FSB y FMI no deben permitir que Argentina sea presa de los buitres

Publicado: 9 Julio 2014
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19 de junio de 2014 – UNI Global Union advierte que la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos de respaldar a los fondos buitres exigiendo a Argentina un reembolso de $ 1,3 mil millones es peligrosa para la economía mundial y podría volcarnos en una nueva y perjudicial ronda de inestabilidad financiera mundial.

El Fondo Monetario Internacional y el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB por sus siglas inglesas) no deben permitir que estos fondos buitres actúen con impunidad. Estos fondos habitan el mundo financiero sumergido donde se hace a un lado la cohesión económica y la prosperidad generales en los intereses del 1%.

Adriana Rosenzvaig, Secretaria Regional de UNI Américas dice que el FMI ha salido diciendo que estaba preocupado por la decisión del Tribunal Supremo no sólo con respecto a Argentina, sino también a otros países concernidos por la deuda soberana. Afirmamos que esto no es suficiente, que necesitamos lo más rápidamente posible una respuesta del FMI a esta afrenta. Argentina ha seguido el consejo del FMI reestructurando su deuda por más de una década, ahora se la está echando a los fondos buitres.

 

Philip Jennings, Secretario General de UNI Global Union, dijo: "Una vez más vemos el ejercicio del poder financiero en los intereses de una minoría rica cuyo objetivo es extraer y no crear valor económico. Es importante que los sindicatos, las ONG y la gente responda con un rechazo de esta estratagema  legal que promete quebrantar al pueblo argentino y propagar nuevas oleadas de incertidumbre financiera en todo el mundo. Esto es un atraco cometido por los intransigentes que están reclamando su libra de carne. "

La Corte Suprema de Estados Unidos se ha negado a examinar el recurso de Argentina en el litigio entablado contra ella por dos fondos buitre, NML Capital (Elliot Management) y Aurelius Capital, que le exigen $ 1.3mil millones.

Si Argentina paga a los fondos buitres en la forma en que se le exige, esto sería abrir la puerta  a demandas legales de alrededor de $ 15 mil millones adeudados a otros acreedores que se resisten. También significaría que podría ser legalmente impugnada por el 93% de los tenedores de bonos que reestructuraron la deuda.

Los próximos pagos deben abonarse el 30 de junio.