creando unas condiciones favorables para que el sector privado defienda una mayor privatización y austeridad. Al mismo tiempo, no hay garantías de que una amplia protección de los derechos de propiedad intelectual conduzca a una mayor innovación, debido a que muchas empresas farmacéuticas han desplazado los recursos dedicados a Investigación y Desarrollo para destinarlos a la protección legal de las patentes. El acceso a medicamentos asequibles y la capacidad de los Gobiernos para decidir qué fármacos subsidian es un componente importante de una cobertura sanitaria universal. El TPP amenaza la sanidad en tanto que derecho humano, situando los beneficios por encima de los pacientes y la salud pública.

El TPP abrirá los mercados de los servicios públicos a contratistas privados, limitando la capacidad de los Gobiernos para recurrir a la contratación pública para el logro de objetivos económicos y sociales. Autoridades y comunidades locales en el mundo enero han venido insistiendo en que los servicios públicos vuelvan a manos de las municipalidades, tras la primera ola de privatización, debido a que la calidad de los servicios y el acceso a los mismos se han deteriorado. Estas decisiones deberían estar en manos de los ciudadanos, y no de las normas vinculantes de un acuerdo comercial en el que las comunidades implicadas no han tenido voz alguna.  

El TPP promueve la prosperidad económica para unos pocos y costos de ajuste intolerables para el resto

Un resultado directo de la apertura de mercados es la creación de economías de escala en las que las compañías de cierta escala salen beneficiadas mientras que los pequeños productores y proveedores, así como sus trabajadores/as, se ven obligados a compensar los costos, pasar a la informalidad o abandonar el mercado. Es este contexto, las grandes empresas recurren a su mayor poder para elevar los precios del producto final que pagan los consumidores, reduciendo los márgenes de beneficios de los pequeños productores y los salarios de los trabajadores y trabajadoras a lo largo de toda la cadena de suministro.

Donde más claramente queda demostrada la tendencia a la expansión y consolidación del poder de mercado es en los servicios financieros. La consolidación de los mercados ha desembocado en la creación de enormes instituciones financieras “demasiado grandes para quebrar”. La desregulación de los mercados financieros y la apertura de los mercados de servicios financieros que tendrá lugar a través del TPP no harán sino exacerbar las causas de la crisis financiera de 2008, que todavía no se han abordado eficazmente.

El movimiento sindical internacional se opone al TPP porque da prioridad a los intereses corporativos por encima de los de las personas y del planeta.