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El Tribunal Superior de Colombia mandó un claro mensaje a Prosegur en Colombia: la empresa tiene que respetar las órdenes judiciales.

En diciembre de 2010, Prosegur pagó un bono de U$S 2.000 a trabajadores que salieron del sindicato y firmaron un Pacto Colectivo, un contrato para empleados no sindicalizados, y en 2013 volvió a pagar a esos trabajadores otro bono de U$S 1.000, violando el derecho de igualdad de los trabajadores sindicalizados.

La empresa fue obligada por la Justicia a otorgar los mismos derechos y beneficios a los trabajadores sindicalizados, pero no pagó los dos bonos y por lo tanto, sus responsables legales recibieron órdenes de arresto.

Prosegur apeló la orden de arresto contra Alejandro Agudelo, el responsable legal de la empresa en Colombia, diciendo que su gerente nunca recibió la misma personalmente.

Los tres jueces colombianos de la Corte Suprema rechazaron el argumento de la empresa, citando un informe que Prosegur distribuyó en todas las sucursales del país, donde reconoce que recibió la decisión judicial. En el texto, Prosegur informó lo siguiente:

“El día de hoy, 24 de junio de 2014, esta Compañía fue notificada acerca de la decisión adoptada por la Juez 37 Penal Municipal con Funciones de Conocimiento (…) por el supuesto incumplimiento en el pago de un bono de 4 millones de pesos”.

Segunda orden de arresto en 2015

La orden de arresto del Tribunal Superior es la segunda emitida por la justicia colombiana contra el responsable de Prosegur en Colombia. En marzo, la Policía Metropolitana de Bogotá realizó una búsqueda por Alejandro Agudelo durante 13 días por no cumplir con una orden judicial para reintegrar una trabajadora sindicalizada despedida.

“Prosegur tiene que cumplir con las órdenes de la justicia. La empresa no está por encima de la ley”, dijo Adriana Rosenzvaig Secretaria Regional de UNI Américas.