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El casino flotante de la Ciudad de Buenos Aires atravesó durante varios meses, hasta enero pasado, una crisis profundizada por las decisiones de un grupo minoritario de ex delegados (cuyos mandatos ya vencieron y actualmente están desvinculados de la actividad), que se oponían a la conducción del Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar de la República Argentina (ALEARA), representante de la mayoría de los empleados.



El accionar de este grupo hizo incluso que se viera reducido el número de empleados que podían cumplir funciones en las salas de juego, y que el ingreso de trabajadores y apostadores estuviera dificultado, debiendo realizarse por vía fluvial, y no a través de los medios de locomoción usuales. Pero finalmente la situación se normalizó totalmente en enero pasado, con la afluencia habitual de empleados y de público y también con la desvinculación del grupo de ex delegados, quienes cesaron en sus funciones y no tienen nada que ver ni con el Sindicato ALEARA ni con el Casino.



Los hechos se remontan al 9 de noviembre pasado, cuando en medio de una asamblea motorizada por estos delegados (en aquel momento en funciones), dentro de los barcos-casino se produjo una pelea con una "patota" no identificada y hubo empleados que destrozaron y saquearon las instalaciones, causando severos daños materiales, por lo que la Justicia Federal inició una causa contra 69 empleados, posteriormente despedidos por la empresa.



Días después, cuando las salas de juego fueron reabiertas, los delegados enfrentados a la conducción gremial, plantearon una medida de fuerza por tiempo indeterminado, ante la sorpresa y desaprobación de ALEARA, que culminó en un enfrentamiento con miembros de la Prefectura Naval (que actúa en esta zona de la ciudad), uno de los cuales recibió un impacto de piedra en la cabeza por el que se encuentra internado en terapia intensiva.



Ante estos hechos el Ministerio de Trabajo de la Nación dispuso la intervención y dictó una conciliación obligatoria, por la que no se podían disponer más despidos, vencida el 12 de diciembre, día en el que se reabriría el casino, reingresando a sus tareas los mas de 2000 empleados que allí se desempeñan, a excepción de los 69 con causas judiciales abiertas por los destrozos de noviembre.



Pero los delegados, acompañados por partidos políticos de izquierda y militantes de organizaciones piqueteras, totalmente ajenas a la actividad, se apostaron a las puertas del casino, impidiendo la entrada de aquellos que querían ingresar a cumplir sus funciones. El Sindicato, por su parte, hizo numerosos llamados a la concordia y solicitó a los trabajadores entrar a sus respectivos puestos, y así preservar la paz social ante el agravamiento del conflicto.



Temiendo más incidentes, la Justicia Federal dispuso la clausura del casino, levantada casi un mes después, el 10 de enero de 2008, cuando ordenó a la Prefectura Naval que montara un operativo para permitir el ingreso de los empleados a las salas y mantener fuera de las instalaciones a los manifestantes, a una distancia prudencial.



No obstante, grupos de ex empleados, seis delegados suspendidos en sus funciones por la Justicia Laboral y manifestantes de organizaciones políticas se presentaron en las inmediaciones del casino y agredieron con piedras y golpes a las camionetas y a los micros de uso exclusivo de los empleados (acordado por convenio) que transportaban a los trabajadores que querían ingresar a realizar sus tareas, incidentes que dejaron seis heridos entre los trabajadores y un detenido entre los manifestantes.

A pesar del ataque, los trabajadores pudieron ingresar, disponiéndose otra alternativa de entrada al casino, a través de catamaranes que los acercaban desde la costanera del vecino barrio de La Boca. Este grupo minoritario de ex empleados, apoyado por militantes de diversos partidos políticos y organizaciones sociales de la oposición , se mantuvieron unas semanas más ubicados en las inmediaciones del casino, realizando un piquete, para tratar de dificultar la entrada de empleados y apostadores. Pero finalmente, se alejaron del lugar cuando su protesta no tuvo más consenso ni apoyo y hoy en día la situación es normal.